Será el principal debate a nivel de expertos y parlamentarios: el costo fiscal que tendrá el proyecto de ley misceláneo o megarreforma del gobierno del Presidente Kast.

De acuerdo al informe financiero que acompaña la iniciativa que se ingresó este miércoles al Congreso, al analizar el costo neto de las medidas tributarias que contempla el proyecto, se desprende que su peak se alcanzará al cuarto año de vigencia y que asciende a 0,71 % del PIB, lo que equivale a unos US$3.215 millones.

El informe financiero considera como año 1, el 2026, ese cuarto año corresponderá a 2029, que coincide con el término del período de la actual administración.

Ese mismo año, si se considera el efecto que el gobierno espera que rinda las rebajas de impuestos a las grandes empresas en la inversión y el crecimiento, se lograría recaudar 0,30% del PIB, lo que equivale a unos US$1.800 millones. Dicho de otra forma, el 57% está compensado por crecimiento y el resto se deberían compensar con el ajuste fiscal que el gobierno comprometió.

Según se detalla en el informe financiero, este ejercicio utiliza los efectos en crecimiento de las distintas medidas derivados del Informe de Impacto Regulatorio y encuentra que cada punto extra de crecimiento genera holguras fiscales en torno a 0,13 puntos del PIB. “Este resultado es algo más conservador que los 0,16 utilizados por el Comité de Expertos sobre Espacio Fiscal y Crecimiento Tendencial (conocida como “Comisión Marfán”), precisa el informe.

El informe señala que al año 6 de la ley las ganancias del crecimiento compensarían prácticamente todo el costo de la iniciativa, quedando con un saldo de -0,08% del PIB y, si bien no se menciona el año 7, 8 y 9, en el año 10 ya hay más ingresos que costo, totalizando 0,26% del PIB y en tendencia ascendente.

Antes de comenzar la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, instancia donde se inició la discusión del proyecto, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló que “estamos muy tranquilos: hay un informe financiero y los pequeños déficits que se producen están muchísimo más que compensados por lo que son los esfuerzos fiscales que estamos haciendo. Están largamente compensados”, afirmó el secretario de Estado.

Para el secretario de Estado, “es mito que toda baja de impuestos tiene que ser compensada con un alza de impuestos; es un mito que supone que todo el gasto público está perfecto. Y nosotros, como pensamos que hay mucho gasto público que no está perfecto, incluso hay mucho que se presta a abuso, a fraude; por ese lado de ajuste también va el equilibrio final. No es todo el equilibrio final; también hay medidas de contención de gasto en la iniciativa”, dijo.

Menores ingresos

Entre las medidas tributarias más relevantes que restan ingresos al fisco están la rebaja del impuesto a las empresas del 27% al 23%, la que parte el primer año con una merma de 0,16% del PIB, unos US$660 millones, para luego subir en el año cuarto a US$1.650 millones.

De acuerdo al análisis que hace el gobierno, se prevé un impacto negativo sobre la recaudación de 0,15% del PIB por cada punto porcentual de reducción de la tasa de impuesto corporativo. Este efecto recoge la disminución directa en la carga tributaria de las empresas. Asimismo, estima un impacto positivo sobre la recaudación de 0,05% del PIB por cada punto de reducción, asociado al menor uso de créditos tributarios.

La segunda medida que más recaudación restará es el crédito tributario al empleo, con 0,35% del PIB al cuarto año, del orden de US$1.500 millones. Según el informe financiero, corresponde a un crédito contra el Impuesto de Primera Categoría de hasta un 15% de un ingreso mínimo por trabajador para las empresas que califiquen según los criterios del proyecto de ley.

De acuerdo a lo que se detalla en el informe financiero, para la estimación del efecto fiscal “se utilizaron los datos del Seguro de Cesantía correspondientes al año 2025, con los cuales se simuló el menor ingreso que habría percibido el fisco como consecuencia de la medida propuesta”. Asimismo, se explica que “la categorización de las empresas se realizó utilizando la nómina de empresas personas jurídicas publicada por el Servicio de Impuestos Internos para el período 2020–2024″.

