Siete meses después de la reelección de Daniel Noboa, el 16 de noviembre el rechazo se impuso en el referéndum. Ecuador, con diez consultas populares, es el país que más referéndums ha convocado en la región, mientras la mayoría apenas registra cinco. Solo su organización costó casi USD 60 millones y las cuatro preguntas fueron rechazadas de forma contundente, reflejando una creciente desconfianza hacia reformas percibidas como apresuradas o poco explicadas.

La eliminación del Fondo Partidario de USD 17 millones destinados a 78 organizaciones políticas fue rechazada con un 58,07%. El temor a que, en plena crisis de seguridad, la medida abriera espacio al financiamiento ilícito pesó más que el ahorro proyectado. Con un 53% de rechazo, la reducción de 151 asambleístas a 73 evidenció que, aunque los USD 20 millones anuales en salarios generan críticas, la ciudadanía no considera que disminuir curules garantice eficiencia legislativa, sino que se requiere profesionalizar candidaturas y fortalecer a los partidos.

La propuesta de convocar a una Asamblea Constituyente fue una de las derrotas más claras, con 61,58% de rechazo. En un país que ha recurrido reiteradamente a cambiar sus reglas del juego, acumulando 20 constituciones, prevaleció el escepticismo. Como advirtió el exlegislador Henry Cucalón, la ciudadanía percibió la pregunta cómo “un cheque en blanco”, y el Ejecutivo no logró explicar por qué un rediseño estatal era indispensable ni qué modelo institucional buscaba construir.

En materia de seguridad, la pregunta sobre la instalación de bases militares estadounidenses ocurrió en un contexto particularmente sensible, marcado por la desconfianza ciudadana hacia las políticas migratorias y las tensiones comerciales actuales. Entre 1999 y 2009, Ecuador contó con bases estadounidenses que le permitían tener mayor control en el puerto de Manta y acceder a tecnología que el país no podía costear, hasta que el gobierno de Correa decidió poner fin al acuerdo. En los últimos años, el país ha recibido apoyo en seguridad e inteligencia por parte de la administración de Trump, y en conjunto la Guardia Costera estadounidense y la empresa Blackwater han logrado decomisar 146 toneladas de droga. Sin embargo, los mensajes contradictorios sobre la posible ubicación de la base en Galápagos generaron un ruido innecesario, contribuyendo a que la propuesta fuera rechazada con un 60,58 % de los votos.

El rechazo a la constituyente evitó un año y medio de incertidumbre, lo que abre para el gobierno una oportunidad para responder a la ciudadanía con acciones claras con las herramientas jurídicas que tiene, en educación, salud y especialmente, seguridad.

En este ámbito, será clave fortalecer la cooperación existente con Estados Unidos y avanzar en coordinaciones con el gobierno de Perú para un mayor control de los puertos fronterizos, así como, con la próxima administración de Colombia. El camino ahora exige acuerdos políticos, mejor asesoría técnica en la Asamblea y una agenda práctica que permita dar resultados concretos.

Por Jannine Ullauri, Centro de Estudios Internacionales UC