Una de las familias vascas más tradicionales del país está hoy en pie de guerra. Problemas de dinero mantienen enfrentados a los accionistas del reconocido holding de alimentos IPAL, los De Aretxabala.

El pasado 8 de junio, Kepa de Aretxabala Etchart; sus hijos Kepa y Manuel José de Aretxabala Herazo; su señora Sonia Herazo, además de Nelly Pinto y Sergio Hidalgo Herazo -primo de los De Aretxabala Herazo-, junto a los socios de Bodegas San Francisco (BSF), Arturo Salvatierra y José Silberberg, fueron formalizados por los delitos de contrato simulado en perjuicio de terceros por $ 8.145 millones; fraude procesal, por $ 1.334 millones y apropiación indebida ascendente a $ 2.139 millones; investigación derivada de una querella presentada en mayo de 2016 por su familiar y también socio Pedro Arrivillaga de Aretxabala. Una historia que partió hace ya varios años, y que hoy podría derivar en un juicio oral con sanciones para los reconocidos empresarios.

En el año 1990, los De Aretxabala crearon la sociedad Inversiones Baiona Limitada, dueña de una serie de macrolotes en Pudahuel. Luego de ello, Agrícola Izarra -de la misma familia- le vendió a Baiona los bienes raíces que contenía. En total fueron más de $ 13.000 millones que se pagarían en determinados plazos que se fueron prorrogando, cancelándose solo parte de la deuda. Los De Aretxabala quedaron como socios y acreedores. En 2005, Izarra se liquidó y vía títulos ejecutivos se oficializó la deuda que a cada socio le correspondía en función de la participación que tenían en la sociedad. A esa altura y dado el fallecimiento de algunos miembros de la familia, los créditos a pagar se distribuyeron en la sucesión Pedro de Aretxabala y Elustondo (20,85%), Kepa de Aretxabala Etchart (9,1%), Sonia Herazo (12,74%), Kepa de Aretxabala Herazo (6,25%), los Yaeger -descendencia de Begoña de Aretxabala- (9,34%) y Pedro Arrivillaga de Aretxabala y sus hermanos (41,66%). Y partieron los problemas.

El 3 de febrero de 2014, los Yaeger y los Arrivillaga de Aretxabala presentaron una demanda ejecutiva cobrando lo que se les adeudaba. En total, eran del orden de $ 7.500 millones. La acción derivó en que se embargaran todos los bienes que contenía Baiona, principalmente 26 macrolotes del Loteo Izarra Aguirre. A esas alturas, la administración de Baiona estaba en manos de Kepa de Aretxabala Herazo y Kepa de Aretxabala Etchart.

En el intertanto, y ante el congelamiento de la actividad de Baiona por casi dos años -señalan documentos ingresados al tribunal por representantes de los querellados, los abogados Jorge Bofill y Sebastián Contreras-, Kepa de Aretxabala recurrió a otra sociedad, Alize, de propiedad de Baiona, y que tenía un crédito aprobado con el banco Bci por UF 360.000. De ese monto, se desembolsaron $ 7.750 millones para tomar 159 vale vistas que fueron depositados -en octubre de 2015- por Baiona en la cuenta del juzgado para pagar íntegramente la deuda que se le debía a Arrivillaga. Con ello, se alcanzó un acuerdo que permitió elevar el embargo, tras lo cual el abogado de Arrivillaga solicitó se girara el cheque por la suma adeudada.

En paralelo, los demandantes habían pedido liquidar Baiona por haberse cumplido el plazo, lo que debía concretarse el 18 de diciembre de 2015. El 15 de diciembre lograron alzar el embargo. Así, entre el 16 y 17 de ese mes se enajenaron tres inmuebles, operaciones que según Arrivillaga -y dadas las condiciones en que se hicieron- tuvieron por finalidad solo vaciar patrimonialmente a Baiona para que hubiese menos dinero a repartir entre los socios, situación que el Ministerio Público respaldó.

De esta forma -se lee en la formalización de la fiscalía- fueron tres los hechos cuestionados penalmente. El primero, llevado a cabo el 16 de diciembre, dijo relación con la venta de Baiona de 573 mil metros cuadrados en Pudahuel a Bodegas San Francisco, representada por Salvatierra y Silberberg, operación en la que Colliers actuó como intermediador. El precio alcanzó las UF 851.102,94 (unos $ 21.813 millones). De ellos, un 30% se pagó al contado, y el resto se pactó que se pagaría en 10 cuotas anuales. No se acordaron intereses ni garantías, condiciones que -señala la formalización- hicieron que al final del día en vez de pagarse UF 1,4 metros cuadrado, fuera UF 1,27. "Estas condiciones están alejadas de la realidad comercial del mercado inmobiliario", dijo la fiscalía.

