Quizás convenga partir por lo primero: el cable chino no es una idea chilena. Es una idea china, promovida por una empresa china, que tiene estrechos lazos con el gobierno chino y, por lo tanto, con el Partido Comunista chino y, por lo tanto, como le gusta tanto decir a la Casa Blanca, con el Ejército Popular de Liberación. Así lo confirma la intensa actividad de lobby desarrollada por representantes de la empresa China Mobile International, incluyendo las invitaciones a China, con gastos pagados, para personeros del gobierno chileno. Esto puede indicar cuánto sobra la morralla soberanista y nacionalista que ha tendido a rodear este caso. Como atinadamente ha recordado Marisol Peña, “hoy no es posible invocar la soberanía sin matices” en asuntos que pueden tener repercusiones globales. El mundo es menos simple de lo que solía ser.

También sobra la discusión acerca de si el gobierno ocultó información o no. La ocultó, sin duda alguna. Y si no fuera por la prensa, que ha ido develando diversos aspectos como se deshoja una alcachofa, se sabría mucho menos de lo que hoy se sabe. Y eso, suponiendo que lo que hoy se sabe es todo lo que hay que saber. Peor aún: el gobierno se ocultó información a sí mismo, lo que significó meter al canciller, a la vocera y a otros actores del gobierno en afirmaciones que muy pronto no se podrían sostener.

La peor situación ha sido la del ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, a quien se le reconocía haber llevado una de las mejores gestiones sectoriales del gobierno. Muñoz dijo que la concesión del cable chino estaba en sus fases iniciales, mientras su subsecretario, Claudio Araya, afirmaba que en verdad estaba en “la recta final”. Muñoz tendría razón en teoría, porque la solicitud china fue ingresada en noviembre; era difícil imaginar que se tramitaría en el tiempo récord de tres meses, un plazo que dudosamente habrá experimentado algún empresario chileno en estos cuatro años. El problema es que dos días después se supo que Muñoz había firmado el decreto aprobando la concesión.

La otra repartición que debe aprobar parte del paquete, la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, a cargo de Galo Edelstein, recibió a fines de enero la petición china para operar en aguas jurisdiccionales. Esta última decisión es más gravosa, porque sí envuelve una visión de la seguridad nacional. ¿Puede considerarse accidental que la totalidad de la maniobra haya quedado en manos de militantes comunistas?

Cualquiera fuese el partido, la pregunta sería la misma: ¿Qué incentivos han tenido estos funcionarios para llevar adelante este proceso?

Este asunto es importante, porque hace por lo menos siete años que los altos funcionarios del gobierno chileno saben que el cable chino es una línea roja para el gobierno de Donald Trump. En abril de 2019, el entonces secretario de Estado Mike Pompeo reprogramó una gira por Sudamérica sólo para pasar por un día a Santiago, a advertir al gobierno de Sebastián Piñera que un cable transpacífico planeado por Huawei sería una amenaza para Estados Unidos. Meses después, el cable (aún en construcción) se dio en concesión a Google y su aterrizaje se rediseñó para Australia, no para China.

De modo que autorizar un segundo cable, que necesariamente ha de conectarse con los que llegan a Estados Unidos, sería algo similar o peor al que entonces se suspendió. Una decisión sigilosa y opaca como la que estuvo en curso en estos meses en el Ministerio de Transportes sería vista, inevitablemente, como una provocación. Si los funcionarios no lo sabían, son poco competentes. Si lo sabían…

Es posible que Trump esté infiriendo a Estados Unidos un daño de largo alcance a sus relaciones con América Latina con su obsesión por contener a China en las telecomunicaciones y en la logística, como sucede en Perú con el puerto de Chancay, en Panamá con las inversiones chinas en la zona del Canal, o en Costa Rica con las autorizaciones para inversiones de Huawei en electricidad y redes 5G.

Lo que no es responsable es hacer como si la tensión entre China y Estados Unidos no existiera y se pudieran tomar decisiones lesivas para uno u otro bajo el amparo de una burocracia oscura y hermética. El extremo interés del gobierno chino en tender un cable con perfecto conocimiento de la posición de Washington debería ser una señal de alerta.

Tampoco es exacto que la decisión de Estados Unidos de sancionar a tres funcionarios chilenos con el retiro de sus visas sea una advertencia para el futuro gobierno de José Antonio Kast. No parece que Kast necesite esas advertencias. Pero sí estuvo a punto de ocurrir que el gobierno de Boric completase la tramitación de la concesión y le dejara a Kast un monstruoso lío de política exterior. No lo detuvo el sentido de responsabilidad del gobierno, sino el anuncio agresivo de Washington. ¿O es que Boric tampoco sabía nada?