La Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, junto a un grupo de dirigentes de gremios mineros, se presentó este miércoles ante la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados. El objetivo de la sesión fue discutir los alcances y los eventuales perjuicios que la Ley 21.600 —que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas— podría generar en el sector de la pequeña minería, a propósito del proceso de declaración de sitios prioritarios, actualmente en consulta pública.

La iniciativa genera preocupación en el sector privado por su futura su puesta en marcha y Medio Ambiente puso en consulta pública los listados de sitios prioritarios de las macrozonas norte, centro y sur.

Al final de la comisión, la ministra se comprometió a aumentar el plazo del proceso de consulta ciudadana que vence, para la macrozona norte, este viernes 17 de octubre.

Durante la sesión, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, manifestó su preocupación por el proceso de consulta pública. Señaló que han solicitado a dicha cartera una prórroga en los plazos para emitir observaciones, debido a la sobrecarga de procesos abiertos actualmente.

“El ministerio mantiene abiertos nueve procesos de consulta, lo que hace inviable que cualquier entidad pueda abordarlos adecuadamente”, advirtió Riesco.

“Hay una falta de antecedentes. Si bien se han hecho consultas públicas desde fines de 2024 hasta este año, muchos de nuestros asociados consideran que han sido verdaderos simulacros de consulta. No ha sido una consulta realmente informada, ya que no se han entregado todos los antecedentes necesarios”, explicó.

“Aquí de lo que se trata es de castigar el extractivismo una vez más y volvemos entonces a los principios de este gobierno, en donde estábamos discutiendo si teníamos minería o no. Y yo creo que a esta altura esa discusión está zanjada”, denunció.

Riesco dijo que aún faltan análisis más profundos sobre los efectos concretos que esta ley podría tener en los pequeños productores mineros, destacando la necesidad de un diálogo más transparente y con información completa.

“Tenemos 301 faenas o instalaciones afectadas en la macrozona norte y centro. De ellas, 62 se ubican en la macrozona norte y 239 en la zona centro. Solo en la zona norte hay 755.000 hectáreas afectadas por esta declaración, lo que representa prácticamente el 60% de la región”, detalló.

También señaló que seguir discutiendo sobre los mapas carece de sentido, ya que la pequeña minería tiene una dinámica particular: su ubicación cambia con frecuencia, dependiendo de dónde se encuentren los recursos. Explicó que cuando una veta se agota, la actividad se traslada a zonas cercanas, lo que no siempre coincide con las autorizaciones preexistentes.

Añadió que se cometieron errores al definir las áreas protegidas, lo que ha provocado diversos conflictos. Como ejemplo, mencionó el caso del sitio prioritario del desierto florido, cuya extensión fue ampliada considerablemente en relación con el área originalmente delimitada, afectando a 53 puntos de actividad productiva dentro de esa zona.

Descargos

Frente a los cuestionamientos del gremio minero la ministra Maisa Rojas contestó: “Hemos venido acá y estamos completamente abiertos a seguir discutiendo,pero por favor no me diga que el proceso no ha sido transparente. Yo creo que no corresponde. Le demostramos acá cuáles han sido los criterios que hemos usado, cuál ha sido el proceso, cuáles han sido las tres instancias de participación”.

“Hay un expediente público. Entonces yo no quisiera dejar pasar que me digan que esto no ha sido transparente. Inquietud, duda, totalmente disponible, y nosotros estamos totalmente disponibles si alguno de los diputados nos quiere ayudar a tener más conversaciones, para eso está el director aquí”, agregó.

“La actividad existente con sus permisos, sea una RCA o los permisos sectoriales, sigue estando vigente. Así que no hay afectación”, concluyó.