La actual contralora es uno de los personajes que mayor huella habrá dejado en el manejo de la administración pública del siglo XXI. Abrió una olla de grillos que todos conocían, pero que ministros, subsecretarios y jefes de servicio se “habían hecho los lesos”: un porcentaje no despreciable de “servidores públicos” se servía de licencias médicas truchas para vacacionar. Una labor de coordinación con la PDI y el Compin/Suseso permitió descubrir los delitos. No solo nos robaban plata (vacaciones pagadas), sino que además afectaban la calidad del servicio público. Esto no solo da cuenta de una normalización de este ilícito, sino también de la desidia y falta de control del tema por parte de sus superiores. También de la pésima calidad del anterior contralor, que nunca hizo la pega de Dorothy La Grande.

Esto sucede poco -o mucho menos- en el sector privado, porque “ahí importa”, y los empresarios no están dispuestos a gastar en reemplazos o licencias sin fin así no más. Pero en el sector público a las autoridades les da lo mismo: total, paga Moya, y si hay mal servicio, colas y demoras, da exactamente lo mismo. Y eso que falta que la gran Dorothy vea con Etcheverry “el calce” de los licenciados con hoteles de San Pedro de Atacama, Torres del Paine y Pucón, para descubrir a los que se tomaron vacaciones en Chile, que debe ser un lote igual o mayor que los de Punta Cana.

El ministro Marcel quiso organizar una mesa de trabajo sobre el tema, porque según él, este es un problema “multifacético”: nada de eso. Es que simplemente se puede hacer, y cuando se hace, no pasa nada. Como dicen en el campo: “cuando hay un billete en el suelo, siempre hay alguien que se agacha y lo recoge”.

Por décadas, ministros y gobiernos no se atrevieron a meterle mano al tema, por miedo a la ANEF/CUT, y a hacer lo debido: sumario y para afuera. Y cuando hacen huelga -lo que está prohibido por la Constitución- no les pasa nada. Y por eso, se puede y se hace. En el sector público no puede haber “inamovilidades”, debe haber transparencia, eficiencia y evaluación correcta (me imagino que todos los acusados por Dorothy la Grande se sacaron un siete en sus evaluaciones anuales).

Esto marca un antes y un después para los “servidores públicos” y no hay que hacer caso de lloriqueos, y “empates”: que son solo un 2,5% del total, y el resto santos (que nunca denunciaron los delitos como es su obligación legal). Y el dolor es doble, porque justamente son servidores públicos, pagados por todos y por lo tanto ejemplos frente a los que no lo somos.

Es un llamado de alerta para modernizar al sector público, que aparte de este fraude, es capaz de funcionar -en forma menos que “reguleque”- con un porcentaje de ausentismo que es más del doble que el del sector privado. Y que el SII, tal como en este caso de colaboración entre entes del Estado, también debería hincarle el diente a las licencias, que constituyen ingresos no declarados, aparte de fraudulentos.

Dorothy, felicitaciones, la más grande contralora del siglo, y vergüenza para los apoltronados contralores anteriores. Y para qué decir de los directores del Compin y de la Suseso.

Por César Barros, economista