Un nuevo giro dio la Presidenta Michelle Bachelet para el inicio de la gratuidad en 2016, que en su anuncio del 21 de mayo pasado apuntó como beneficiarios al 60% más vulnerable de las universidades del Consejo de Rectores y centros de formación técnica e institutos profesionales acreditados y sin fines de lucro. Esta vez, determinó reducir la cobertura al 50% más pobre de los matriculados en dichas instituciones, más las Ues privadas que cumplan con tres requisitos: acreditación mayor a cuatro años, no tener relación con sociedades comerciales o grupos económicos y contar con participación triestamental en los cuerpos colegiados al interior de los planteles.

"En septiembre vamos a presentar el proyecto de ley de educación superior y en el presupuesto vamos a proponer que la gratuidad empiece el año próximo. Hemos escuchado los planteamientos de distintos sectores y hemos definido que el 50% más vulnerable de los estudiantes que asisten a las universidades del Cruch y a instituciones privadas que cumplan con ciertos criterios puedan ser beneficiados por esta gratuidad", afirmó la Presidenta al finalizar el cónclave de la Nueva Mayoría.

Este cambio da la opción a planteles como la U. Diego Portales, U. Silva Henríquez y U. Alberto Hurtado. Y asimismo deja fuera a instituciones como la U. Central y la U. Mayor.

La diputada comunista y presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara, Camila Vallejo, dijo que "puede ser complejo que se reduzca de los seis primeros deciles a los cinco primeros, pero lo más importante es que la gratuidad avance con regulación clara".

En tanto, el senador socialista Fulvio Rossi destacó que si bien la medida "termina con una propuesta discriminatoria y sin duda representa un avance que deja fuera la opción de incluir a más alumnos de CFT e IP".

Esta misma lectura hacen al interior del la Democracia Cristiana, donde hay parlamentarios que consideraron "insuficiente" el anuncio de la mandataria y ven como un golpe a los estudiantes más vulnerables de la educación técnica profesional. Sobre dichos alumnos, precisan que la medida llegaría a beneficiar a 58 mil de los más de 300 mil jóvenes de los tres primeros quintiles.

Similar opinión planteó el rector de la U. Católica, Ignacio Sánchez. A su juicio "es más justo repartir de esta forma los recursos, pero lamento que no haya una respuesta para los alumnos de CFT e IP".

Desde la Confech hubo críticas. La presidenta de la Federación de Estudiantes de la U. de Chile, Valentina Saavedra, afirmó que "nos parece nefasto que la Nueva Mayoría siga restringiendo la discusión educacional a la repartición de plata".

Los requisitos

Una de las exigencias para los planteles privados es la obligación de que en los estatutos esté establecida la participación de algún estamento estudiantil, de académicos o de funcionarios en alguna instancia de gobierno interno.

El rector de la U. Mayor, Rubén Covarrubias, criticó este requisito y dijo que los estatutos de ese plantel "no contempla la participación ni de funcionarios ni estudiantes en ningún tipo de estamento de la universidad". Además se manifestó contrario a hacer algún tipo de modificación para cumplir esa exigencia.

Covarrubias acusó a la Presidenta de "proponer una medida inconstitucional porque pone requisitos diferentes para los planteles dentro y fuera del Cruch (aludiendo a años de acreditación mínimos)".

Mientras, el rector de la U. Central, Santiago González, manifestó que si Bien "es un paso que incorpora al sector privado, no comparto el criterio. Nosotros tenemos tres años de acreditación, pero tenemos el mayor número de carreras acreditadas de todas las privadas". Y agregó "qué pasa con las Ues del Cruch que tienen menos de cuatro años de acreditación (Arturo Prat, UC de Temuco, Los Lagos y UTEM, todas con tres años), habría que sacarlas".