Derecho y política de vivienda en el debate público



Por Isabel Serra, Laboratorio Ciudad y Territorio, UDP

Atendiendo a las principales demandas sociales sobre educación, salud, trabajo, pensiones, relevadas en debate público a partir del 18 de octubre, la vivienda aparece como una demanda tímida, pero que de a poco ha logrado situarse en la agenda pública, desde el punto de vista del derecho en la discusión constitucional y desde la política en los debates presidenciales.

Aunque en nuestra Constitución no considera el derecho a la vivienda en específico (esperemos que en la próxima así sea), sí establece que el Estado deberá contribuir a “crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible”, y es aquí donde la vivienda aparece como la unidad básica para lograr el derecho a que todos y todas podamos llevar a cabo en plenitud nuestros proyectos vitales, individuales y colectivos.

Nuestro país ha adherido a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y ha ratificado el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece específicamente este derecho y en donde la ONU ha definido el concepto de vivienda digna y su hábitat adecuado que asegura la seguridad en la tenencia, la disponibilidad de servicios, la asequibilidad, la habitabilidad, su ubicación y la adecuación cultural. Pero desde hace más de 45 años que el Estado abandonó la tarea de proveer un acceso justo a vivir en una vivienda digna, transformando este derecho humano básico en una mercancía y en una herramienta de especulación financiera, dejando completamente fuera la condición humana y sensible de las comunidades en la construcción de su propio hábitat.

Tenemos una institucionalidad obsoleta, en donde el Estado no ha tenido un proceso de modernización adecuado, el ministerio sectorial aún mantiene mayoritariamente una visión viviendista del problema, lo que le impide incorporar nuevos enfoques políticos, económicos, ambientales y sociales, y sobretodo definir un rol más protagónico del Estado, capaz de enfrentarse con mayor poder a los gremios y al mercado voraz del suelo y la vivienda.

Desde la lógica del Estado subsidiario, existe un problema en materia de subsidios habitacionales en la entrega y ejecución, y como establece el Centro de Producción del Espacio, estos no logran controlar el déficit del mercado habitacional y menos reducir el precio de la vivienda. Por otro lado, desde el punto de vista del mercado, tenemos un proceso de financiarización que ha concentrado la propiedad en manos de pocos inversionistas, condicionando el precio de estas al alza y en donde la industria en vez de construir casas para habitar, las habilita como mecanismos de inversión y especulación, repercutiendo directamente en la calidad de éstas.

Desde esta perspectiva, es preocupante el debate presidencial en materia de vivienda; en general llama la atención la superficialidad de las propuestas, que no comprenden el problema desde un punto de vista sistémico, se observa un bajo conocimiento del funcionamiento del Estado, sus herramientas, tiempos, de su relación con el privado y del funcionamiento de un mercado imperfecto que debe ser regulado. No es serio ofrecer una cantidad de viviendas al voleo, sin considerar la capacidad material ni de fiscalización para entregarlas en un periodo presidencial.

Desde el punto de vista constitucional, se acaban de conformar la comisión de derechos fundamentales, donde 33 constituyentes discutirán los derechos sociales consagrados en la nueva Constitución y donde el derecho a la vivienda digna y al hábitat adecuado será un tema relevante a discutir. Aquí lo importante es ratificar e incorporar los tratados internacionales de derechos humanos en el territorio, incorporando además mecanismos que logren asegurar la implementación del derecho a la vivienda desde el punto de vista de la función social y ecológica de la propiedad.

A su vez, las candidaturas presidenciales deben priorizar las medidas en materia de producción de la vivienda y su hábitat, entendiendo esta como el sustrato básico de la dignidad humana. A su vez, profundizar y complejizar el problema, transformado la narrativa de la vivienda subsidiada a la de vivienda pública, diversificando propuestas de tenencia, financiamientos, gestión, otorgándole protagonismo y poder de decisión a las comunidades para construir su propio hábitat, no desde la lógica mercantil, sino desde la producción social del hábitat para poder ejercer el derecho a tener una vivienda digna y adecuada para poder gozar todos y todas de una buena vida.

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