A ello sumó que se estableció un pacto de retroventa, en el que BSF se obligaba a vender a Baiona el 70% del paño si es que estos últimos lo pedían a marzo de 2016. "Así las cosas, este contrato pone de manifiesto que BSF jamás tuvo la genuina intención de comprar estos terrenos ni Baiona de venderlos. El objetivo de BSF era el de comprar el 30%, y se prestó para que el saldo del terreno saliera del patrimonio de Baiona, excluyéndolo de los activos que entrarían -dos días después- en un proceso de liquidación", dijo la fiscalía. Agregaron que ese hecho es constitutivo del delito de contrato simulado, cuyas condiciones habrían generado un perjuicio económico por $ 8.145 millones a los socios de Baiona.

Los demandantes -representados por Hugo Rivera y Javier Arévalo- agregaron un ingrediente más: la relación de parentesco -eran a esa fecha consuegros- entre el accionista de BSF Sergio Barros y Kepa de Aretxabala Herazo.

Luego, los días 16 y 17 de diciembre, los administradores de Baiona vendieron también 5,70 hectáreas a la inmobiliaria Santa Rosa de Apoquindo, y 207.600 m2 a la empresa Barrio Nuevo. Todo, por más de $ 7.000 millones al contado.

La formalización señala que el total de esas ventas, si bien debieron haber caído en el patrimonio de Baiona, derivaron a otra sociedad: Alize SpA, representada por Kepa de Aretxabala Etchart y Kepa de Aretxabala Herazo. Según el fiscal, esto habría tenido por finalidad que los dineros no se repartieran entre los acreedores de Baiona, ya que al caer en Alize no había obligación de reparto. Con esto se habría violado la cláusula contenida en el acuerdo de acreedores de septiembre de 2014, que justamente establecía lo anterior.

Subraya que Baiona mantenía una deuda con Alize de $ 8.879 millones, mientras que el dinero recibido por Alize superó los $ 14.000 millones, por lo que Baiona tendría un crédito por cobrar a Alize de $ 5.134 millones, lo que tampoco se registró en su contabilidad, constituyendo el delito de apropiación indebida por $ 2.139 millones correspondiente a los querellantes.

Los querellados, sin embargo, se defienden. En su explicación al tribunal han asegurado que los dineros recayeron en Alize básicamente porque era la sociedad que tenía la deuda con el Bci, de la cual, además, Arrivillaga también es socio. A comienzos de 2016 cancelaron gran parte de lo adeudado, y el resto lo pagó el liquidador que se hizo cargo de Baiona, Rodrigo Ochagavía. En febrero de 2016, Alize transfirió a Baiona el exceso recibido producto de la cesión, unos $ 4.855 millones.

Sobre Sonia Herazo y Nelly Pinto recayó solo el delito de fraude procesal por una serie de demandas para lograr el pago de Baiona, las cuales -dice la formalización- fueron por un monto superior al que legítimamente les correspondía, "engañando al tribunal (…) y perjudicando patrimonialmente a cada uno de los socios acreedores de Baiona".

Tras ello, el tribunal le dio seis meses al Ministerio Público para investigar. Y los hombres quedaron con firma mensual.

Con ese antecedente, la defensa de Pedro Arrivillaga extendió la querella al otro socio de Bodegas San Francisco, Sergio Barros. Previamente, había ampliado la acción judicial contra los ejecutivos de Colliers Chile, por intermediar el negocio con BSF, sin embargo, estos no fueron objeto de la formalización. De hecho, desde Colliers aseguraron a PULSO que "en la transacción mencionada, Colliers actuó como intermediador comercial, a requerimiento de los representantes legales de Inversiones Baiona Limitada, presentando las ofertas cuyos valores y condiciones fueron determinados por las partes a su arbitrio". Añadieron que "la redacción del contrato de compraventa y el acuerdo del cierre se gestionó directamente por las partes, sin intervención alguna de Colliers. Y que a pesar de que fueron mencionados en una ampliación de querella, ni sus representantes ni ejecutivos fueron formalizados en el proceso y, por tanto, no forman parte del mismo".

