Mochila al hombro, Iván Poduje sale raudo de su oficina, ubicada en el cuarto piso del Ministerio de Vivienda, en el centro de Santiago. Acaba de terminar una reunión con cuatro alcaldes y un diputado de la Región de Los Lagos, y tiene en agenda tomar un vuelo que lo llevará a Concepción para visitar Lirquén -epicentro de los incendios de enero pasado-, de donde volvió ayer sábado. La reconstrucción de esa zona y la de Viña del Mar, que fue azotada por el fuego en febrero de 2024, es claramente una prioridad en su gestión como jefe de esa cartera. Tan así, que la primera gran iniciativa legislativa del entrante gobierno de José Antonio Kast tomó prestada la palabra “reconstrucción” para amarrar varias normas, una de las cuales busca inyectar $ 400 mil millones al Fondo de Estabilización Transitorio (FET) para financiar esos trabajos que, compromete, terminarán antes de cinco años.

Pero el urbanista tiene también otra cosa entre manos. Dice que el presupuesto 2026 del Minvu está comprometido en un 97% por causa de deudas de arrastre. Y que esa situación, sumada a la exigencia de un recorte de 3% que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, realizó a todas las carteras, lo llevó a echar pie atrás a tres proyectos emblemáticos que vienen del gobierno anterior: la expropiación de Colonia Dignidad y del Club Hípico de Punta Arenas, y la construcción del último tramo de la ciclovía del Eje Alameda-Providencia. Además, buscará recuperar un porcentaje de lo que el Estado desembolsó para expropiar parte de la Megatoma de San Antonio, en conjunto con la ofensiva que ya comenzó el Consejo de Defensa del Estado el 23 de marzo. “No puedo comprometer el financiamiento de los programas de vivienda que tenemos. Y solamente se puede reducir nuestro presupuesto por la vía de proyectos que son faraónicos, que no se justifican, que son muy caros o extremadamente complejos”, dice.

El Presidente Kast dijo que la situación fiscal está peor de lo que esperaban. ¿Qué encontraron ustedes?

Lo mismo. Mucho peor, y además con un presupuesto comprometido en su 97% por deudas de arrastre. Esto nunca se nos dijo, nunca se anticipó. Fue un tremendo golpe cuando nos dimos cuenta, porque las cuentas del ministerio son muy complejas, ya que trabaja con presupuestos de proyectos que tienen varios años. En este caso nos traspasaron una deuda que equivale a casi todo un presupuesto completo.

¿Y se trata sólo de proyectos habitacionales?

El presupuesto está muy cargado al DS49, a las compras de terrenos que son muy caros. Pero también incluye proyectos que son una locura, por ejemplo, la expropiación del Club Hípico de Punta Arenas, que vale $ 22 mil millones. Hemos hecho una serie de ajustes, cosas que no vamos a hacer. Lo que estamos haciendo es priorizar los recursos en función de las necesidades sociales.

¿Cómo, en este escenario, van a abordar el recorte de 3% que solicita el ministro Quiroz?

Justamente eliminando estos proyectos que de alguna forma no son prioritarios y otros que están en cartera que estamos revisando. Son iniciativas de inversión, algunos proyectos medio faraónicos. Y vamos a tener que reducir los costos de estudios, en convenios de universidades, reducir los costos de los convenios, los honorarios.

Este gobierno tiene sobre sus hombros demostrar que no va a recortar beneficios sociales. Eso rebota directamente en su ministerio...

No puedo comprometer los programas de vivienda que tenemos. Y solamente se puede reducir el presupuesto por la vía de lo que he comentado, proyectos que son faraónicos, que no se justifican, que son muy caros o que son extremadamente complejos.

Por esa vía vamos a reducir, y hay un acuerdo con el ministro Quiroz que no se va a comprometer ninguno de los beneficios sociales de los planes habitacionales, ni tampoco la reconstrucción, que tiene un financiamiento distinto, pero que en Concepción lo estamos financiando con recursos regulares. Porque no se ha aprobado la ley FET y, por lo tanto, en un solo proyecto en Concepción de la reconstrucción me estoy gastando el 90% de todos los fondos de la Región del Biobío para viviendas vulnerables.

¿El ministro Quiroz entiende el tema social? ¿Entiende que es relevante no tocar ese foco?

