39 días tendrá el nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Grau, para terminar de elaborar el proyecto de ley de Presupuestos 2026, que, a juicio de economistas y parlamentarios, será su principal desafío al mando de las finanzas públicas del país. Es que además este erario fiscal tiene la particularidad de que no será ejecutado por esta administración, sino que por el nuevo gobierno que asumirá en marzo del 2026.

El contexto del escenario fiscal por el que atraviesa el país es complejo. Si bien bajo la gestión del saliente Mario Marcel se logró estabilizar las cuentas públicas, acotando el gasto público y el déficit fiscal estructural provocado por la emergencia sanitaria del Covid, no se cumplió la ruta fiscal propuesta a principios de 2022 y hubo problemas para proyectar los ingresos fiscales.

De hecho, al cierre del año pasado el déficit estructural en lugar de ser 1,9% del PIB fue de 3,3%, por lo que a principios de este año se cambió el decreto fiscal que fija la trayectoria para llegar al balance estructural, pasando para 2025 de -1,1% del PIB a -1,6%. Sin embargo, esa previsión hasta el momento tampoco se estaría cumpliendo, puesto que la última proyección es de -1,8%.

Una variable clave para que se logre esa proyección son los ingresos fiscales. Y si bien comenzaron el año de manera positiva, con un alza de 5,7% en el primer trimestre, el escenario ha ido cambiando con el correr de los meses. En mayo subieron solo 0,3% y en junio cayeron 3,2%, por lo que en el segundo trimestre su crecimiento se moderó a 3,1%.

De esta manera, de acuerdo a los datos de la Dirección de Presupuestos (Dipres), los ingresos fiscales en los primeros seis meses del año tuvieron un alza de 4,3%. Así, para que se cumpla la proyección de Hacienda los ingresos deberían crecer más de 11% en el segundo semestre, lo que no es una tarea sencilla, considerando como antecedente que en el segundo semestre del año pasado los ingresos subieron 7%. Con ese escenario de fondo es que Grau debe terminar el erario fiscal 2026.

Con la llegada de Nicolás Grau a Hacienda, una de las carteras más poderosas del gabinete estará en manos del partido del Presidente Boric: el Frente Amplio. Esto, porque la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, también es de ese partido. Por lo mismo, una de las ventajas es que se conocen desde hace años, ya que juntos trabajaron en la elaboración del programa de Boric cuando comenzó su campaña presidencial, pero la desventaja que ven algunos economistas es la inexperiencia de Grau en temas macroeconómicos y fiscales.

“El Presupuesto a casi un mes de presentarse está bastante jugado en un año normal. Pero este no es uno de ellos. Aquí hay dos desafíos. Que los ingresos estén bien proyectados y, el segundo, las áreas donde se deba hacer el ajuste fiscal. Porque una cosa es cierta, el Presupuesto 2026 debe caer respecto del 2025 para cumplir con la meta de -1,1 puntos del PIB”, plantea el exdirector de Presupuestos y académico de la Universidad de Los Andes, Matías Acevedo.

Mientras que Macarena García, economista de LyD, afirma que “en la elaboración misma del Presupuesto, hay poco margen para cambios sustanciales. Esto, porque el Presupuesto se empieza a elaborar desde prácticamente inicios del año y porque hay un marco general que se tiene que respetar, asociado a el cumplimiento de alguna meta de balance estructural”.

Una pista de aquello la entregó el jueves el propio Mario Marcel, quien señaló que en qué etapa dejó el erario fiscal. “Ya está hecho todo el trabajo técnico que es interno del Ministerio de Hacienda, y en los próximos días se le presenta un borrador al Presidente de la República. A partir de ahí, con los ajustes que se concuerden con el Presidente, se hacen las reuniones bilaterales con cada uno de los ministros sectoriales”, dijo Marcel en La Moneda, tras su partida. Y agregó: “Todo el trabajo técnico interno ya está avanzado, lo que viene ahora es la etapa más política”.

Las etapas

El proyecto de ley de Presupuestos 2026 debe ingresar a más tardar el 30 de septiembre al Congreso Nacional para su discusión, que se extiende por 60 días. Una de las próximas etapas clave de este proceso tendrá lugar el viernes 29 de agosto cuando Hacienda junto a la Dipres publiquen el cálculo de PIB tendencial y precio del cobre de largo plazo. Estas dos variables son esenciales para determinar el espacio para que suba el crecimiento del gasto público.

Los expertos del comité de PIB tendencial ya proyectaron que Hacienda fijará el PIB potencial entre 2,2% y 2,4%, mientras que en el caso del cobre, en torno a US$4 la libra.

Los economistas tienden a coincidir con lo señalado por Marcel, ya que afirman que el trabajo técnico está prácticamente listo, por lo que no debería haber inconvenientes para Grau. No obstante, donde sí consideran que puede haber complicaciones es en la definición de los énfasis y en la discusión más política para detener presiones que vayan apareciendo durante el debate legislativo propiamente tal.

“Donde habrá cambios será en la capacidad política de negociar, acordar y acomodar las distintas exigencias que harán los distintos actores políticos durante la tramitación. Ese proceso lo veo mucho más complejo que de costumbre”, asegura García.