Luego le sigue la reintegración del sistema tributario para los actuales contribuyentes del régimen semiintegrado, mediante una reducción gradual de la obligación de restitución aplicable a los créditos por Impuesto de Primera Categoría, unificando progresivamente su tratamiento para los contribuyentes sujetos a impuestos finales.

En base a información del Servicio de Impuestos Internos, se estima que el costo fiscal de esta medida alcanza a 0,12% del PIB aproximadamente en régimen, unos US$420 millones.

Por su parte, la eliminación del 10% de impuesto a las ganancias de capital tendrá un impacto permanente de 0,005% del PIB. Asimismo, la ampliación beneficios tributarios viviendas DFL2 también tendrá un efecto fiscal permanente de 0,005% del PIB.

Mayores ingresos

Ahora bien, entre las medidas que generarán ingresos fiscales o ahorro, el proyecto incluye la eliminación de la franquicia del Sence para capacitación. Esta modificación implicará mayores ingresos fiscales cercanos al 0,08% del PIB, que es el promedio de gasto tributario 2023-2024, lo que equivale a $287.176 millones para el 2026, unos US$ 320 millones.

La segunda medida recaudatoria son las nuevas sanciones contra el contrabando de tabaco. De acuerdo al gobierno," en base a información del Servicio de Impuestos Internos, se estima una brecha entre la recaudación observada en 2025 y el promedio del período 2015–2023 del orden de US$505.312 millones, atribuible principalmente al contrabando de productos del tabaco".

Luego, se detalla que “usando como referencia la evidencia internacional (Goodchild et al., 2022), se estima que las medidas de control anti-contrabando, contempladas en esta iniciativa, permitirán reducir dicha brecha en un 20% en un horizonte de cuatro años, con un impacto que se materializará de forma progresiva entre 2026 y 2028″.

Así, en términos absolutos, esto equivale a una mayor recaudación permanente de $101.062 millones de pesos 2026 a partir del 2028.

También hay medidas para generar ingresos transitorios. Una de ellas es el adelanto de impuesto a Herencia y Donaciones. Según se explica en el informe financiero, la medida rige a partir del mes siguiente a la publicación de la ley y por un plazo de un año, se estima que la recaudación se distribuirá de manera equitativa entre agosto de 2026 y agosto de 2027. Así, el efecto para cada período corresponde a $109.729 millones (pesos de 2026), equivalente a 0,03% del PIB en 2026 y $153.620 millones en 2027, equivalentes a 0,04% del PIB.

Posteriormente, al tratarse de un efecto transitorio, se menciona, que se revierte en un horizonte de 15 años, esto se traduce en menores ingresos por $21.946 millones (pesos de 2026), equivalentes a 0,01% del PIB.

También se abre una nueva ventana para la declaración de bienes o rentas que se encuentran en el extranjero y repatriación de capitales con entrada a Chile.

Dado que estas medidas comenzarían a regir a partir del primer día del tercer mes siguiente a la publicación de la ley, su efecto durante el primer año se concentraría en los meses de noviembre y diciembre de 2026. En dicho año, esto implica una recaudación estimada de $40.522 millones (pesos de 2026) por concepto de la declaración y de $4.502 millones por repatriación. Para 2027, la medida operaría durante diez meses, lo que se traduce en una recaudación de $208.999 millones (pesos de 2026) en el caso de la declaración y de $23.222 millones por repatriación.

Otra medida es la nueva ventana de impuestos sustitutivos para el FUT. Así, en el detalle se establece que se considera la experiencia de los impuestos sustitutivos aplicados en los períodos 2015 a 2017, 2020 a 2022 y 2024 a 2025, se estimaron las relaciones entre el universo total sujeto a dicho tratamiento y la base imponible efectivamente acogida, utilizando para efectos de la estimación el factor más conservador. Adicionalmente, sobre la base de la información disponible correspondiente a la Operación Renta del Año Tributario 2025, se determinaron los montos de FUR, STUT y retiros en exceso susceptibles de acogerse a este mecanismo. Se espera una recaudación de 0,08% del PIB el año 1 y 0,11 puntos del PIB el año, que en suma alcanzan los US$778 millones aproximadamente.

