SEÑOR DIRECTOR:

El proyecto de Ley de Presupuestos 2026 vuelve a mostrar la brecha entre el discurso y la gestión en seguridad. Mientras se promete “fortalecimiento”, varias partidas estratégicas exhiben recortes o reasignaciones que ponen en riesgo la continuidad operativa contra el crimen organizado. La paradoja es conocida: se anuncian prioridades, pero se diluyen en la ejecución.

El problema no es solo cuánto gastamos, sino cómo. Los fondos se dispersan en programas de baja trazabilidad y sin indicadores claros de eficacia. Municipios con alta incidencia delictual carecen de recursos estables y flexibles para ejecutar planes propios. Persisten la fragmentación interagencial y la lógica reactiva, más cercana a la inercia presupuestaria que a una gestión basada en evidencia.

Urge abandonar esa inercia y avanzar hacia un gobierno estratégico y evaluado del gasto en seguridad, sustentado en metas comunes, indicadores verificables y mecanismos de corrección obligatoria. Ello requiere aplicar criterios de proporcionalidad, idoneidad y necesidad, propios de los estándares europeos de control del poder público: que cada peso asignado sea adecuado para el fin perseguido, estrictamente necesario y proporcionado a su impacto esperado.

En definitiva, no se trata solo de eficiencia contable, sino de preservar la legitimidad del Estado y la confianza en la democracia. La seguridad sin estrategia erosiona ambas.

Luis Toledo

Director Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (Cescro)

Universidad San Sebastián