LAS RECIENTES manifestaciones ciudadanas expresaron una demanda por  mayores recursos fiscales para la educación, a ser financiados parcialmente con más impuestos. Lo último ha dado origen a un interesante debate sobre una posible reforma tributaria.

Considerando la administración de los tributos -que en Chile es idónea-,  los impuestos deben ser suficientes para financiar los gastos del gobierno.  En décadas recientes el país pasó a ser un modelo de disciplina fiscal y la razón gasto fiscal a PIB correspondió -hasta la crisis financiera reciente y el posterior  terremoto- al nivel que tuvo en países como EEUU y Japón cuando éstos tenían los niveles de ingreso por persona del Chile actual.  Hoy el gasto, más elevado, está siendo cubierto con ingresos coyunturalmente altos, por lo que cabe hacer -para evitar futuros déficit- un esfuerzo para reducir dicho gasto a los niveles relativos de precrisis. 

El sistema tributario debe, además, distorsionar lo menos posible la asignación de recursos. El sistema chileno -comparado con otros  países- dista de ser ineficiente. Se basa, además del impuesto sobre la renta, en unos pocos tributos de base relativamente amplia (IVA, derechos de internación, bienes raíces), con tasas razonablemente parejas y con pocas exenciones. Estos últimos tributos son perfectibles, pero no es una tarea urgente.

El impuesto sobre la renta es intrínsecamente muy ineficiente. Grava lo que los ciudadanos aportan a la economía, dado que al trabajar y ahorrar generan ingresos afectos a una tributación que desincentiva a ambos. Como generalmente se trata, además de un impuesto progresivo, el desincentivo aumenta relativamente mientras mayor sea el aporte hecho. Por eso -si ha de haber un impuesto sobre la renta-,  lo ideal es que sea bajo y parejo, gravando con la misma tasa a todos los tipos de ingresos. 

Sin embargo en Chile, a partir de 1984 se transformó de hecho el impuesto sobre la renta existente en un impuesto progresivo sobre el gasto. Este último tributo -menos ineficiente que aquel sobre la renta-  grava lo que los ciudadanos extraen de la economía mediante el consumo, eximiendo de tributación la reinversión de ingresos.  Desafortunadamente, en el país este impuesto al gasto no es transparente y produce algunas distorsiones. Sería deseable perfeccionarlo.

¿Y qué hay de la equidad? El sistema fiscal como un todo -y no cada una de sus partes: ingresos y gastos- debe contribuir a maximizar el bienestar social. Eso se puede lograr con tributos que distorsionen en la menor medida la asignación de recursos y con un gasto fiscal que, además de financiar bienes públicos y una red de protección social, esté orientado efectivamente a igualar las oportunidades para todos los ciudadanos. Sin ser perfecto, el sistema tributario chileno se acerca al objetivo deseado y puede ser mejorado sin hacer una reforma tributaria mayor. En cambio, las manifestaciones ciudadanas son en último término, el reflejo de la mala calidad en la asignación y en la ejecución del gasto fiscal, que requiere urgentemente de la atención prioritaria del gobierno.