Por estos días se corre el riesgo de olvidar los desafíos estructurales y urgentes que enfrenta nuestro país en materia de niñez.

La violencia estructural que atraviesa nuestra sociedad se manifiesta en abandono, discriminación, problemas de salud mental y desigualdad territorial. El 18,4% de los niños, niñas y adolescentes vive en pobreza multidimensional, enfrentando simultáneamente carencias en educación, vivienda, salud y seguridad, con brechas territoriales alarmantes. Persisten casos de explotación sexual y trata, especialmente en contextos migratorios y de alta vulnerabilidad económica. Todo esto refleja un sistema que actualmente está al debe para garantizar su protección integral.

Este año se conmemoran 35 años desde que Chile ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, un compromiso que exige garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos. Sin embargo, el escenario actual demanda respuestas urgentes, en un contexto donde los entornos de violencia son solo un síntoma de una tendencia más preocupante: la regresión en la protección de derechos.

La Ley 21.430 sobre Garantías de la Niñez, vigente desde 2022, representó un avance histórico al reconocer a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, consagrando principios como el interés superior, la autonomía progresiva y la no regresividad. Pero su implementación ha sido lenta, fragmentada y, en muchos casos, simbólica. Pese a los grandes esfuerzos que se han realizado, pareciera no existir una convicción transversal en que la protección integral es la estrategia idónea para superar las históricas barreras que han enfrentado los niños, niñas y adolescentes.

Uno de sus principios más relevantes —la no regresividad— implica que el Estado debe avanzar y no estancarse en sus esfuerzos por garantizar los derechos reconocidos. Sin embargo, en 2025 observamos retrocesos preocupantes: niños y adolescentes siguen siendo criminalizados, estigmatizados y castigados, sin analizar un abordaje estatal más profundo y reparador para solucionar los problemas relacionados con su derecho a la educación, justicia y protección social. Todo ello, sumado a discursos que promueven retrocesos en materia de derechos humanos, los cuales no solo vulneran estándares fundamentales, sino que abren la puerta a riesgos sistémicos que afectan directamente la democracia, la justicia y la dignidad humana.

Hoy, más que nunca, necesitamos que las buenas intenciones se conviertan en acción, para que la niñez no sea una consigna, sino una prioridad real. Hay que demostrarlo en el presupuesto, en las leyes, en las decisiones judiciales y en toda política pública, sea cual sea su naturaleza. Porque cuando un niño o una niña ve vulnerados sus derechos, se rompe un pacto social en el que todos estamos fallando.

El desafío que enfrentamos es gigantesco. Porque actualmente la niñez no está primero, y los hechos lo evidencian con crudeza. La niñez no puede seguir esperando.

Por Anuar Quesille, Defensor de la Niñez