SEÑOR DIRECTOR:

El reciente informe de la Asociación de Bancos (ABIF) sobre fraudes en medios de pago es lapidario: Chile mantiene una tasa de fraude 6,5 veces superior a la de la Unión Europea y tres veces mayor a la registrada antes de la reforma de 2020. El diseño legal vigente es parte del problema, y la respuesta que ofrece es ineficiente. Cuando la propia ley se convierte en una piedra en el zapato, ninguna solución parcial resuelve el fondo del problema. Ese es precisamente el escenario de la actual Ley de Fraudes, concebida para enfrentar un problema real, pero que terminó generando incentivos incorrectos y resultados contradictorios.

A ningún banco le gusta demandar a sus propios clientes. Sin embargo, el marco legal vigente no deja espacio para alternativas: o se reembolsan operaciones incluso cuando existan indicios suficientes de autofraude o descuido gravísimo, o se debe acudir al Juzgado de Policía Local, demandando al cliente para que sea un juez quien confirme la existencia de culpa grave o dolo. Fue el propio legislador quien impuso este camino obligatorio, creando una fricción innecesaria en la relación banco–cliente.

El resultado está a la vista: los Juzgados de Policía Local han sido desbordados con miles de casos cada semestre, enfrentando los graves problemas de ambigüedades y vacíos normativos de esta ley. Sólo el legislador puede remover la piedra que él mismo colocó. Las alternativas existen: regresar a la regla de responsabilidad del usuario de la culpa leve, permitir seguros antifraude que comercialicen instituciones no bancarias, y considerar mecanismo de mediación para evitar juicios. Es urgente corregir el diseño regulatorio para que deje de producir exactamente los efectos que hoy se critican.

Jaime Lorenzini Barría

Socio Lorenzini & Twyman – Abogados