Por supuesto que lo entiende. Tenemos una estupenda relación con el ministro Quiroz. Ha sido muy fluida. Y, además, estamos empujando medidas que permitan desburocratizar, que es una prioridad que ambos compartimos. El ministro Quiroz lo ha entendido perfecto. Y si eso implica evaluar algunos ajustes, tendrán que evaluarse. Nosotros podemos frenar estos proyectos faraónicos. La ciclovía del gobernador Orrego, bueno, que la financie él, tiene recursos de sobra, pero nosotros no los tenemos.

Colonia Dignidad: “Cero ideología”

Hablemos de los proyectos que ya decidieron echar pie atrás. ¿Cuántos son y sobre la base de qué se definió?

Ya tenemos cuatro definidos -Colonia Dignidad, el Club Hípico de Punta Arenas, la ciclovía de la Alameda y recuperar parte de lo que se pagó por la expropiación de la Megatoma de San Antonio. Estos equivalen casi al 25% de todo el plan de reconstrucción del Biobío.

¿Y sobre la base de qué se eligen estos cuatro proyectos?

Estos son cuatro de muchos. Tenemos una instrucción del ministro Quiroz de hacer recortes. Y tenemos, además, un déficit de arrastre. Entonces, claro, tenemos que lidiar con eso. Y yo no voy a dejar de hacer viviendas para hacerle una ciclovía al gobernador Orrego.

Tampoco voy a dejar de hacer viviendas para expropiar una localidad completa a un costo exorbitante, cuando con esos mismos recursos puedo hacer 600 o 700 viviendas, reparar viviendas que faltan.

Respecto de todos ellos, ¿se van a revocar decretos?

Vamos a reversar el tema de la expropiación de Colonia Dignidad y dictaremos un decreto que revoca al que dio origen al plan. Nos están pidiendo recursos para tasarlo. Nosotros no vamos a hacer eso, porque no tenemos los recursos y, además, porque implica básicamente expropiar una localidad completa que ya tiene casas, viviendas, una zona urbana. Eso no se ha hecho nunca.

¿Se reunió con los colonos? Muchos estaban en contra de esta iniciativa que buscaba crear un sitio de memoria...

No.

Este es un proyecto de 117 hectáreas que aún no han sido tasadas. ¿Cuál es la estimación de su precio?

Tenemos una estimación que solamente la parte urbana son $47 mil millones de pesos. No los tengo. Con esa plata puedo arreglar 1.500 viviendas que están en mal estado. Puedo mejorar 60, 70 canchas que hoy están abandonadas, donde los niños no pueden jugar. Entonces, gobernar es priorizar. Y nosotros trabajamos en función de las prioridades sociales de nuestros vecinos. Si nos sobra plata, bueno, podremos hacer estas cosas. Y quizás otros ministerios tienen los recursos para seguir con ese proyecto.

¿No responde a un tema ideológico de parte del gobierno?

No, nada, cero ideología. Es puro criterio de prioridad social.

¿Y qué señal se le da al mundo de los derechos humanos con esta decisión?

Que estamos velando por los derechos humanos de nuestros vecinos. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo se dedica a hacer casas, a mejorar la ciudad y a hacer barrios. Ese es su foco. Y los derechos humanos que están siendo vulnerados hoy son los derechos humanos de los niños que viven hacinados y que por culpa de eso sufren de violencia intrafamiliar.

Ya, pero estamos claros que va a haber una mala recepción en el mundo de las organizaciones de derechos humanos...

Bueno, ellos pueden pedirle a otro ministerio que lo haga. O un organismo internacional, no sé. ¿Me entiende? El punto es el siguiente: nosotros, con los recursos que tenemos, tenemos que atender las prioridades que tenemos. Este proyecto no tiene nada que ver con nuestra agenda. La ciclovía de la Alameda la puede financiar el mismo gobernador o el Ministerio de Transportes. Yo tengo que construir colectores, porque las fecas de los vecinos del Campamento Manuel Augusto, que ya va a ser barrio, están contaminando parques que usan los niños. Esa es mi prioridad. Si usted me pregunta si yo prefiero evitar que las fecas caigan sobre parques que hacer una ciclovía..., no tengo dónde perderme. O expropiar el Club Hípico de Punta Arenas para hacer un proyecto faraónico también, que cuesta $22 mil millones.

Nuevo plan para la Megatoma de San Antonio

¿Cómo busca recuperar parte del dinero que se destinó al pago de la expropiación de la Megatoma de San Antonio? ¿Ese pago ya se ejecutó?

Sí, el cheque se giró a fines de diciembre de 2025. Nosotros consideramos que se pagó mucha plata ($ 11 mil millones). Y en segundo lugar, vamos a iniciar la investigación para saber quién organizó la toma, quién pagó la topografía, la arquitectura. Esta toma fue diseñada, acá hay profesionales que trabajaron, hubo camiones, logística. ¿Por qué el propietario permitió esto? ¿Por qué no lo paralizó a tiempo? Todo eso tenemos que investigarlo.

Pero en términos de la negociación que se llevó adelante por el Ministerio de Vivienda con los dueños del terreno, los dueños querían un monto más alto del que finalmente se pagó...

Se pagó carísimo. Nosotros pensamos que ese terreno, en las condiciones en que está, sin factibilidad sanitaria, de escasa infraestructura, sin urbanización, no puede costar los $ 11 mil millones que se pagaron. Y estamos muy de acuerdo en que el Consejo de Defensa del Estado busque que se aplique una reducción del pago a $4 mil millones.

Nosotros estamos apoyando esa iniciativa. Y, además, dado que ya se expropió ese terreno, lo mínimo que podemos hacer es que ahí se pongan las familias que estaban antes en la fila en San Antonio.

¿Eso implica sacar a las familias que están ahí ahora?

Si esas familias están después de la fila, se tienen que ir, obviamente. Esas casas no tienen permiso, son todas ilegales. Tenemos que volver a imponer condiciones básicas de urbanidad, de respeto por la ley, por las normas, que se han perdido totalmente. Esta es una ciudad informal que creció sin ningún tipo de control. Además, son cinco las tomas. Estamos hablando de dos solamente. Y tengo a miles de personas que están haciendo la fila, hacinadas, pagando arriendos carísimos, que miran cómo el gobierno prioriza a la gente que toma terreno y no a la gente que hace la fila.

Según el plan original, uno de esos terrenos -de 100 hectáreas- se iba a expropiar para impulsar un proyecto habitacional para las familias que ahí viven...

Son dos terrenos distintos. Uno que vamos a desalojar como ordene la justicia. Y otro que se expropió. Y en el que se expropió no hay ningún plan. Hay promesas electorales, o políticas, que no tienen fundamento ni apego a la realidad. Son casas con terrenos de 500 metros cuadrados, cuando se están entregando a familias que postulan terrenos de 100 metros. No puedo permitir eso por justicia, por equidad. Y, además, no puedo darles a esas personas, que se tomaron un terreno hace siete años, preferencia sobre personas que están hace 10 años esperando en sus casas y sin tomar terrenos. Vamos a hacer un plan de urbanización, pero que considere la prelación, que es el orden de prioridad que tenían las familias para postular.

¿Y han calculado cuánta gente tendría que salir de ese terreno?

No hemos calculado todavía. Estamos en conversaciones con los comités de vivienda, sí. Yo he ido ya dos veces a San Antonio, reafirmando la promesa del presidente que nadie salta la fila en nuestro gobierno. Y así va a ser.

Son medidas drásticas, ministro...

Bueno, nos eligieron para eso, ¿no? A nosotros no nos eligieron por lindos, al menos en mi caso. A mí el presidente me nominó por mis capacidades, porque tengo un cierto carácter para empujar las cosas que no son fáciles.

¿Aunque implique tensionar el ambiente con vecinos, con distintos grupos de ciudadanos?

Mire, la mejor forma de no tensionar el ambiente es tener un despliegue en terreno, que es lo que hemos hecho desde el primer día, incluso ya antes de asumir. Y hablando con los vecinos, diciendo la verdad, por dura que sea. Entonces, claro, uno se expone al tomar estas decisiones a mayores complejidades, pero son puntuales. Creo que, en general, la población ha recibido muy bien lo que estamos haciendo.

Las últimas decisiones -drásticas- del gobierno han producido una caída en la aprobación importante. ¿No le preocupa? No llevan ni tres semanas.

No, porque si nos preocupara eso no podríamos hacer nada. Estaríamos pendientes de eso. Esta caída ha ocurrido por una situación coyuntural. Pero las medidas que estamos tomando se van a ver reflejadas en una mejoría. No solo vamos a mejorar la entrega de viviendas respecto a lo que se hizo en el pasado. Vamos a entregar viviendas en tiempo más corto. Vamos a intervenir barrios que están tomados por el narco hace décadas en Quilicura, en Viña del Mar, en Talca. Y esos efectos se van a ver, no me cabe duda, en la popularidad del presidente y del gobierno.

¿En cuánto tiempo más?

No sé, no soy experto electoral.