El pasado 29 de septiembre de 2025, la Corte Suprema ordenó que las empresas proveedoras de internet bloquearan los sitios de apuesta online al considerarlos juegos de azar y definirlos como “una actividad ilícita”. A seis meses de ello, tales casinos online siguen operando en Chile, pues como el fallo apuntaba a 23 sitios puntuales, sólo cambiaron su dirección URL. Y continúan auspiciando a equipos de fútbol y medios de comunicación.

Con el respaldo de este fallo del máximo tribunal, un nuevo gobierno y un proyecto de ley en segundo trámite constitucional, la presidenta de la Asociación de Casinos y Juegos, Cecilia Valdés, busca ponerle el acelerador a esta iniciativa de marzo de 2022, cuyo fin es regular las plataformas de apuestas en línea y, de paso, a la industria del juego en general.

Tras cuatro años del proyecto de ley en el Congreso, ¿qué esperan de la nueva administración Kast?

-Tenemos la fe de que cambie algo. Somos optimistas por varias razones, pero una muy clara: este gobierno viene con el mandato de hacer cumplir la ley y mano firme en seguridad. Y uno de los principales puntos que afecta a esta industria es que hay una ley que no se cumple y que, como no se está cumpliendo, se generan muchos problemas de seguridad en torno a la industria del juego ilegal.

¿Qué es el juego ilegal? Porque uno pensaría en los tragamonedas en comercios, pero sus defensores lo llaman juegos de destreza y ahí siguen. O en las plataformas online, que siguen operando.

-Hablo de lo físico y online. En los dos vemos economías ilícitas. Al interior de los locales de juego ilegal hay contrabando, tráfico de personas y se prestan para que se laven activos. Entonces, si hoy el gobierno tiene un llamado de seguridad, no saca nada con sacar toldos azules, sino erradicar el origen del problema, que es quien los financia.

¿Tiene antecedentes de que las personas que están vinculadas a los locales de tragamonedas financian a estos grupos?

-Hay indicios, en algunas regiones se da. Lo que sí es claro es que se han hecho allanamientos a estos locales clandestinos y se encuentra contrabando de cigarrillos, alcoholes, tráfico de personas. Sin hablar de todo el delito tributario que genera. Y ahí hay otra parte: este gobierno necesita recaudar, por lo tanto tiene que ordenar todos estos flujos de dinero que se le están escapando, que no pagan impuestos.

Si hay tanto tragamoneda en comercios y la autoridad no lo declara taxativamente ilegal, ¿cómo se enfrenta?

-Lo primero que se necesita es la buena disposición de las autoridades. Debe haber un trabajo coordinado entre alcaldes, policía, fiscalía e Impuestos Internos.

¿Y el gobierno?

El gobierno priorizó una serie de proyectos de ley y uno de ellos es el del subsistema de inteligencia económica, que está en segundo trámite constitucional y se le puso urgencia. Una de las medidas que trae es perseguir el juego ilegal con mayores herramientas. Y que estas maquinitas no entren en la duda de si son de habilidad o destreza, sino que se dé por sentado que son de azar.

Ahora, ¿qué pasa con los casinos online? Pareciera un problema mayor, pues tiene sometida a toda una industria legal como el fútbol.

-El problema del online es lo que se llama “fenómeno de la economía ilícita”. Según expertos, el problema de estas economías ilícitas es que no genera una violencia visible, están normalizados, tienen tolerancia social y parecen delitos menores, por lo que es difícil para el Estado ponerle foco y combatirlo. Eso no quiere decir que vayamos a dejar de perseguirlo, porque estamos convencidos y todo el sistema lo sabe, de que es una actividad ilegal.

No, no todo el sistema. De hecho, varias industrias viven de ese negocio y dicen que solamente no está regulado.

-Pero la Corte Suprema lo declaró ilegal, los ministros de Estado del gobierno anterior dijeron en todos los tonos que es ilegal.

Este gobierno no se ha pronunciado.

-No. Hubo un par de pronunciamientos en debates presidenciales. Pero estas autoridades no han dicho si es legal o ilegal. Ahora, efectivamente es complejo para el Estado poder regularlo, pero no quiere decir que no lo puedan hacer. El fenómeno es evidente: que la plataforma Apuestas Royal, que viene de Aragua, en Venezuela, auspicie a 10 de los 14 equipos de primera división del fútbol, es bastante impresionante. Yo no sé si los equipos de fútbol hacen un due dilligence para saber de dónde vienen y a dónde van esos recursos, o quiénes son los dueños. Creo que se necesita urgente una trazabilidad de estos recursos para saber cómo se está financiando no solo el fútbol, sino que muchos otros deportes. Lo peor es vivir en un entorno de sospechas. Teniendo un proyecto de ley bastante avanzado, creemos que es urgente que se le ponga el acelerador no solamente para que ordene los recursos que se está perdiendo el Estado, sino para que proteja a todos los consumidores.

¿Proteger a los consumidores? Una persona adulta debiera tener el criterio para saber si quiere o no jugar.

