SEÑOR DIRECTOR:

En la Región de Los Lagos, al igual que en otras zonas del país, la ONG FIMA invita a funcionarios públicos a asistir, en horario laboral y de manera gratuita, a un curso de “Derecho, gestión y política ambiental”. Esta iniciativa, lejos de ser inocua, plantea serios reparos.

FIMA no es un actor neutral. Se trata de una organización que recurre habitualmente a los mismos organismos públicos que ahora pretende capacitar para alcanzar sus objetivos. Así lo muestran las reclamaciones contra proyectos inmobiliarios en Pucón y Villarrica, los litigios en torno al humedal La Poza, la oposición a pisciculturas en La Araucanía, las acciones en Contao o las múltiples reclamaciones en Magallanes respecto de centros acuícolas y el ensanchamiento del canal Kirke. En todos estos casos, funcionarios públicos han debido pronunciarse sobre sus pretensiones. Que esos mismos funcionarios sean capacitados por quien actúa y seguirá actuando como parte interesada constituye un evidente conflicto de interés.

El que estas capacitaciones sean financiadas por fundaciones extranjeras de carácter político, y que se realicen en horario laboral, agrava la situación. La colaboración entre privados y el Estado debe darse en un marco institucional transparente, con reglas que eviten cualquier intento de capturar al regulador. No es razonable que una ONG que litiga contra proyectos de la región se arrogue un rol formador de quienes deben decidir sobre esas controversias.

Las ONG cumplen un rol importante en democracia, pero para influir en la política pública existen canales institucionales como la Ley del Lobby y la participación ciudadana. Bajo el disfraz de la capacitación, no corresponde que una organización con intereses definidos se inserte en la administración pública.

Carlos Odebret Beyer

Asociación de Salmonicultores de Magallanes