Como si no tuviéramos suficientes problemas en el desempeño de nuestra economía, uno aún más complejo emerge en el atribulado mercado laboral: el “bono demográfico”, ese que nutre de personas en edad de trabajar, deja de jugar a nuestro favor y entra en su fase final.

La causa es sencilla y contundente: una tasa de fecundidad que no alcanza para renovar la población. No es un fenómeno exclusivo de Chile; lo viven tanto países desarrollados como emergentes.

A propósito de las conclusiones del informe Pensions at a Glance 2025, surge con fuerza la necesidad de abrir en Chile la conversación sobre postergar la edad legal de jubilación. Una idea sensata… salvo para quienes la reciben como sacrilegio. Pero no se trata de jubilar más tarde por deporte fiscal. Es algo más básico: Chile envejece rápido, ahorra poco y vive más.

La aritmética es brutal. Según las proyecciones de Celade, la División de Población de la Cepal, la población en edad de trabajar (15-64 años), como proporción del total, comenzó a descender en 2020, mientras la esperanza de vida continúa al alza. Menos cotizantes, más años de pensión y un sistema que sigue anclado en edades de retiro de 60 y 65, diseñadas para un país que ya no existe.

En la Ocde, 23 de 38 países ya elevaron o tienen legislado elevar la edad normal de jubilación. Dinamarca pasará a 68 años en 2030 y tiene legislado llegar a 70 en 2040, mientras Alemania y Estados Unidos convergen en torno a los 67. No por crueldad gerontológica, sino por supervivencia del sistema.

Y hay otro punto ineludible. El mismo Pensions at a Glance 2025 muestra que la mayoría de los países de la Ocde ya igualó, o está igualando, la edad de jubilación entre hombres y mujeres. Chile, en cambio, mantiene una brecha que ya no conversa ni con la demografía ni con la trayectoria laboral femenina contemporánea, y que además condiciona cualquier discusión sobre cómo y cuánto podremos trabajar en el futuro.

Aquí basta mencionar este tema para que aparezca el grito: “¡Van a hacer trabajar a nuestros adultos mayores!”. La verdadera pregunta es otra: ¿pueden trabajar los mayores en Chile? El tramo de 65 y más mantiene una ocupación por debajo de los niveles prepandemia, en parte por la PGU, y el grupo 55-64 tampoco ha recuperado del todo su empleo.

La diferencia es que varios países han logrado integrar laboralmente a sus trabajadores mayores, mientras Chile sigue ofreciendo trayectorias marcadas por informalidad, alta rotación y brechas de género. Discutimos edades de jubilación en un mercado que, en demasiados casos, jubila a las personas antes que la ley.

La evidencia internacional es clara: elevar la edad legal de jubilación puede aumentar el empleo de los mayores, la Ocde estima efectos de entre 1,5 y 2,3 puntos porcentuales por año adicional, pero ese resultado solo es factible donde existan empleos compatibles para adultos mayores. Chile parece estar lejos de ese estándar. Por eso la discusión, tal como hoy se plantea, parece un ejercicio de voluntarismo tecnocrático: mucha épica previsional, poca economía real.

Chile envejece rápido, ahorra poco y vive más. Pero trata esta realidad como si fuera optativa. No lo es. O ajustamos la edad de retiro de forma gradual y generamos condiciones para que el mercado laboral sea capaz de absorber a los mayores, o seguiremos financiando una ficción: pensiones bajas, gasto creciente y un “júbilo postergado” que nunca llega. La pregunta no es si “haremos trabajar a los adultos mayores”, sino si nuestro mercado laboral les permitirá seguir trabajando mientras el sistema se tensiona en cámara lenta. Lo otro es realismo mágico previsional.

Porque, si seguimos negando la aritmética demográfica y envolviendo el debate previsional en bruma retórica, nuestro sistema terminará pareciéndose demasiado a esa imagen feroz de la canción de Silvio Rodríguez La Maza: un “júbilo hervido con trapo y lentejuela”, una alegría postiza que se arma con brillo barato en lugar de enfrentar la verdad actuarial.

*El autor de la columna es profesor titular UC.