-La protección va por dos aspectos: 1. que no entren menores de edad -hicimos un estudio que nos dice que los niños se inician en el juego a los 15 años en promedio, lo que es gravísimo-. Y 2. proteger los datos personales, porque cuando juegas y ganas, la plataforma te pide tus datos bancarios para transferirte y se queda con tus datos. Y es un riesgo gigante, porque no sabemos quiénes son los que están entrando al sistema bancario nacional. Por lo tanto, se abre una puerta gigante de ciberseguridad a la que no se le ha puesto el ojo.

Limpiar el proyecto

¿Han tenido alguna señal del gobierno respecto a darle urgencia al proyecto de ley?

-Sí. O sea, ya les pedí reuniones de lobby a todas las autoridades. Y me junté con algunos asesores para sensibilizarlos del tema. Y tienen conocimiento e interés. Obviamente, cuando hablas con autoridades sectoriales, como Hacienda, el interés siempre es recaudatorio. Cuando hablas con Salud o Educación, está el tema de los niños. Sabemos que hay muchas prioridades en este gobierno, que viene de emergencia, pero creemos que esto es parte de la emergencia que proponen resolver. O sea, tienen una emergencia financiera y una de seguridad. Y este tema, que son los casinos ilegales tiene mucho que ver con ambas prioridades. Por eso lo veo como una oportunidad para que nos podamos sentar a trabajar en algo bien concreto.

Los parlamentarios de derecha, cercanos a este gobierno, ¿han sido más proclives a regular o a liberalizar?

-Es un proyecto súper transversal, que no depende de derechas o izquierdas. Hay algunos más liberales y dicen: abramos el mercado completamente, pero cuando uno le comenta los riesgos, dicen: ah, pero cuidemos a los menores. Y al otro lado, es lo mismo: te dicen que les carga la industria del juego, pero que tienen que regular y resguardar a los que están dentro del sistema.

Dentro de los mensajes que les han dado, ¿creen que podrían tener una ley pronto?

-Es difícil de prever. El proyecto de ley tiene como 400 indicaciones. Y hay que limpiarlo, porque hay indicaciones que se contradicen con otras. Entonces, Hacienda, que lidera, va a tener que hacer una mirada bien profunda del proyecto, porque no solamente habla de regular las plataformas, sino de toda la estructura de la industria del juego.

¿Qué quieren los casinos que tenga el proyecto?

-El proyecto de ley incorporó modificaciones a la Ley de Casinos queramos o no. Y esta ley es muy antigua, por lo tanto efectivamente hay que modernizar la industria. No puedes seguir obligada a los mismos juegos de hace 30 años. Y eso tiene que conversar con el mundo online. No puedes ser súper tecnológico para una oferta de juego de apuesta en línea y muy rígido en la oferta de juego físico. Hoy día esto debe tender a la omnicanalidad.

Es decir, ¿permitir que ustedes tengan plataformas online?

-Efectivamente. Es como ha funcionado en todas partes del mundo. Cuando tienes actores que llevan más de 20 años en el mercado, los conoces, tienen domicilio en Chile, ¿por qué no le permites a los casinos operar en online? Lo que busca la industria es que haya una competencia sana en el mercado en donde los actores, tanto los nuevos como los ya establecidos, puedan entrar con igualdad de condiciones a un mercado que es de juego.

Una industria desafiada

La industria de los casinos se manifiesta en problemas. Al cierre del 2025, las visitas a sus establecimientos de juego disminuyeron un 7%, lo que provocó una baja en los ingresos del 4,5% y del aporte tributario, de un 4,7%. Y el rubro culpa de ello especialmente a los juegos online y a los locales con tragamonedas, que incluso en regiones se ubican próximos a los casinos legales, restándoles visitantes.

Por tanto, Valdés plantea que las licitaciones para operar casinos debieran cumplir con la ley y por tanto asegurar que sean ellos los únicos autorizados a ofrecer juegos de azar. Mientras, en octubre de 2024, la Fiscalía Nacional Económica acusó a las tres mayores empresas de casinos de juego: Enjoy, Dreams y Marina del Sol, de coludirse en las licitaciones de permisos.

Con la acusación de colusión encima, ¿con qué argumento la industria puede plantear que está limpia y que son las plataformas online o los casinos de almacén los ilegales?

-Yo puedo hablar por la industria. Lo que esté pasando en tribunales es una pelea de los involucrados. Lo que sí es que esta industria tiene un marco normativo con el que opera. Pero está desafiada: no tiene una solvencia económica muy fuerte, la competencia del mercado no es muy fuerte por las mismas condiciones de la industria. Pero está desafiada no sólo en términos financieros, también de su propia imagen.

Sí, porque a la hora de participar en licitaciones de casinos, se despiertan las sospechas por las acusaciones de colusión.

-Sí, pero es que las licitaciones están mal hechas. O sea, no puede ser que en una licitación llegue un competidor o dos, y se declaren desiertas. Hoy hay siete licencias, casi el 30% de las plazas de casinos de juego, que están en disputa, que están abiertas.

¿Cómo debieran plantearse estas licitaciones?

-Este es un desafío estructural. No es solamente cambiar la licitación o las bases, sino que asegurar que lo que vas a postular en esa licitación se otorgue. Hoy día la industria está desafiada y Hacienda, que es la cabeza del consejo consultivo, va a tener que revisar bien cómo se le va a dar sustentabilidad a esta industria.