El desacato de las AFP



Por Macarena Vargas, profesora de Derecho UDP

Hace unas semanas, la ministra de la Corte Suprema Ana Gloria Chevesich dio a conocer las cifras pagadas por concepto de pensiones alimenticias con los fondos del retiro de 10% de las AFP. Se trata de una suma descomunal: $217.083.837.877.

Pero, también informó que en algunos casos las AFP no estarían cumpliendo las órdenes emitidas por jueces y juezas de familia y, por ende, estarían incurriendo en desacato. Dio como ejemplos casos en que se solicita al beneficiario/a (principalmente mujeres) la resolución del tribunal que decreta el pago y casos en que no se procede a éste porque la causa judicial estaría terminada.

¿Cómo se explica que funcionarios/as de la AFP pidan a las mujeres que van a cobrar el dinero retenido la resolución del tribunal cuando la información está en línea a través de Previred? ¿Cómo se explica que dichos funcionarios/as cuestionen si una resolución fue dictada en un proceso judicial en curso cuando ella ha sido enviada desde los propios tribunales de familia?

Pareciera que hubiese la intención de no pagar, de buscar los artificios que permitan dilatar o derechamente impedir el pago decretado judicialmente. La ministra Chevesich, en la nota de prensa que da cuenta de estos hechos, da pistas para pensar aquello. El año pasado el superintendente de AFP habría dicho que el pago de pensiones de alimentos no era parte del “giro” de estas instituciones, lo suyo sería el pago de las jubilaciones, habría señalado.

Esta situación es una muestra más de como el tema de las pensiones alimenticias ha sido y sigue siendo un tema socialmente abandonado. Esto no es algo nuevo, ocurre también con otras instituciones (bancos, policías, incluso en los propios tribunales de justicia) que dilatan y entorpecen las gestiones tendientes al pago de las pensiones adeudadas. Una suerte de desidia institucional envuelve a este tipo de asuntos.

Estas actitudes se inscriben en una lógica que subestima los asuntos de familia, en general, y las pensiones de alimentos, en particular, contribuyendo a reforzar la “feminización de la pobreza” o, dicho de otro modo, reforzando -en palabras de Kimmel- la “masculinización de la riqueza” o, peor aún, la “masculinización de la irresponsabilidad”.

La pregunta es por qué sucede esto y qué hacer para revertirlo.

Intuyo que detrás de este tipo de prácticas institucionales -algunas de cargadas de formalismos, otras de franca indolencia- no hay una política destinada a obstruir la labor de la justicia (eso sería políticamente incorrecto), sino más bien un conjunto de costumbres, hábitos y conductas que se alimentan de reglas de gestión interna, que se repiten unas tras otras sin cuestionamiento alguno y que se justifican con algo tan simple como: “las cosas siempre se han hecho así”.

Sin embargo, esta forma de actuar -como bien señaló la ministra Chevesich- deviene en desacato. Es decir, las AFP (algunas de ellas, esperemos) derechamente no están acatando los mandatos judiciales pronunciados en base a una ley dictada especialmente para estos efectos.

El discurso de los derechos de los niños, niñas y adolescentes no ha sido suficiente para cambiar estructuras mentales y hábitos institucionales tan profundamente arraigados en quienes toman decisiones y en quienes las ejecutan. Ni aun apelando a que sus hijas, hermanas o sobrinas podrían estar detrás de estas solicitudes se han logrado modificar -siquiera un ápice- los estereotipos y sesgos de género que finalmente subyacen a este tipo de prácticas.

Probablemente la aplicación de sanciones por parte de la Superintendencia sería la vía más adecuada para lograr que las AFP cumplan el mandato legal. Pero veo difícil que quien ha dicho que el pago de las pensiones de alimentos no es el “giro” de las AFP vaya siquiera a pensarlo.

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