Las pérdidas de Enap en 2008 por US$ 958 millones llevaron a muchos a concluir, inmediatamente, que la alternativa es venderla porque los privados lo harían mejor. Si bien privatizar esta empresa podría ser una buena medida por razones de eficiencia económica y vale la pena discutir la posibilidad, primero deberíamos preguntarnos si no estamos poniendo la carreta delante de los bueyes.

Por ejemplo, si usted quisiera vender una camioneta usada, algo sucia e incómoda, que ya casi no usa, ¿llega y la vende? ¿O primero la limpia, le hace algunos arreglos y después busca compradores? Tal vez, una vez limpia y arreglada cambie de opinión y ya no quiera venderla. Si aún opta por hacerlo, ¿lo haría a su vecino imprudente e irresponsable que podría fácilmente chocarle su casa o atropellar a sus hijos? Probablemente no.

Además, como sociedad, quisiéramos tener algún tipo de regulación que impida usar la camioneta si no tiene luces o contamina mucho. Si vamos a vender una empresa que es de todos los chilenos debiéramos hacer lo mismo que con el vehículo: venderla a buen precio, resguardando su buen uso posterior. Lo contrario es ideología pura.

Lo primero, entonces, es analizar la estructura corporativa de Enap junto a sus objetivos reales por sobre los formales. ¿Tienen claro sus ejecutivos que el objetivo de la empresa es maximizar utilidades? ¿Lo mismo el gobierno o los legisladores? ¿Es su gobierno corporativo el adecuado para perseguir ese objetivo? ¿Se invirtieron los recursos necesarios para que opere eficientemente? Creemos que la respuesta a todas estas preguntas es un no rotundo.

En la realidad, Enap tiene varios objetivos, incluso, algunos, socialmente cuestionables. Pero ni su estructura corporativa, ni los objetivos de corto plazo impuestos desde el propio gobierno, ni cómo Hacienda maneja financieramente la empresa apuntan en la dirección correcta. Es difícil evaluar la privatización de la empresa petrolera si no sabemos cuánto puede rendir si fuera operada bajo el criterio de empresa privada. Arreglemos la camioneta primero, dotándola de un gobierno corporativo y objetivos claros que sean consistentes con la maximización de utilidades.

Lo segundo, una vez arreglada la camioneta, es evaluar si la empresa debe ser vendida, comparando su operación eficiente y blindada de comportamientos contrarios a ese objetivo, con la operación del mercado privatizado. Definitivamente la industria del petróleo y sus derivados tiene muy pocos actores, algunos de los cuales tienen un alto poder de mercado que, si se ejerce, generaría un daño al bienestar de la sociedad.

Una eventual privatización de la petrolera estatal requiere diseñar un marco regulatorio y una licitación de la empresa que se haga cargo de las potenciales prácticas anticompetitivas que podrían darse con la empresa en manos privadas. ¿O queremos que la camioneta ande sin luces y contamine? Esto requiere considerar quién puede participar y quién no en la licitación. ¿O queremos correr el riesgo de que la camioneta atropelle a nuestros hijos? Esta prevención fue la que tomó, por ejemplo, la Corte Suprema al excluir de la licitación del 3G a las empresas de telecomunicaciones dominantes y así facilitar la entrada de nuevos operadores que podrían inyectar más competencia a esa industria.

Medidas como la descrita son posibles de implementar, eficientes para la sociedad y deben ser estudiadas cuidadosamente antes de la enajenación de los activos. Después es muy difícil revertir una mala decisión con los hechos ya consumados.