En los últimos días se ha instalado con fuerza una idea que hasta hace poco parecía lejana: la dependencia digital ya no es solo un problema técnico, sino un riesgo estratégico. La advertencia es correcta, pero es incompleta.

Chile ha construido una de las economías digitales más avanzadas de América Latina. Con altos niveles de conectividad, adopción tecnológica y servicios digitalizados, el país aparece en rankings internacionales como líder regional. Sin embargo esta fortaleza es, al mismo tiempo, su principal vulnerabilidad: la mayor parte de esa capacidad descansa sobre infraestructuras, plataformas y servicios que no controlamos.

La analogía con la crisis del petróleo de los años 70 es pertinente. En ese entonces, el mundo comprendió que la dependencia energética podía paralizar economías enteras. Hoy, la dependencia digital de datos, de infraestructura en la nube, de plataformas y de inteligencia artificial reproduce esa misma lógica, pero con un alcance aún más profundo. No se trata solo de producción o transporte, sino de la operación cotidiana del Estado, la economía y la sociedad.

El diagnóstico es claro: Chile es digitalmente avanzado, pero estructuralmente dependiente.

Este debate no puede quedarse sólo en la constatación del riesgo ni en la aspiración de una mayor soberanía tecnológica. Porque la soberanía, por sí sola, no resuelve el problema de fondo. El verdadero desafío es otro: cómo construir poder en la era digital.

La discusión global ya avanzó en esa dirección. Estados Unidos, la Unión Europea y China no están solo invirtiendo en infraestructura o promoviendo innovación. Están diseñando arquitecturas de poder. Esto implica integrar, de manera coherente, tres dimensiones que hasta ahora han sido tratadas por separado: infraestructura digital, ciberseguridad y gobernanza tecnológica.

Primero, la infraestructura. No basta con desplegar data centers o atraer inversión. Es necesario entender qué capas son críticas, como la conectividad por cables de fibra óptica (terrestres y submarinos); la capacidad de cómputo, la gran cantidad de energía necesaria para ello; y asegurar que su operación responda a intereses estratégicos nacionales.

Segundo, la ciberseguridad. No como un complemento técnico, o gestión de riesgo, sino como una función estructural del Estado. Un país que no puede proteger sus sistemas, sus datos y sus infraestructuras no es soberano, aunque los tenga dentro de sus fronteras.

Tercero, la gobernanza tecnológica. Las reglas que determinan cómo se usan los datos, cómo operan los modelos de inteligencia artificial y quién toma decisiones en situaciones de crisis. Aquí se define, en última instancia, la capacidad de un país para actuar con autonomía.

Estas tres dimensiones no son paralelas. Son interdependientes. Y su integración define lo que hoy debemos entender como poder digital.

Desde esta perspectiva, la dependencia de servicios cloud o de proveedores tecnológicos no es solo un problema de mercado. Es un problema de arquitectura. Y por lo mismo, no se resuelve únicamente con más inversión o con alianzas regionales, aunque ambas sean necesarias, sino con una visión estratégica de largo plazo.

Chile tiene condiciones para avanzar en esa dirección. Cuenta con talento digital y ciber, estabilidad institucional y experiencia en políticas públicas digitales que han permitido impulsar leyes marco creando nueva institucionalidad como las dos agencias, una de Ciberseguridad y otra de Protección de Datos Personales, pero carece aún de un elemento clave: una comprensión compartida de que lo digital no es un sector más de la economía, sino una dimensión estructural del poder del Estado.

El rol del Estado, en este contexto, tampoco puede limitarse a ser un catalizador. Debe ser un arquitecto. No para sustituir al sector privado, sino para definir las reglas, los estándares y las capacidades que aseguren que el desarrollo digital contribuya efectivamente a la autonomía estratégica del país.

Esto no implica aislamiento ni proteccionismo. Por el contrario, en un mundo multipolar, la cooperación tanto regional como global será indispensable. Pero la cooperación sin capacidades propias solo profundiza esta dependencia.

La advertencia es oportuna: la próxima interrupción de servicios, el próximo conflicto geopolítico o la próxima crisis tecnológica no esperarán. Por eso: más importante que reaccionar es anticiparse.

En el siglo XXI, los países no se diferencian solo por su territorio, su economía o su defensa tradicional. Se definen por su capacidad de construir y ejercer poder en el dominio digital.

Ese poder no se compra ni se arrienda. Se diseña y luego se construye.

Por Kenneth Pugh, exsenador y experto en ciberseguridad y poder digital, www.thedigitalpower.org