Más allá de la formalización, Arrivillaga dio un paso más. Le pidió al tribunal que decretara cautelares reales sobre los bienes en cuestión, es decir, que se prohibiera que se celebraran actos y contratos sobre los inmuebles objeto del proceso, esto anteponiéndose a una futura demanda por indemnización de perjuicios. El juzgado de primera instancia rechazó tal posibilidad, y ahora se está a la espera de lo que ocurra con la apelación.

Desde la defensa de BSF niegan cualquier participación en los hechos. El abogado Juan Carlos Manríquez aseguró a PULSO que "BSF compró terrenos industriales en Pudahuel, vecinos a terrenos que ya eran de su propiedad, perfectamente aptos para su giro y necesidad, en un precio por metro cuadrado mayor que el habitualmente pagado por la sociedad, sin sospechar que disputas familiares al interior de la sociedad vendedora derivarían posteriormente en asuntos penales en los que BSF se ha visto tocada". Añadió que los ejecutivos han colaborado desde un primer momento con la investigación, subrayando que "BSF ni ninguno de sus ejecutivos ha inducido ilícito alguno en nadie, ni se ha prestado, ni ha colaborado con un acto ilegal, por lo que estima que esta es, en verdad, una contienda civil entre otras personas, que se ha tratado de llevar forzadamente al terreno criminal".

Obstrucción a la investigación: los informes de KPMG y PwC

Asimismo, la parte demandada tampoco se ha quedado tranquila. Es que más allá de insistir ante el tribunal que el caso no es tal, reforzando la tesis de que Arrivillaga obtuvo lo adeudado hace ya años, antes de que Alize cobrara los precios de compraventa, y que esta última sociedad solo tuvo por finalidad poder operar el negocio dada la imposibilidad que tenía Baiona por el embargo, los abogados han dado un paso más. El 7 de septiembre, Kepa de Aretxabala Etchart y sus hijos ingresaron una querella ante el 7° Juzgado de Garantía en contra de Pedro Arrivillaga por obstrucción a la investigación.

Según se lee, acciones de Arrivillaga tuvieron por objetivo convencer al fiscal para que tuviera bases suficientes para formalizar una investigación que durante dos años no fue formalizada. A juicio de los demandantes, tal convencimiento se basó en dos informes periciales -de KPMG y PwC- que Arrivillaga acompañó al Ministerio Público en enero, tras lo cual se pidió la formalización. "Ambos informes fueron guiados mañosamente por el Sr. Arrivillaga y ambos están plagados de falsedades en su contenido y conclusiones", dice la querella.

El informe de KPMG se realizó en marzo de 2017 y se definió como un análisis contable de Baiona con la finalidad de trazar supuestos perjuicios financieros para los socios de la empresa. El de PwC se concretó en enero de 2018, y se determinó como un peritaje contable y tributario para las operaciones entre 2013 y 2015. En ambos se señaló que la información fue prevista por Arrivillaga, y en base a esos antecedentes se definieron las conclusiones, las cuales apuntan a que se incumplió el acuerdo de los socios de 2014; que se pagó solo a una parte de los acreedores, y que se observaron esfuerzos para mover flujos de dinero desde Baiona a Alize.

La querella señala que se llegó a esas conclusiones puesto que Arrivillaga omitió un antecedente clave: "En ninguna página de los informes se hace referencia al depósito ante el 13° Juzgado Civil de Santiago de los 159 vales vista por $ 7.750 millones, destinados al pago de las acreencias". Además, tampoco se hace alusión a que el abogado de Arrivillaga pidió girar un cheque por la suma adeudada en diciembre de 2015, ni a los comprobantes que respaldan tal hecho.

Con estos informes en la mano, el fiscal Marcelo Carrasco solicitó -el 3 de abril- audiencia para formalizar la investigación. Aún más, en la querella, los abogados sostienen que en una reunión con el fiscal, este les reconoció que pidió formalizar, porque Arrivillaga había ingresado estos informes y le parecieron contundentes.

Si bien esta acción fue declarada inadmisible en primera instancia, los querellantes apelaron y están a la espera de la resolución. Es que a la historia, si bien lleva años, aún le restan varios capítulos. El paseo por tribunales, al parecer, recién comienza.