Al duro impacto emocional que dejó el terremoto que azotó a nuestro país en febrero de 2010, con centenares de fallecidos y desaparecidos, se sumó el importante daño económico que causó el fenómeno en la actividad productiva chilena durante los meses posteriores.

Esto, considerando que la infraestructura del país quedó seriamente afectada, sin poder cumplir con las jornadas normales de trabajo.

De hecho, una encuesta realizada por la Asociación de Exportadores de Manufacturas y Servicios (Asexma) a comienzos de marzo, revelaba que de 70 compañías consultadas, solamente un 45% operaban normalmente tras el terremoto,  mientras que el resto acusaba los efectos del daño estructural.

Asimismo, se vieron afectadas 4.654 escuelas con daños severos, 175 hospitales afectados e innumerables daños logísticos viales.

Con esto, la economía nacional, que venía mostrando  positivas cifras en el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) tras la recesión de 2009, se vio fuertemente impactada en el tercer mes del año, anotando una contracción de 0,1% por lo que el gobierno, recién entrante, tuvo que tomar medidas para financiar la reconstrucción.

En este sentido, la primera propuesta incluyó un alza transitoria (que después se mantuvo) a los impuestos de las empresas desde el 17% a 20%, junto con un aumento del royalty a la minería, y alzas en los impuestos del tabaco, con lo que se recaudó US$3.625 millones.

 Asimismo, la administración de Sebastián Piñera creó en mayo de ese año el Fondo Nacional para la Reconstrucción, que daba incentivos tributarios para las donaciones permitiendo reconstruir iglesias, y escuelas, entre otros.

 Con todo, el costo total del terremoto se estimó en cerca de US$30.000 millones, equivalente a un 18% del PIB, mientras que el costo de la reconstrucción de la infraestructura pública quedó cifrado en US$8.000 millones.

Además, se crearon reformas orientadas a acelerar el crecimiento económico en el marco de la Ley de Financiamiento de la Reconstrucción, como el 14 quáter y la rebaja del impuesto de timbre y estampilla, con lo que finalmente el ejercicio terminó con la mayor expansión en 5 años (5,8%).