Este 2025 que está terminando, nuestro país ha hablado sobre justicia en una forma particularmente intensa y no podría ser de otra manera. El aumento de formas delictuales que hasta hace poco eran una realidad lejana, han disparado con razón la inquietud ciudadana, que se encuentra con un sistema político que parece atrapado en diagnósticos de corto alcance y propuestas sin anclaje en la evidencia.

Chile es un país que, como muchos, enfrenta cambios sociales acelerados. En este contexto, la centralidad que ha adquirido el tema de la seguridad no es sorprendente, considerando el impacto que tiene en amplios sectores sociales, especialmente los más vulnerables. Sin embargo, lo llamativo es la persistente estrechez del marco de la discusión.

Frente a cada hecho que nos impacta se suele reaccionar con propuestas inmediatas, indignadas y escasamente sometidas a reflexión, que incluyen preferentemente reformas específicas del procedimiento penal, aumento de penas, disminución de la edad de imputabilidad, nuevas atribuciones policiales, etc. En suma, el mismo libreto que se ha repetido por años frente a problemas diversos y complejidad variada. Medidas cuyos resultados desconocemos, pero a las que seguimos apostando, pensando que solo tenemos un solo tipo de delitos y de autores.

En este contexto, es inevitable hacerse una pregunta algo incómoda, pero necesaria: ¿Por qué en un tema que constituye una preocupación central para las personas, y es decisivo en la cohesión social, el debate se resiste considerar la evidencia y a innovar?

Como Humanizar, llevamos varios años participando en este debate. Nos apoyamos en modelos comparados que han probado eficacia, legitimidad y resultados sociales sostenibles. Los Tribunales de tratamiento de drogas son un ejemplo; en estos se integran la salud mental, rehabilitación de adicciones y acompañamiento judicial.

En Chile, estos enfoques terapéuticos y también de justicia restaurativa existen, pero su presencia en el sistema es excepcional y relativamente aislada. Tenemos tribunales de tratamiento de drogas con resultados promisorios, mediación penal juvenil, pilotos de justicia restaurativa para adultos y avances importantes en entrevistas videograbadas para NNA víctimas. Poseemos institucionalidad especializada en reinserción juvenil, esfuerzos crecientes en salud mental y experiencias valiosas de articulación intersectorial. Lo que falta es dar el salto que sí dieron otros países: pensar la justicia como un sistema con impacto social, conductual, de salud pública, entre otros. En suma, ir más allá de la sola asignación de sanciones y pensar en el aporte a la reparación de daños sociales más profundos.

Se pierde mucho con esta miopía. La evidencia comparada es categórica: los modelos terapéuticos reducen reincidencia, alivian la carga del sistema penal, generan ahorros fiscales, fortalecen la legitimidad institucional y mejoran el bienestar de comunidades enteras. Un tribunal terapéutico para personas con consumo problemático o trastornos mentales no solo trata delitos; trata causas. Un sistema juvenil basado en intervención especializada no solo sanciona; transforma trayectorias delictivas. Una mediación penal bien diseñada no solo resuelve conflictos; repara vínculos sociales que la justicia tradicional suele ignorar.

Creemos que nuestro país cuenta con las competencias técnicas y la institucionalidad para llevar adelante enfoques innovadores, entendiendo que estos avances no son programas “boutique” sin posibilidad de escalar, sino que son una verdadera necesidad estratégica. Insistir en las mismas recetas nos va mantener respondiendo tarde y con una justicia del pasado, a problemas delictuales crecientemente complejos y dinámicos.

Desde ya hacemos presente que no se trata de negar la necesidad que el país cuente con una persecución penal muy efectiva, cárceles seguras y bien gestionadas ni de renunciar al imperio de la ley o relativizar la gravedad de la delincuencia; se trata de sumar herramientas que hoy no forman parte del repertorio político. Una política criminal inteligente no es la que simplemente promete penas más duras, sino la que combina sanción, tratamiento, supervisión, apoyo comunitario y rediseño institucional.

Lo que está en juego no es solo disminuir los delitos y mejorar la seguridad, sino que también contribuir a la cohesión social y a la confianza en las instituciones, ampliando nuestro horizonte conceptual, incorporando con decisión nuevos desarrollos, pensando fuera de la caja. La invitación es a hacerse cargo del inmenso aporte que se puede hacer desde el sistema de justicia al país que todos queremos construir.

Por Francisca Werth y Alejandra Ahumada, Humanizar – Asociación Chilena de Justicia Terapéutica