Mientras que la exdirectora de Presupuestos y académica de la Universidad San Sebastián, Cristina Torres, asevera que “los lineamientos del Presupuesto se definen tempranamente y los equipos se encuentran trabajando ya en la etapa final. Sin embargo, se trata del último mes donde se fijan prioridades. Lo importante será cuáles serán las prioridades que Hacienda presentará al Presidente y ello sí puede tener énfasis diferentes”. Con todo, añade que “lo más importante en este debate será el cumplimiento de las metas y debatir un Presupuesto ajustado, y eso espero que se trate de un lineamiento de consenso”.

Juan Ortiz, economista del OCEC-UDP, apunta que el escenario fiscal es estrecho, por lo que el principal desafío del ministro Grau será su “capacidad de negociación a nivel sectorial, toda vez que el escenario fiscal tanto para este año como para el próximo es extremadamente desafiante”.

En ese contexto, agrega Ortiz, “el ministro tendría que negociar no solo a nivel del Parlamento, sino con las reparticiones en este difícil escenario. Con un elemento adicional, como es que el ministro tuvo diversas desavenencias con el Parlamento, como fue la Ley de Fraccionamiento”.

Los énfasis políticos

Desde la oposición, sus prioridades están puestas en que el gobierno rebaje gastos y partidas presupuestarias. Esa es la exigencia que plantea el diputado Miguel Mellado (exRN, hoy independiente Republicano), que señala que se deben “rebajar partidas de ministerios donde la ejecución no estuvo buena y también en otros donde se dilapidó recursos”.

Mientras que para Felipe Donoso (UDI) la acción gubernamental se debe concentrar en “el recorte de gastos o compromisos fiscales innecesarios, con el fin de que el próximo gobierno sea capaz de generar sus proyectos, dando espacios que permitan innovar en seguridad, salud, educación, promover el empleo y la inversión. Es vital que esta ley de Presupuestos por primera vez en el periodo del Presidente Boric no sobreestime los ingresos y por tanto el Presupuesto se ajuste a ellos”.

“Como oposición vamos a enfocarnos en seguridad, reactivación económica y eficiencia del gasto, y no vamos a aceptar improvisaciones”, subraya el diputado Republicano Agustín Romero.

Frank Sauerbaum, diputado RN afirma que su foco estará puesto “en evitar cualquier compromiso de gasto que amarre presupuestos en programas que han sido mal evaluados, revisión de las prioridades de los nuevos gastos propuestos y de cómo encajarían en un eventual gobierno de oposición, además de promover los recortes que se han comprometido para alcanzar las metas de balance estructural y la meta fiscal, y estaremos especialmente atentos a la proyección de ingresos para impedir los errores de los años pasados”.

En el oficialismo, en tanto, el diputado Luis Cuello (PC) apunta que junto con las definiciones de continuidad en términos del fortalecimiento de la seguridad pública, la seguridad social y económica, “es importante poner el acento en la crisis de la salud y la recuperación de la infraestructura de la educación pública, en ambos casos con énfasis en el mejoramiento de las condiciones laborales de los profesores y trabajadores. En acelerar la transformación del transporte público en regiones, donde hay avances, pero requiere una mayor inversión en algunas zonas rezagadas como la región de Valparaíso”. Por su parte, el diputado PS, Juan Santana, dice que “las prioridades serán vivienda, educación, salud y seguridad. Creemos que son las prioridades del país y que tienen un correlato con lo que ocurre en nuestros respectivos distritos”.

Fondo de libre disposición

Al ser un Presupuesto que lo ejecutará otro Ejecutivo, la tradición establecida dice que se debe dejar un fondo de libre disposición que permita el proceso de instalación y los énfasis que quiera implementar en sus primeros meses de gobierno.

Cada primer año de gobierno, se incluyen recursos de libre disposición en la Partida Tesoro Público, en la asignación Provisión para Distribución Suplementaria, que se conoce como “glosa republicana”. Esta asignación permite realizar los aportes a los servicios incluidos en la ley de Presupuestos, que determine el ministro de Hacienda hasta el 30 de septiembre del año correspondiente. En el último cambio de gobierno, que fue en 2022, este monto fue de $ 339.940 millones.

Además, en la asignación Provisión para Financiamientos Comprometidos existen recursos de libre disposición que permiten realizar aportes a organismos del sector público con un máximo fijado en la glosa del año correspondiente. Por eso, este monto podrá incrementarse hasta un valor fijado en la misma glosa, con cargo a reducciones del aporte fiscal disponible en el Tesoro Público. Para 2022 la provisión para financiamientos comprometidos fue $ 166.846 millones y se establecía que se podía incrementar hasta $ 251.260 millones.

Donoso plantea que la expectativa es que se mantenga el mismo monto que recibió el Presidente Boric, lo que se traduce en poco más de US$800 millones para el Presupuesto 2026. “Si bien esta es una tradición republicana que se debe mantener, esto no debe justificar mayor gasto fiscal”, concluye.