Ante la ausencia de un tratamiento serio y transversal de la problemática ambiental en la mayoría de los programas presidenciales, doce organizaciones de la sociedad civil ligadas a la protección del medioambiente —Campaña Salvemos la Patagonia, Chile Sustentable, Ecosistemas, Fundación Ecosur, Fundación Relaves, Fundación Rewilding, Fundación Terram, Greenpeace, Observatorio Ciudadano, Oceana, ONG FIMA y Uno Punto Cinco—, presentaron el documento “Un Medioambiente Mal-Tratado”, un llamado a las candidaturas a comprometerse públicamente con un piso mínimo de tres exigencias: no regresión, respeto a la legislación vigente y transparencia.

“Es indispensable que la protección ambiental esté en el centro de la discusión presidencial. La seguridad hídrica, la conservación de la biodiversidad, la transición energética justa y el derecho a un medio ambiente sano y libre de contaminación no solo son fundamentales para garantizar una vida digna, sino que también resultan estratégicos para el desarrollo económico de un país cuya matriz productiva depende intensamente de los recursos naturales. Sin protección ambiental no hay futuro”, señala la declaración.

Tres exigencias mínimas para las candidaturas

Las organizaciones enfatizan que estos compromisos no son aspiracionales, sino condiciones básicas para cualquier programa de gobierno que busque enfrentar la crisis climática con seriedad. “Este es un piso común y razonable. Pedimos compromiso público con la no regresión, el respeto a la legislación vigente y transparencia de información. Adherir hoy es dar una señal clara de liderazgo y responsabilidad”, afirma Flavia Liberona, directora de Fundación Terram.

1) No regresión: Los estándares de protección ambiental, salud, biodiversidad, participación y transparencia no pueden retroceder. Se exige fortalecer los procesos de evaluación ambiental, con líneas base sólidas, alternativas reales y dotaciones técnicas suficientes para fiscalización.

2) Respeto a la legislación vigente: Cumplimiento integral de la Constitución, los tratados internacionales ratificados por Chile —como el Acuerdo de París, Escazú y el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal—, así como la Ley Marco de Cambio Climático, la Ley REP, el SBAP y el SERNAFOR.

3) Transparencia: Acceso público, claro y comprensible a toda la información técnica y de interés detrás de decisiones sobre bienes comunes, incluyendo también la exigencia de transparencia hacia actores privados que operan sobre bienes nacionales.

“Abrimos la puerta para realizar un trabajo serio con los comandos: fijemos plazos, indicadores y respuestas públicas. Adherir a estos tres mínimos da certezas y eleva el debate con evidencia, no con slogans”, agrega Benjamín Carvajal Ponce, de la organización Uno Punto Cinco.

Señales verificables y sin retrocesos

Consultados por las señales concretas que esperan ver de las candidaturas presidenciales, Benjamín Carvajal y Flavia Liberona fueron enfáticos en pedir coherencia, respeto a los compromisos internacionales y continuidad institucional. “Esperamos señales claras y verificables sobre el respeto a los tratados y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por Chile en materia ambiental. En el mismo sentido deben asegurar la implementación de la legislación y de las políticas nacionales vigentes, como la Ley Marco de Cambio Climático, la Política Nacional de Energía y la Estrategia de Transición Socioecológica Justa, junto con leyes clave como la Ley SBAP, el SERNAFOR y la Ley REP".

En esta línea, aseguraron que, en términos concretos, “se espera que las candidaturas no impulsen retrocesos ni flexibilizaciones en los marcos ambientales ni en las regulaciones sectoriales que tengan componentes ambientales, como pesca, forestal, aguas, minería o energía, y que, en cambio, promuevan continuidad, fortalecimiento institucional y recursos suficientes para garantizar el cumplimiento efectivo de las reglas en la práctica”, señalaron.

“La evidencia científica debe transformarse en política pública efectiva”

Desde las organizaciones de Terram y Uno Punto Cinco, Liberona y Carvajal pusieron valor a la evidencia científica como base de las estrategias climáticas del país, pero advirtieron que la ciencia no basta si no se traduce en acción. “La evidencia científica es fundamental para orientar una agenda climática seria, capaz de sostener decisiones complejas que involucran múltiples sectores y escalas. Los temas ambientales no pertenecen a una ideología particular, sino que requieren enfoques integrales que articulen la evidencia científica, el conocimiento ciudadano y el criterio político dentro de una gobernanza coordinada y efectiva”.

En Chile, explican, existe una base sólida con la Ley Marco de Cambio Climático, la Estrategia Climática de Largo Plazo y la actualización de la Contribución Nacional Determinada (NDC), pero estos instrumentos solo adquieren sentido cuando se traducen en acciones concretas y para ello se requieren mecanismos institucionales y presupuestarios que aseguren su implementación, especialmente en los territorios más vulnerables.

“Percibimos que existen contradicciones entre el discurso y la práctica, como actividades extractivas en ecosistemas esenciales o la insuficiencia de recursos para fiscalización y cumplimiento. Por eso es clave que las candidaturas presidenciales no solo valoren la ciencia como insumo técnico, sino que asuman la responsabilidad de convertirla en política pública efectiva, con voluntad política y financiamiento entre lo que se promete y lo que se ejecuta”, expresaron.

“El rol fiscalizador del Estado es irremplazable”

Finalmente, los voceros aseguraron la importancia de avanzar en acuerdos bilaterales entre países vecinos y en iniciativas público-privadas, pero sin que ello implique transferir responsabilidades del Estado al sector privado. “La crisis climática no reconoce fronteras, porque compartimos cuencas, atmósfera, océanos y cadenas de valor que hacen imposible enfrentarla de manera aislada. Por eso los acuerdos bilaterales con países vecinos son esenciales para armonizar estándares, prevenir daños y cooperar en mitigación y adaptación, en coherencia con los compromisos internacionales que Chile ha asumido, como el Acuerdo de París y el Acuerdo de Escazú, bajo reglas claras y transparentes.

Al mismo tiempo, las iniciativas público-privadas pueden aportar innovación, conocimiento e inversión, pero deben hacerlo dentro de marcos de debida diligencia ambiental y de derechos humanos que aseguren transparencia, monitoreo y acceso a la información en toda la cadena de valor, explican los firmantes.

Un próximo gobierno, según declaran, debería retomar la ley de debida diligencia empresarial pendiente y fortalecer el seguimiento del cumplimiento normativo para evitar vacíos de responsabilidad. Es fundamental reconocer que el rol fiscalizador y regulador del Estado es irremplazable. Las empresas pueden cooperar, pero no deben ocupar espacios de deliberación democrática ni definir de manera unilateral las prioridades estratégicas del país”, concluyeron Carvajal y Liberona.