A veces, las ideas que parecen más justas son las que más daño hacen. Ese es el caso del proyecto impulsado por diputados del Partido Comunista que busca eliminar el tope de indemnización por años de servicio, actualmente en discusión en la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja. Hoy, la ley establece que, en caso de despido sin causa justificada, el trabajador tiene derecho a 30 días de sueldo por año trabajado, con un límite de 11 años.

Los mecanismos de protección laboral se justifican porque, en general, los trabajadores somos más adversos al riesgo que las empresas: valoramos la seguridad y estamos dispuestos a sacrificar algo de ingreso a cambio de estabilidad. Además, tenemos menor acceso al crédito, por lo que negociamos en desigualdad de condiciones, especialmente cuando el desempleo es alto.

Pero las indemnizaciones por años de servicio no son un buen instrumento para nivelar esta asimetría. Primero, son menos efectivas que el seguro de cesantía. Mientras las indemnizaciones dependen del tipo de término del contrato y del tiempo en una misma empresa, el seguro cubre al trabajador en todo tipo de circunstancias, sin penalizar la movilidad ni desincentivar el cambio de empleo. Es decir, las indemnizaciones no son universales ni a todo evento: si una persona renuncia —aunque sea por una mejor oportunidad— no recibe nada. ¿Tiene sentido en un mundo donde cambiar de empleo puede ser la mejor vía para progresar?

Segundo, las indemnizaciones provocan distorsiones en la contratación. Para evitarlas, muchas empresas prefieren vínculos de corto plazo, renovando contratos a plazo fijo. Esto reduce la estabilidad laboral de quienes más la necesitan: los trabajadores jóvenes, con menor experiencia, que quedan atrapados en ciclos de empleo precario. Y el impacto es enorme: 40% de los ocupados en Chile tiene empleos de menos de un año, lo que impide desarrollar trayectorias laborales sólidas, limita el aprendizaje en el trabajo, reduce la productividad y frena el crecimiento de los salarios.

Además, Chile ya tiene un costo de despido alto. Un trabajador con 10 años en una empresa genera un costo cercano a los 10 meses de sueldo, mientras el promedio en la OCDE es de 3,2 meses (ver El Puente: Uniendo Visiones para Retomar la Ruta del Crecimiento en Chile, 2025). Eliminar el tope refuerza esta rigidez, incentivando la contratación informal, que en Chile duplica la de las economías avanzadas.

Es cierto que algunos trabajadores pueden verse beneficiados en lo inmediato con indemnizaciones más altas. Pero ese beneficio se logra a costa de quienes hoy están fuera del sistema o tienen baja productividad. A la larga, este cambio debilita el mercado laboral y perjudica a todos.

Finalmente, eliminar el tope es un error hoy y lo será aún más mañana. La inteligencia artificial y las nuevas formas de empleo están transformando el mundo del trabajo. En este escenario, necesitamos un mercado laboral más adaptativo, no más rígido; con mecanismos que acompañen al trabajador en sus transiciones, no reglas que lo amarren al pasado.

Con todo, el desafío es combinar protección social con flexibilidad y productividad. Eso se logra fortaleciendo el seguro de cesantía, no ampliando las indemnizaciones. Insistir en lo segundo es profundizar la rotación excesiva, la informalidad y la ineficiencia. Es, en definitiva, mirar por el espejo retrovisor justo cuando más urge enfocar el camino hacia adelante.

Por Raphael Bergoeing, académico Escuela de Negocios UAI y CNEP