Las sociedades modernas son complejas, pues cohabitan diversas miradas de la buena vida, intereses divergentes y propuestas antagónicas acerca de cómo superar nuestros múltiples conflictos. Para encontrar paz y progreso en este potencial caos hemos avanzado hacia el ejercicio del poder supeditado a las leyes, las que aspiran a ser generales, abstractas, neutras y dictadas por el órgano competente, para procurar prevenir la arbitrariedad en su uso y a que no se concentre en una sola mano. Las leyes producidas principalmente en el Congreso son un reflejo de la voluntad general, por lo que dan cuenta de las convenciones sociales sobre cuál debe ser el destino de una nación.

Existen excepciones cuando frente a emergencias se demanda otra forma de actuar; son regímenes jurídicos de carácter extraordinario que facultan al Presidente de la República para restringir o suspender el ejercicio de ciertos derechos y garantías constitucionales en situaciones calificadas de crisis. La pandemia, por ejemplo, permitió al Poder Ejecutivo disponer de más recursos de los previstos para la compra de fármacos o vacunas, que nuestra libertad se viera fuertemente limitada y no pudiéramos salir de nuestras casas o que los niños dejaran de asistir a los colegios. Justificó la suspensión de litigios en tribunales y el cierre de las empresas y el comercio.

Lamentablemente en el último tiempo hemos podido ver cómo surgen discursos políticos que buscan instalar la noción de que vivimos en un estado de emergencia, de calamidad, que demanda dejar atrás el sistema de reglas para gobernar bajo una lógica de excepción. Invocando problemas propios de la persecución de la delincuencia se moviliza a las Fuerzas Armadas para reprimir fenómenos de criminalidad doméstica. Para limitar la migración irregular se detiene indiscriminadamente a todos los migrantes y se los envía a centros de detención similares a prisiones. Para limitar el gasto público se desmantelan programas sociales y eliminan ministerios.

Invocar la emergencia para gobernar da cuenta de que quien aspira a ejercer el poder lo hará sin considerar las reglas que hoy ordenan la economía, la seguridad, las pensiones o la salud. Significa que las herramientas que tiene la legislación son insuficientes y que el poder de tomar decisiones debe concentrarse en una sola mano que resuelva las excepciones. Esto es parte del discurso, por ejemplo, que justifica la militarización de grandes ciudades en EE.UU.

¿Está nuestro país bajo esta lógica? ¿Nuestra situación es tan crítica que requiere que el Poder Ejecutivo se salte las reglas para gobernar? Frente a estas preguntas, solo caben respuestas prudentes. El Chile actual goza de buena salud institucional y democrática, pero basta recordar cada 11 de septiembre para sentir cuán frágil puede ser la paz y el progreso. Su potencial fragilidad también nos puso a todos a prueba el 18 de octubre de 2019. Cuando se trata del Estado de Derecho, es importante no tratar de arreglar lo que no está roto.

Por Claudia Sarmiento, profesora de Derecho Constitucional Universidad Alberto Hurtado