La cuestión migratoria se ha convertido en un eje estructural de la política nacional. Su impacto electoral reciente confirma que los chilenos la perciben como un tema que afecta su seguridad, su vida cotidiana y la cohesión social. Ante el cambio de gobierno, es necesario reafirmar principios y políticas que orienten una respuesta seria, humana y responsable.

Urge distinguir entre migrantes y refugiados. El migrante se mueve por esperanza e incentivos; el refugiado huye por temor y requiere un marco estricto. Cuando ambos conceptos se confunden, se debilita la capacidad regulatoria de los Estados y aumentan abusos, como el “refugio a la carta”.

Chile debe recuperar una tradición migratoria regulada, con visas o permisos otorgados fuera del territorio. Quien ingresa irregularmente quebranta ese pacto y dificulta una integración virtuosa. Se requiere, por tanto, una política de Estado que abarque desde el control de fronteras hasta la integración, pasando por expulsiones, reconducciones, funcionamiento institucional y participación del Poder Judicial y el Ministerio Público. Países que no han integrado adecuadamente a sus migrantes muestran los costos intergeneracionales de actuar tarde.

La situación chilena exige clasificar a la población migrante: los regulares, que deben integrarse plenamente mediante educación; los irregulares que ingresaron por pasos no habilitados, quienes deben salir del país; y los irregulares cuya permanencia se debe a fallas institucionales previas, grupo respecto del cual Chile tiene responsabilidad.

Las correcciones necesarias deben articularse en ejes: represión delincuencial, combate al ingreso irregular, fortalecimiento del régimen de visas tramitadas desde el extranjero e integración, etc. Estas medidas requieren cooperación carcelaria internacional, reforma del Servicio de Migraciones, aplicación estricta de la ley y consolidación de un sistema de visas coherente, libre de presiones globalistas.

Junto a una política definitiva, debe existir una política provisional. La reciente acumulación de migrantes en la frontera chileno-peruana exige una salida humanitaria y ordenada. Entre diciembre y marzo, los gobiernos entrante y saliente podrían implementar un programa que otorgue permisos de salida gratuitos a quienes ingresaron irregularmente o extendieron su estadía. Ello permitiría retornos aéreos sin concentrar traslados en Arica y facilitaría el reencuentro familiar. Debe evaluarse si este permiso incluirá prohibición de reingreso, decisión que requiere sentido de Estado.

Chile necesita recuperar el control de su política migratoria sin renunciar a su tradición. Solo una combinación de principios firmes y ejecución eficaz permitirá restablecer la confianza ciudadana y asegurar una convivencia futura basada en reglas claras, respeto y realismo.

Por Teodoro Ribera, rector Universidad Autónoma de Chile y ex ministro de Relaciones Exteriores