El turismo es uno de los motores de desarrollo más dinámicos del mundo. Sin embargo, detrás del flujo constante de visitantes, existe una cara menos visible: el fuerte impacto que provoca la llegada masiva de turistas. Estos pueden ser impactos sociales en ciudades o comunidades, o ambientales en ecosistemas frágiles. Chile no está ajeno a este fenómeno. Nuestros parques, montañas, ríos y desiertos atraen cada año a cientos de miles de viajeros que buscan experiencias únicas en la naturaleza. Pero si no avanzamos en la conservación de esos territorios, el desarrollo y supervivencia del turismo será finito.

La lógica es clara: proteger la naturaleza no es solo un imperativo ético, sino también es una condición para la sostenibilidad económica del sector. Un destino degradado pierde atractivo, y con ello desaparecen los ingresos y empleos que genera. Por eso, es vital incorporar la conservación en el corazón de la estrategia del turismo. No se trata solo de un afán filantrópico, sino de asegurar que la industria pueda sostenerse en el tiempo.

En Chile, los desafíos de la conservación son enormes y se pueden resumir en tres dimensiones principales: financiamiento, gestión y equilibrio territorial.

En primer lugar, el financiamiento. El presupuesto que el Estado destina a los parques nacionales es de apenas US$ 1,3 por hectárea, una cifra muy por debajo de los estándares internacionales -y de las más bajas de Latinoamérica- y claramente insuficiente para proteger de manera efectiva un patrimonio natural tan vasto y diverso como el chileno. Adicionalmente, el aporte o incentivos estatales para iniciativas privadas de conservación es nulo. Por último, muchas ONG destacan por su capacidad de planificación y su experiencia científica, pero carecen de infraestructura y fondos para ejecutar proyectos de gran escala.

El segundo desafío es la gestión. Chile tiene una enorme superficie protegida, en el papel, pero más del 50% de esa superficie carece de una administración efectiva. En la práctica, esto significa áreas protegidas, sin guardaparques suficientes, sin infraestructura adecuada para recibir turistas y, en muchos casos, sin monitoreo de ningún tipo que permita conocer el estado real de los ecosistemas. La consecuencia es evidente: áreas naturales vulnerables a la degradación, incendios, especies invasoras o sobreexplotación.

El tercer desafío es el equilibrio territorial. Hoy los esfuerzos de conservación están muy concentrados en la Patagonia, que sin duda merece la atención que recibe, pero otras zonas igualmente valiosas permanecen desprotegidas. La zona central del país, donde vive la mayoría de la población, cuenta con escasas áreas protegidas efectivas. En el norte, la cultura de conservación es aún incipiente y los grandes proyectos, de diversa índole, ejercen una presión creciente sobre ecosistemas frágiles y sobre las comunidades que habitan esos territorios.

¿Cómo avanzar? Las acciones clave pasan por fortalecer la colaboración público-privada y entregar a cada actor responsabilidades que conversen con sus fortalezas. Transformar al Estado, dueño de las áreas protegidas, en un eficiente fiscalizador. A las ONG entregarles la planificación de la conservación y el monitoreo transparente de sus resultados. A los privados, por su parte, encargarles a través de diversas herramientas, como concesiones, la gestión de los territorios y el correspondiente financiamiento. Todo esto, apoyado por una robusta participación de las comunidades locales.

La conservación no puede ni debe ser responsabilidad exclusiva del Estado, así como tampoco quedar en manos aisladas de empresas u ONGs. Requiere de alianzas que combinen financiamiento sostenible, capacidad de gestión y compromiso ciudadano. Involucrar a las comunidades cercanas es fundamental, no solo para legitimar los proyectos, sino que también para generar beneficios directos que las conviertan en protagonistas de la protección de su entorno.

Nuestro país posee una de las biodiversidades más ricas del planeta, pero también enfrenta una crisis climática y social que amenaza la sostenibilidad del turismo. Transformar la conservación en una política de Estado y en una estrategia compartida con el sector privado y la sociedad civil es la única forma de garantizar que los paisajes que hoy nos enorgullecen sigan estando allí para las generaciones que vienen.

*El autor de la columna es presidente de Explora