Hecho 1:

Entre 2008 y 2014, SQM entregó al menos 14 millones 750 mil dólares en “pagos indebidos” a políticos.

Esto es un hecho.

SQM lo reconoció en un acuerdo firmado en 2017 ante la Securities and Exchange Comission (SEC) de Estados Unidos, por violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

Admitió “pagos indebidos” hechos con boletas falsas por servicios no prestados, y donaciones a fundaciones vinculadas a políticos.

Los pagos se hicieron a través de la cuenta del gerente general de SQM, Patricio Contesse, mano derecha del dueño y exyerno de Pinochet, Julio Ponce.

Tras reconocer estas violaciones a la norma, SQM pagó 30,5 millones de dólares a cambio de evitar la persecución judicial en Estados Unidos.

Hecho 2:

Estos pagos se realizaron intencionalmente por fuera de la norma legal, haciendo trampa en las elecciones, y beneficiando a políticos desde la UDI al PS.

Esto es un hecho.

Lo confesó el propio Contesse ante la Fiscalía chilena. “Estimé que era necesario apoyar la actividad política bajo cierto marco que iba más allá del Servel”, dijo, refiriéndose a los límites legales del financiamiento a la política. SQM ayudó a políticos a hacer trampa en las elecciones, recaudando y gastando más dinero del que la ley permitía.

Los políticos vinculados a las boletas falsas eran militantes de la UDI, RN, la DC, el PPD, el PRI, el PRO y el PS.

La Fiscalía llegó a un acuerdo con SQM, por una multa de $2.550 millones, menos de la décima parte de lo pagado en Estados Unidos por una empresa chilena que financió a políticos chilenos en Chile mientras obtenía beneficios legislativos en el Congreso de Chile y firmaba ventajosos acuerdos con el Estado de Chile.

Hecho 3:

Los pagos irregulares de SQM financiaron campañas presidenciales, pero todos los condenados fueron personajes menores.

Esto es un hecho.

10 personas fueron condenadas por emitir boletas falsas, y 132 imputados aceptaron una salida alternativa.

Entre los condenados están Giorgio Martelli, recaudador de fondos para las campañas de Eduardo Frei en 2009 y Michelle Bachelet en 2013, quien reconoció haber recibido $342 millones desde SQM a través de facturas falsas, para ambas campañas. La contadora de Frei, Clara Bensan, también fue condenada.

Todos son personajes menores, con penas menores: Patricio Rodrigo ayudó a canalizar $57 millones de SQM al PPD. Humberto de la Maza, al PRI, por $164 millones. Claudio Eguiluz de RN confesó boletas irregulares por $125 millones. Y Sebastián Pizarro, hijo del exsenador DC Jorge Pizarro, fue condenado por emitir boletas falsas por $45 millones.

La Fiscalía tenía pruebas de que, de ese dinero, al menos $28 millones fueron traspasados al senador por su hijo. Pero la Corte Suprema se negó a desaforarlo, y la Fiscalía solo pudo perseguir al hijo - intermediario.

Hecho 4:

La gestión de Pablo Longueira permitió a SQM redactar un artículo de la Ley de Royalty que la beneficia directamente.

Esto es un hecho.

SQM le entregó más de $700 millones a una red de “boleteros” y fundaciones relacionadas con Longueira.

En paralelo, en 2010 el entonces senador envió a Contesse el proyecto de Ley de Royalty que estaba preparando el ministerio de Minería. Contesse le contestó que ese proyecto “es una burla”, porque permitía acogerse al beneficio de la invariabilidad tributaria solo a empresas chilenas que ya tuvieran convenios vigentes.

Contesse explicó por mail a Longueira que “la nueva disposición legal que se pretende aprobar no se aplicará a SQM”, y ordenó al senador que “la omisión indicada debe ser solucionada”. Para ello, adjuntó un texto ya redactado que arreglaba el problema.

El senador hizo su trabajo, y el nuevo proyecto, impulsado por el gobierno de Piñera, incluyó casi textualmente la norma ordenada por Contesse. Esta fue aprobada por el Congreso, como el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Royalty.

Luego Longueira asumió como ministro de Economía, y firmó con SQM los contratos de invariabilidad tributaria en beneficio de la empresa, gracias al artículo que la misma empresa le había ordenado gestionar.

En 2025, Longueira fue absuelto del delito de cohecho. El tribunal estimó que su acción “no se efectuó en el ejercicio de las funciones propias del cargo de senador”, ya que se hizo “sin emplear correos institucionales ni indentificarse como senador durante la realización de tales gestiones”.

Efectivamente, Longueira mandó los correos desde su Hotmail, no desde el mail oficial del Senado, y no los firmó como Senador de la República.

Hecho 5:

Al menos otras 28 empresas también financiaron ilegalmente a políticos, pero esos casos no pudieron ser perseguidos debido a la intervención política del Servicio de Impuestos Internos.

Esto es un hecho.

Cuando la investigación de los fiscales Gajardo y Norambuena amenazaba revelar todos los casos de dineros ilegales, el gobierno de Michelle Bachelet destituyó a las máximas autoridades del Servicio de Impuestos Internos, y puso a la cabeza a Fernando Barraza.

Él se negó a seguir presentando querellas por delitos tributarios, sin las cuales la Fiscalía no podía investigar. En cambio, Barraza permitió que las empresas involucradas rectificaran los pagos indebidos y pagaran multas, por un total de $3.700 millones.

Entre esas boletas, escamoteadas de las manos de la justicia, había pagos a la campaña presidencial de Michelle Bachelet y a personas ligadas a Sebastián Piñera.

Barraza fue recompensado por su diligente labor, y se mantuvo al frente del SII entre 2015 y 2022, ratificado en el cargo por -precisamente- Bachelet y Piñera. En mayo de 2025 fue nombrado por el ministro de Hacienda como consejero tributario del SII.

Hecho 6:

Contesse confesó que negoció montos directamente con Marco Enríquez – Ominami.

Esto es un hecho.

Según Contesse, en 2009 se reunió con ME-O. “Marco me solicitó una cantidad determinada y negociamos el monto”, confesó. ME-O le dijo “que iba a utilizar las facturas de la empresa del señor Cristian Warner”.

SQM entregó un pago mensual a Warner, secretario general del partido de Marco, entre 2009 y 2014, por un total de $420 millones, sin que fuera el pago por ningún servicio. “Marco sabía el mecanismo”, confesó Contesse.

En 2025, tanto Enríquez-Ominami como Warner fueron absueltos. Contesse, pese a estar confeso de pagar boletas falsas para financiar irregularmente a políticos, también fue absuelto.

…

Tras el fallo, Longueira se definió como “el político más perseguido de Chile”. Enríquez-Ominami acusó que “esto fue una operación política” y “una persecución para destruir una carrera”.

Esas son opiniones. Los otros son hechos, porfiados e indesmentibles hechos.