“Este gobierno no tendrá ningún legado. El Presidente Piñera pasará a la historia como el peor Presidente de los últimos 30 años”, escribía José Antonio Kast en redes sociales a mediados de 2021. En ese mismo espíritu categórico y sancionador, unos meses antes, establecía que los partidos que no eran parte de ese gobierno eran “la peor oposición de la historia”, argumentando que “su único aporte ha sido presentar acusaciones constitucionales”.

Respecto a este último indicador, podemos observar que en estos últimos 4 años los legisladores de su propio Partido Republicano apoyaron 9 acusaciones constitucionales contra integrantes del Ejecutivo, empatando el registro de aquella “peor oposición de la historia”.

Sin embargo, no es allí donde se juega lo que la población percibe. Es en la voluntad de avances concretos para las personas. Así, en diciembre de 2021, el gobierno del Presidente Piñera anunció una política a la que como Ejecutivo, hacía sólo meses, se había opuesto explícitamente cuando la oposición la propuso. Además, estaba en el programa del candidato Boric, que comenzaba a tener chances de salir electo. Hablamos de la Pensión Garantizada Universal.

Así, en plena campaña de segunda vuelta y a tres meses de concluir el gobierno, se lanzaba una política cuyo costo era de casi un punto del PIB. Desde la oposición se cuestionó la sostenibilidad de las fuentes de financiamiento y el entonces senador García Ruminot, futuro ministro Segpres, sostenía que el problema “no era la plata”, y que su aprobación “con voluntad, es perfectamente posible”. Y así fue. Tras el triunfo de Gabriel Boric en las elecciones, indicaciones comprometidas por el gobierno y luego de un debate exprés, se logró aprobar la PGU de forma unánime. La decisión política de la oposición de entonces fue no anteponer un interés político (esperar unas semanas para que la PGU fuese aprobada en la administración Boric) al interés general (que saliera lo antes posible para pagar mejores pensiones).

Ahora, estamos en una situación similar con dos proyectos de alta relevancia: la sustitución del CAE por el FES y la Sala Cuna Universal.

Sobre el primero, se trata de resolver un problema real de financiamiento que deja en una mala posición tanto a estudiantes como al Fisco, que anualmente desembolsa casi un billón de pesos comprando a los bancos carteras de deudas con sobrecargo. Se trata de optimizar los recursos públicos y aprovechar de condonar parcialmente la mochila que muchos no han podido resistir. El resultado sería un ahorro neto de cientos de millones de dólares anuales y cientos de miles de jóvenes, muchos de ellos padres o madres, con un alivio económico significativo cada mes.

Respecto del segundo, entrega una solución concreta a un poco más de 80 mil trabajadores y trabajadoras, casi empatando la actual matrícula de párvulos en nivel de sala cuna. Es un proyecto muy transversal, con apoyo de los gremios y en el que senadores de oposición como Felipe Kast y Rodrigo Galilea han tenido un rol importante para acercar posiciones. Según proyecciones, el Fisco debería aportar cerca de 40 millones de dólares al Fondo de Sala Cuna para su financiamiento.

Sin embargo, la UDI se negó a citar a la comisión de trabajo para resolver este tema, bloqueando que fuera el debate democrático el que resolviera su destino. Fue la vicepresidenta de la UDI, María José Hoffmann, quien diera la fundamentada explicación: “el gobierno se quiere intentar hacer el lindo a última hora, en un proyecto que nunca defendió y que nunca creyó”. Sin embargo, no se quedó allí: “espero que el Presidente Kast lo tome”.

Al ser consultada, Karen Thal de ICARE, declaró que “el proyecto había logrado un equilibrio técnico difícil de conseguir”, sumó que las críticas por el financiamiento eran débiles y apuntó a posibles razones políticas: “tiene que ver con los costos políticos de darle un legado al gobierno de Gabriel Boric”.

En síntesis, el Presidente electo tendrá la última palabra. ¿Logrará ordenar a la UDI, permitiendo destrabar estas urgencias los primeros días de marzo? ¿O pondrán los intereses políticos por sobre el interés general?

Al parecer, habrá que preguntarle al Presidente electo si la competencia por el título de “peor oposición de la historia” sigue abierta.