Las propuestas legislativas que buscan prohibir el uso de redes sociales a personas menores de 16 años se multiplican, ofreciendo una solución simple a un problema complejo. Los desafíos de este tipo de mecanismos parten por la necesidad de balancear adecuadamente la protección de este grupo con sus derechos de acceso a la información, la educación y la cultura, como también a la libre expresión. A ello se suman desafíos técnicos y jurídicos relevantes para que estas medidas sean efectivas.

Desde el punto de vista técnico, no existen obligaciones de verificación de edad relacionadas a la conexión a internet o el acceso a dispositivos, aunque distintos contenidos y aplicaciones incluyen indicaciones etarias. Implementar mecanismos de control etario más estrictos implica elegir entre opciones poco efectivas, como la autodeclaración o la declaración por una persona responsable, o excesivamente intrusivas para la privacidad como la entrega de cédula o la biometría. Incluso si se concluyera que la segunda opción es adecuada, la implementación de sistemas de verificación de edad ha mostrado ser frágil, fácilmente eludible, y sin garantías suficientes de seguridad. En síntesis: podría resultar en una exposición aún mayor de quienes se busca proteger.

Jurídicamente, persisten desafíos para que empresas internacionales cumplan la legislación nacional. Existen distintos ejemplos regionales sobre cómo abordar este tema crítico para los derechos digitales, pero también abundan situaciones de abusos, como decisiones de bloqueo de aplicaciones, con impactos de distinta magnitud. Aunque medidas de este tipo pueden ser legítimas y necesarias, requieren una revisión minuciosa de proporcionalidad, dado su impacto en el ejercicio de derechos fundamentales.

La prohibición es más compleja en contextos de exacerbada desigualdad, como los de los países latinoamericanos. Si bien las redes sociales no representan la totalidad de internet, las empresas que las controlan han realizado esfuerzos sostenidos para convertirlas en la principal forma de acceder a contenidos en línea, con éxito. En tal contexto, limitar el uso de redes sociales puede sentirse como una prohibición en el uso de internet, especialmente para quienes se conectan por medio de planes de datos limitados, que es el tipo de acceso más común en Chile según datos de la Subtel. Además, limitaciones de acceso implementadas al nivel del dispositivo pueden dificultar el uso legítimo de otras personas en las familias donde el uso de dispositivos (incluso móviles) es compartido, transformándose en una herramienta de exclusión digital.

Repensar la forma como las infancias y adolescencias usan redes sociales es una tarea crítica y urgente. No solo frente a los posibles abusos y violencias a las que se exponen, sino también por los impactos a su desarrollo integral y al ejercicio de sus derechos, afectados por la recolección masiva de sus datos, la falta de transparencia algorítmica, el diseño manipulativo para retener la atención, la publicidad dirigida, entre otros.

Un abordaje serio de esta problemática no puede refugiarse en soluciones ilusoriamente fáciles ni eludir discusiones complejas. Es crucial involucrar a los distintos sectores sociales en un debate ampliado sobre la responsabilidad de las empresas de internet, incluidas las familias, las comunidades educativas y las propias infancias y adolescencias.

Por Jamila Venturini y Juan Carlos Lara, codirectores ejecutivos de Derechos Digitales