A casi un mes del rechazo del sobreseimiento del ex subsecretario del Interior Patricio Rosende y la otrora directora de la Onemi Carmen Fernández, imputados -junto a otras seis autoridades civiles y navales- por la falta de alerta de tsunami del 27/F, la Fiscalía Occidente cerró ayer la posibilidad de perseguir penalmente a la ex Presidenta Michelle Bachelet.

El pasado 6 de junio, el abogado Raúl Meza, representante de dos familias de víctimas de Constitución, pidió que la ex mandataria declarara como imputada en la causa.

Asimismo, requirió al equipo liderado por la fiscal Solange Huerta, reconstituir el horario y trayecto que la hoy candidata presidencial realizó esa madrugada de 2010 para llegar a la Onemi. Ambas diligencias, sin embargo, fueron rechazadas.

Entre los argumentos esbozados por la fiscalía destaca que "la ex Presidenta llegó a a dependencias de la Onemi dentro del período de tiempo entre las 4.50 y 5.00 horas", según se asegura en la resolución firmada por el fiscal Luis Tapia, parte del equipo investigador.

Un hecho esencial para el Ministerio Público debido a que "la ola que causó el fallecimiento de las víctimas en la comuna de Constitución, se produjo a las 4.40 horas aproximadamente, y que correspondió a la tercera ola que ingresó a dicha comuna", se lee en la resolución.

Fuentes de la fiscalía afirman que la cronología del ingreso de las olas que elaboró la PDI no permite atribuir responsabilidad a la ex jefa de Estado, quien, según la fiscalía, fue vista en las oficinas de la Onemi recién a las 5.01.

Debido a la falta de alerta durante la catástrofe, 108 personas perdieron la vida. De ese número, 105 víctimas se atribuyen al actuar de Rosende y 28 a Fernández.

El vocero del comando de Bachelet, Alvaro Elizalde, reiteró que la petición de diligencias para implicar a la ex mandataria en la causa constituye "una maniobra política con otro tipo de intencionalidades". Del mismo modo, pidió "que la justicia actúe sin ningún tipo de presiones y, en particular, sin ningún tipo de presión política".

Cierre de la indagatoria

Tras la resolución, Meza anunció que "recurriré al 7º Juzgado de Garantía de Santiago para que se fije una audiencia judicial, en la cual se pueda debatir la eventual responsabilidad penal" de Bachelet.

La instancia judicial sería pedida el jueves y, según contempla la ley, permite a quienes se consideren "afectadas por una investigación que no se hubiere formalizado" pedir al juez de garantía fijar un plazo -de existir mérito- para que la fiscalía impute delitos.

Alfredo Morgado, representante de 19 familias de víctimas del tsunami, aseguró ayer que "la investigación está ad portas de ser cerrada por el Ministerio Público" y añadió que "la ex presidenta ha declarado en dos oportunidades y ha sido bastante precisa. Ha contribuido con su testimonio y ha sido bastante valioso. También lo va a ser en el juicio oral, como testigo", dijo.

Para Luciano Fouillioux, defensor de Fernández, la arista que implica a Bachelet "debería cerrarse de una vez por todas, ya que ella jamás debió haber sido citada. Esperamos que con esta resolución se haya clausurado esa línea estratégica".