Si bien aún está lejos del despliegue legislativo que tuvo en sus primeros días el gobierno de Patricio Aylwin en 1990 -que mantiene el récord como el más prolífico en materia de generación de leyes-, aunque sea por solo una nariz de distancia, el actual Ejecutivo de José Antonio Kast ya subió al podio de gobiernos con más proyectos propios enviados al Congreso.

En todo caso, con siete iniciativas presentadas (incluyendo mensajes y acuerdos internacionales), la fábrica legislativa de Kast más bien está en el promedio de administraciones pasadas, comparando iguales fechas desde el 11 marzo al 30 de mayo.

En igual lapso de tiempo, Aylwin ya llevaba 16 iniciativas, mientras que la segunda administración de Michelle Bachelet sumaba ocho proyectos. Los otros gobiernos, en tanto, registraban entre dos y seis iniciativas presentadas, con la única salvedad del período inicial del mandato de Ricardo Lagos, que no había enviado ningún mensaje presidencial ni acuerdo internacional para la ratificación del Congreso.

Esas cifras, sin embargo, no reflejan completamente la magnitud de las reformas. Por ejemplo, en ese tiempo Aylwin ya había ingresado una reforma tributaria y cambios estructurales en el ámbito pesquero, habitacional, educacional, justicia militar, además de una nutrida agenda de derechos humanos, en la que se incluían las llamadas Leyes Cumplido (en recuerdo del entonces ministro de Justicia Francisco Cumplido).

En 2010, la administración de Sebastián Piñera ya había iniciado la presentación de un amplio paquete legislativo de reconstrucción por el terremoto y tsunami del 27-F, que podría ser un precedente equivalente al megaproyecto económico de Kast.

La diferencia es que entonces Piñera dividió esa agenda en seis proyectos distintos, mientras que el actual Ejecutivo optó por incluir en un mismo mensaje 43 medidas diversas: desde rebajas tributarias y medidas de fomento al empleo, de eliminación de permisología y de reconstrucción por los incendios de Valparaíso y el Biobío.

Sin embargo, la estrategia del gobierno de Kast no solo pasa por fabricar proyectos propios (cinco mensajes).

El diseño legislativo elaborado por el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot (RN), y la subsecretaria Constanza Castillo (RN) tiene una importante base de pragmatismo, oportunidad y eficiencia, al considerar dentro de su agenda gubernamental 65 proyectos iniciados por parlamentarios o gobiernos anteriores. Ello permite involucrar no solo a parlamentarios del oficialismo en el impulso de estos temas, también compromete a la oposición. Además, la estrategia permite aprovechar trámites avanzados en vez de partir desde cero.

Herencia de un ministro PC

Una muestra de aquel pragmatismo y sentido de oportunidad es que la primera ley que aprobó y promulgó el Presidente Kast era una reforma constitucional que trasladaba Gendarmería al Ministerio de Seguridad, la cual fue redactada, tramitada y negociada por el gobierno de Gabriel Boric y, en especial, el exministro de Justicia Jaime Gajardo (PC).

A los actuales ministros les tocó estar básicamente en la última votación. Pese a ello, La Moneda lo transformó en el primer hito de la agenda de seguridad de Kast.

También se hizo propia otra reforma de Boric y gestionada por Gajardo, ya aprobada por el Congreso, relacionada con la obligación que tendrá el personal de Gendarmería para efectuar declaraciones de intereses y patrimonio, con el fin prevenir casos de corrupción al interior de los penales.

En total, son 70 proyectos (cinco propios y 65 patrocinados) a los que La Moneda le ha puesto alguna urgencia para apurar o acotar los plazos de tramitación: discusión inmediata (seis días), suma (15 días) o simple (30 días).

Entre esas prioridades legislativas, nueve ya han sido despachadas a ley (solo uno de factura propia, dos mensajes de Boric relacionados con Gendarmería y seis mociones parlamentarias).

Agenda de seguridad

En la lista de iniciativas impulsadas por el gobierno, bajo la coordinación de la dupla García-Castillo, las propuestas en materia de seguridad pública, justicia, seguridad escolar y migración (áreas ligadas) son la mayoría.

A pesar de que esta semana el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Karim Bianchi, abrió una controversia por una presunta sequía legislativa, los proyectos que son parte de una virtual agenda de seguridad son 35 (las mencionadas reformas de Gendarmería son las únicas aprobadas por el Congreso).

En todo caso, Bianchi apuntaba especialmente a la falta de iniciativas de factura presidencial y cuestionaba que la agenda había tenido que ser suplida por mociones de los propios legisladores. “No podemos quedarnos esperando”, afirmó el senador de Magallanes.

El Ejecutivo, sin embargo, rechazó las críticas y precisó que se han impulsado dos iniciativas para evitar la violencia escolar (una con medidas de registro y otra con agravantes en el Código Penal). Además, ya está en marcha una agenda amplia sobre el combate contra el patrimonio del crimen organizado, entre otros proyectos.

Por ahora, los 33 proyectos restantes en materia de seguridad, migración y violencia escolar predominan en la agenda de La Moneda. Estas iniciativas están repartidas entre el Senado y la Cámara, en las comisiones de Seguridad, Gobierno, Constitución y Educación.

Entre las propuestas patrocinadas figuran la que tipifica como delito el ingreso clandestino al país (moción de RN), la protección de la infraestructura crítica (mensaje de Boric), la modificación del sistema de responsabilidad adolescente (moción de RN), la seguridad en el Metro (moción transversal del PC a republicanos), el uso de agentes encubiertos en internet para la persecución de delitos sexuales (moción transversal desde el FA a libertarios) y el Subsistema de Inteligencia Económica, que establece medidas contra el financiamiento del crimen organizado (mensaje de Boric).