SEÑOR DIRECTOR:

El Plan de Emergencia Habitacional (PEH) expira en 2025 y su término podría significar perder miles de soluciones y retroceder años en un país que enfrenta una grave crisis de vivienda.

Más de 120 mil familias viven en campamentos, la cifra más alta desde 1996. A ellas se suman miles que, aunque no habitan en asentamientos informales, esperan una solución. Frente a esta urgencia, el Estado respondió en 2022 con el PEH, un esfuerzo que habilitó mecanismos como la adquisición acelerada de suelo, coordinación intersectorial, autorizaciones especiales en campamentos y un marco presupuestario que permitió avanzar en tres años en más de 200 mil soluciones.

El PEH no nació como una política de una sola administración. Se trata de un ejercicio inédito: una ley levantada por un gobierno de salida y un plan de emergencia impulsado por el que le siguió, ambos articulados en torno a un acuerdo liderado por el Congreso. Esa confluencia revela que la vivienda puede, y debe, estar por sobre el ciclo político.

El PEH ha tenido falencias: la implementación ha sido desigual, los territorios con mayor déficit han avanzado menos, y la coordinación institucional sigue siendo un punto débil. Pero la solución no es desmontar la política, sino mejorarla. Si el PEH no se prorroga o no se transforma en política pública, desaparecerán las herramientas y presupuestos que hoy sostienen la política habitacional.

La vivienda no puede seguir dependiendo del calendario electoral ni de la voluntad del gobierno de turno. Es un derecho y una condición básica para construir un país más justo y resiliente. En plena emergencia habitacional, Chile no puede darse el lujo de retroceder.

Enrique Matuschka Ayçaguer

Director de Desarrollo Urbano Habitacional de Déficit Cero