La reciente exposición de la ministra de Energía en la Comisión de Minería y Energía del Senado no solo dio cuenta de avances, sino que delineó con claridad las prioridades de una nueva etapa en el proceso de transformación energética del país, que con propiedad puede denominarse una transición energética 2.0.

Chile ha sido reconocido transversalmente por su liderazgo en energías renovables. En pocos años, transitamos desde una matriz altamente dependiente de combustibles fósiles hacia un sistema con fuerte penetración solar y eólica. Sin embargo, el principal desafío ya no radica en la capacidad de generación, sino en la capacidad del sistema para transmitir, distribuir y gestionar esa energía de manera segura, eficiente y equitativa.

En este contexto, la situación del sistema de distribución eléctrica aparece como la urgencia más evidente para el sector energético. Cortes prolongados, baja resiliencia frente a eventos climáticos, infraestructura envejecida y un marco regulatorio que no siempre ha incentivado la inversión oportuna terminan por afectar directamente a las personas. La transición no puede medirse solo por la capacidad instalada o los precios —cuyas alzas responden, en parte, a prolongados congelamientos tarifarios—, sino también por la calidad del servicio que reciben hogares, pymes e industria.

A ello se suma la necesidad de una modernización integral del sector. Los marcos regulatorios vigentes, diseñados para un sistema centralizado, deben adaptarse a nuevas realidades: generación distribuida, almacenamiento, electromovilidad, redes inteligentes y usuarios activos. Esta actualización no es solo técnica, sino habilitante para la inversión y la innovación.

Desde la perspectiva del crecimiento, la energía debe seguir siendo un motor de desarrollo para nuestro país. Para ello, la certeza regulatoria, la planificación a largo plazo y la coordinación público-privada resultan indispensables. La transición energética no puede percibirse como una carga, sino como una oportunidad para dinamizar la economía y fortalecer el desarrollo regional.

Asimismo, la viabilidad de los proyectos energéticos depende cada vez más de su aceptación social. Ello exige diálogo temprano con las comunidades, altos estándares ambientales y procesos institucionales ágiles, pero legítimos. Reducir la conflictividad sin debilitar las garantías es parte esencial de esta nueva etapa.

Como Parlamento, tenemos una responsabilidad ineludible. Las prioridades identificadas requieren respaldo legislativo, acuerdos transversales y una visión de Estado. Mejorar la distribución, fortalecer la resiliencia del sistema, actualizar la regulación y facilitar la inversión son tareas urgentes. La energía es un insumo crítico: cuando falla, sus efectos sociales y económicos son inmediatos.

La Transición Energética 2.0 no consiste solo en cambiar tecnologías, sino en construir un sistema más confiable y moderno. La agenda planteada va en la dirección correcta. El desafío ahora es avanzar con decisión desde el diagnóstico hacia la ejecución.

Chile ha demostrado capacidad de liderazgo. Consolidarlo exige que esta transición sea también segura, equitativa y promotora del crecimiento del país. Esa es la tarea que tenemos por delante.

Por Paulina Núñez Urrutia, presidenta del Senado y Jorge Alessandri Vergara, presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados.