El presidente del Senado, Manuel José Ossandón, respondió las críticas de la Federación de Asociaciones del Congreso Nacional (Fedecon) por el proyecto que impulsa el militante de RN para regular los sueldos millonarios entre los trabajadores administrativos del Parlamento, algunos de los cuales incluso superan la dieta presidencial bordeando los $18 millones mensuales.

Ossandón manifestó en su cuenta de Instagram que “lo que estamos haciendo es crear una nueva planta funcionaria, con remuneraciones distintas para quienes lleguen en el futuro, no para los actuales trabajadores. Es importante que los funcionarios entiendan que no pueden vivir en una realidad paralela al resto de los chilenos".

Asimismo, defiende que “mantener la estructura actual es una bomba de tiempo que tarde o temprano va a explotar ”.

La iniciativa busca ajustar la remuneración de los funcionarios mediante un mecanismo que pase a una planta de extinción a los empleados que reciben supersueldos. Es decir, en la medida en que renuncien, jubilen o fallezcan, sus vacantes no serán reemplazadas. En su lugar, Ossandón propone ocupar los cargos con una nueva planta que no supere la renta del Presidente de la República: $5.754.469 líquidos.

Pese a que el senador defiende que el proyecto recoge los principios de austeridad y conexión con la ciudadanía, los funcionarios reclaman que se han quebrado las confianzas y critican que la iniciativa “no cuenta con asesoría jurídica especializada, presenta graves problemas de diseño legislativo, desconoce las particularidades del trabajo de los funcionarios del Congreso Nacional y carece de los antecedentes técnicos para fundar una medida que, a todas luces, menoscaba y afecta gravemente las remuneraciones de los funcionarios de la Cámara de Diputados, del Senado y de la Biblioteca del Congreso Nacional”.

Además, reclaman que los mecanismos de control deben extenderse a otras instituciones. Emplazamiento que recoge el senador: “Coincido con ellos en que también hay que intervenir otros órganos del Estado, como por ejemplo el Consejo de Defensa del Estado o el nuevo Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) que tienen sueldos desproporcionados a la realidad del resto de la administración pública".