Las dudas de los expertos

Macarena García, economista de LyD plantea que “hay que analizar en detalle el proyecto, ya que es muy extenso y abarca muchas modificaciones a los ingresos y gastos. Se debe analizar cada una de las medidas por separado, así como los supuestos que hay detrás”.

No obstante, la economista afirma que “el proyecto trae un estrés adicional en las cuentas fiscales para los primeros años y que posteriormente el impacto es positivo aumentando la recaudación. Sin embargo, este informe financiero no considera el actual recorte de US$4.000 millones anunciado u otros que puedan venir más adelante, y que espero que se concrete. Esta información es fundamental para entender cuál es la base del gasto sobre la cual se monta este proyecto para ver en su totalidad cuánto se estresan las cuentas fiscales”. Por esta razón, la experta subraya que “para dar más certezas de que los recortes de gasto anunciados se llevarán a cabo, sería conveniente transparentar permanentemente dónde se recortará”.

Patricio Jaramillo, director de Riesgo Financiero de PwC Chile, afirma que “en el corto y mediano plazo y al menos hasta 2030, el efecto dominante es contractivo sobre los ingresos fiscales. El propio informe reconoce impactos negativos relevantes derivados a rebaja del impuesto de primera categoría, el crédito tributario al empleo y la eliminación de gravámenes específicos. A esto se suma que varias medidas de gasto y beneficios son de ejecución inmediata, mientras que el efecto del crecimiento es gradual”.

En ese sentido, el experto sostiene que “el resultado más probable es un aumento del déficit fiscal en los primeros años, con presión adicional sobre la deuda pública. En términos prácticos, el proyecto implica un puente fiscal”: deterioro inicial con la expectativa de mejora futura y, por lo tanto, el riesgo es claro, si el crecimiento no alcanza las magnitudes esperadas, ese puente podría transformarse en un desbalance estructural más persistente”.

El exdirector del SII y exembajador en la OCDE, Hernán Frigolett plantea que “el crecimiento no estaría compensando la rebaja de impuestos. Para que eso sea así, tendríamos que pasar de una tasa del 1,9% de crecimiento de largo plazo a una tasa prácticamente de 4% lo que tendría que sostenerse en el tiempo para que sea una medida compensatoria, lo cual se ve difícil”.

Para Frigolett, la estimación de la reintegración me parece que es extremadamente baja. “Estamos hablando de un conjunto de empresas que explican prácticamente el 90% de las ventas, y, por lo tanto, el efecto es mucho mayor. Las estimaciones hablan de montos que están en torno a los US$600-800 millones”.

Ahora bien, para Cristina Torres, exdirectora de Presupuestos y académica de la Universidad San Sebastián “evidentemente, la situación de estrés fiscal amerita que la primera pregunta sean las compensaciones y vemos en el informe financiero equilibrios hacia el año 7 y 8 de proyecto”. Por esta razón, la experta asevera que “la presión sin duda estará en este periodo de gobierno, donde ya se están haciendo esfuerzos de ajuste fiscal. Este esfuerzo, sin embargo, no solo obedece a la necesidad de compensar esta iniciativa, si no que, a un diagnóstico de deterioro de nuestras finanzas públicas, donde aún no conocemos el panorama completo”.

Vanesa Lanciotti, Socia Líder de Tax & Legal en Deloitte y economista sostiene que “hasta 2030, el efecto principal es que el proyecto aumenta el déficit fiscal, incluso considerando el escenario de crecimiento que proyecta el propio Gobierno”.

Para la experta, “las cifras del Informe Financiero muestran que el balance sigue siendo negativo en todos esos años: el déficit parte en 0,09% del PIB en 2026, se profundiza entre 2027 y 2029, y todavía es de alrededor de 0,20% del PIB en 2030 aun con crecimiento. Sin ese crecimiento, el déficit es mayor y se acerca a 0,7% del PIB anual desde 2029″.