Rector de la Unab: "La gratuidad es una política pública que discrimina"

José Rodríguez afirmó que "no estamos dispuestos a sacrificar calidad por financiamiento".

José Rodríguez fue rector de la U. Federico Santa María y actualmente está al frente de la U. Andrés Bello, uno de los planteles con mayor matrícula en Chile, con cerca de 40 mil alumnos. Un hecho que le permite tener la experiencia de dos mundos: el de las universidades del Consejo de Rectores (Cruch) y el de los planteles privados creados después de 1981. Desde esa visión plantea a La Tercera que comenzar la gratuidad en una glosa presupuestaria dejó un “precedente nefasto”. Además, advierte que con los cambios que se impulsan en educación se está  buscando terminar con la autonomía de las instituciones. 

¿Qué le parece que la Presidenta haya adelantado la gratuidad?

Creo que adelantar el inicio de la gratuidad al 2016 fue una medida innecesaria y equivocada por parte del gobierno. El resultado de esta decisión fue finalmente sacar una política basada en la “billetera fiscal”. Mi temor es que con esto terminemos por discutir un tema tan importante para miles de familias y para el desarrollo del país en una glosa presupuestaria que se presente año a año. 

¿Cree que se dejó un precedente?

El precedente que se generó es nefasto y lamentablemente no será puntual. Dudo que para fines de 2016 tengamos aprobada una Ley de Educación Superior. Además, con la aprobación de la glosa de gratuidad se estableció un piso. ¿Puede el 2017 volverse atrás si el país llega a la conclusión de que las bases para la gratuidad deben ser otras? Por supuesto que no.

¿Qué piensa de las exigencias que estableció el gobierno?

Las restricciones y criterios dispares para acceder a la gratuidad se traducen en una arbitrariedad y discriminación abierta y avalada por la autoridad. Se entienden las restricciones presupuestarias (los recursos son limitados), pero la lógica indica que si como país hacemos un esfuerzo para generar un beneficio social, debemos dirigirlo a quienes más lo necesitan. 

¿Qué piensa de que se comience por el Cruch en el caso de las Ues?

¿Entiende alguien sensato que un grupo de instituciones que no supera el 30% de la matrícula sea finalmente la que decide el futuro de este tipo de políticas? La forma de hacer elegible a las instituciones afecta a miles de estudiantes más vulnerables, discriminándolos a ellos y a las entidades donde estudian. La diferencia de criterios es impresentable. Es una política pública que discrimina, lo que va incluso en contra de los propios principios inspiradores que el gobierno planteó para la reforma a la educación superior, entre los cuales está la inclusión y no discriminación arbitraria. 

¿Se justifica que a las Ues del Estado no se les exija cuatro años de acreditación como a las demás?

No veo una justificación coherente y creo que nadie hoy puede justificarlo. Se debe exigir calidad a todos por igual y no hipotecar el futuro de alumnos vulnerables, simplemente porque los motivamos a entrar a instituciones que nos agradaban, pero que no cumplían con los requisitos que sí le exigimos al resto. Creo efectivamente que el Estado debe preocuparse de sus instituciones. El problema es que detrás de esa legítima visión está intentándose esconder una intención de imponer un modelo único de universidad. 

¿Por qué?

Se está buscando terminar con la autonomía, la diversidad y finalmente se atenta contra la calidad de los proyectos educativos. Aquí, por lo que hemos visto, lo que se está buscando es mantener la participación privada sólo por conveniencia de imagen, pero bajo una concepción ideológica y de gestión estatal que sólo conducirá al sistema a una menor calidad y menor diversidad.

¿Qué espera del proyecto de reforma a la educación superior? 

Que no se discrimine a los jóvenes que son parte de las instituciones privadas; que mejore y no empeore la calidad; que genere oportunidades para elevar nuestros niveles de educación terciaria y aumente la movilidad social; que establezca una institucionalidad sólida y una regulación acorde al tiempo en que vivimos. 

¿Y sobre el financiamiento? 

Soy un firme convencido que el financiamiento debe dirigirse a los estudiantes, no a las instituciones. Son ellos quienes deben tener la libertad de elegir lo que les parece más adecuado. Aquí lo que se hace es subestimar a los jóvenes, a las familias, creer que no son capaces de decidir la mejor opción para su futuro. Existe la visión de imponer modelos que, según quienes los pregonan, son los mejores y quitar libertad para que nuestros jóvenes sean los que elijan. Hay que tener mucho cuidado con caer en el error de hacer una política en educación superior sobre la base de lo que te diga y lo que hoy se mal interpreta como “la calle”. Hay que escuchar, analizar, recoger opiniones y debatir.  

¿Cómo afecta a la Unab no ingresar a la gratuidad en 2016?

Cerca del 40% del total de alumnos que ingresan a nuestra institución está dentro de los cinco primeros deciles, por lo que como universidad hemos fortalecido nuestra política de becas para poder apoyarlos y evitar que por problemas financieros, un joven con méritos quede fuera del sistema. Quiero recalcar que la arbitrariedad de los criterios y la discriminación que se hace a las universidades privadas es inexplicable. Yo lo he dicho en más de una oportunidad: hoy el análisis que hace la UNAB no es financiero, sino sobre los principios que la inspiran. No queremos que nuestros alumnos se vean perjudicados. Queremos apoyarlos y creemos que el Estado debe dejar de discriminarlos. Eso es lo que hemos defendido y lo que hemos dicho.  No estamos dispuestos a sacrificar calidad por financiamiento. 

Se ha cuestionado que, si bien la Unab es una institución sin fines de lucro, pertenece al grupo Laureate que si persigue un fin comercial. En tal sentido ¿usted cree que es posible combinar lucro y calidad en la educación?

En Chile la ley es clara y no hay margen de interpretación. Las universidades son corporaciones, por lo que no tienen fines de lucro. Eso se cumple, por lo que discutir lo anterior creo que no lleva a ninguna parte. Otra cosa es que quienes se relacionen con la universidad lo tengan y ello, a mi juicio, no debiese ser problema en la medida que la universidad actúe de forma responsable, apegada a su proyecto educativo y cumpliendo la ley vigente. Laureate, por lo demás, es una red de instituciones de educación superior, integrada por más de 80 entidades en el mundo, lo que para nosotros es un importante soporte como universidad, sobre todo en materia de internacionalización e incorporación de herramientas de gestión de clase mundial, por lo que no he visto y ni creo exista inconveniente con ello. Si vemos la historia de la Unab, Laureate es miembro activo de la corporación desde 2003. Fuimos de las primeras instituciones privadas en acreditarse institucionalmente, en 2008 fuimos la primera universidad privada acreditada en investigación y hoy no sólo estamos acreditados en Chile por un período de cuatro años, sino también en Estados Unidos por un período de cinco años.

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