DE ACUERDO al informe de Estadísticas de Recursos Humanos del Sector Público 2005-2014 emanado de la Dirección de Presupuestos, la asignación por funciones críticas en sueldos del sector público ha aumentado fuertemente desde que se implementó durante el gobierno de Ricardo Lagos. Dicho sistema tuvo como objetivo terminar con los sobresueldos que se pagaban a ciertos funcionarios para que sus remuneraciones se acercaran a las del sector privado, objetivo que, según se deja entrever con las cifras publicadas, se habría desnaturalizado.

Llama la atención que en nueve años la asignación haya aumentado en un 97%, teniendo en cuenta que quienes pueden recibir este beneficio, según la ley 19.882, son los funcionarios públicos de planta o de contrata, con dedicación exclusiva y que desarrollen funciones "que sean relevantes o estratégicas para la gestión del respectivo ministerio o institución, por la responsabilidad que implica su desempeño y por la incidencia en los productos o servicios que estos deben proporcionar". De allí que resulten tan llamativos casos como que un mismo ministerio registre un aumento de 51% en apenas un año, pasando de asignaciones de $ 1.965 millones en el último año del gobierno anterior, a $ 2.985 millones en el primer año de la actual administración.

La creciente y cuantiosa cantidad de recursos públicos comprometidos en esta ley especial lleva a legítimas dudas sobre el uso que se le está dando a esta normativa, donde un número no menor de funcionarios públicos estaría realizando funciones altamente relevantes, sin que quede claro si ello está plenamente justificado. Asimismo, las remuneraciones en el sector público también han experimentado un importante crecimiento en los últimos años, asimilándose al sector privado, por lo que el pago de una asignación especial debería ser en casos muy acotados.