La crisis de la vivienda debe ser una prioridad del próximo gobierno. Su gravedad exige algo más que medidas de emergencia, pues si la meta fuese resolverla en una década, habría que duplicar el ritmo actual de construcción, algo inviable sin grandes acuerdos que trasciendan a los gobiernos.

Frente a esta crisis, tenemos que entender el acceso a vivienda y barrio como un problema país, pues afecta la educación, la movilidad laboral, la seguridad y la cohesión social. Cuando falla, se quiebran las trayectorias familiares, se debilita la confianza en las instituciones y se erosiona la esperanza de progreso.

Según el Censo 2024, 491 mil hogares no tienen acceso a una vivienda y habitan en condiciones de hacinamiento o allegamiento. A ello se suma el aumento de los campamentos y cerca de 1,1 millones de hogares en situación de “demanda social crítica” (Cedeus UC–Déficit Cero, 2024), afectados por arriendos impagables y precariedad. Si se agregan 1,3 millones de hogares con severos déficits de calidad urbana y constructiva, cuatro de cada diez hogares en Chile enfrentan alguna forma de exclusión habitacional.

Las causas son conocidas: los precios de la vivienda han crecido por sobre los ingresos; la producción habitacional, pública y privada, ha disminuido; el financiamiento se ha restringido; el suelo bien localizado es caro; y la inversión en recuperar barrios ha sido insuficiente.

En un documento reciente, desde la UC hemos levantado 15 propuestas para expandir las actuales capacidades (Centro de Políticas Públicas UC–Déficit Cero, 2025), entre las que destacan avanzar hacia un modelo más flexible de subsidios que reconozca la diversidad de familias y trayectorias; impulsar el arriendo asequible mediante colaboración público-privada; adecuar las normas urbanas para densificar con integración social; recuperar barrios con planes de inversión más robustos y vinculantes; expandir la vivienda industrializada y modernizar la gestión pública del suelo.

Superadas las simplificaciones propias de las campañas, el nuevo gobierno debiera impulsar un gran pacto por la vivienda que articule una alianza efectiva entre universidades, sector privado y sector público. Este pacto debiera reconocer la complejidad social y humanitaria de campamentos y barrios vulnerables, las brechas de desigualdad urbana, la insuficiente participación de actores municipales y privados, y la necesidad de valorar los avances y aprendizajes del Plan de Emergencia Habitacional liderado por el ministro Montes. Sería un punto de partida para superar la confrontación estéril entre oposiciones y oficialismos en un ámbito que exige responsabilidad compartida.

Por Luis Eduardo Bresciani L. Profesor Asociado UC