A 16 días de la ronda de entrevistas que concedió el ex director de la Dina Manuel Contreras -quien suma condenas por 360 años más dos cadenas perpetuas por casos de violaciones a los derechos humanos-, ayer el Presidente Sebastián Piñera anunció el cierre del penal Cordillera, donde el ex militar se encontraba privado de libertad.

La molestia del Ejecutivo por las declaraciones de Contreras, en las que negaba violaciones a los DD.HH. a 40 años del Golpe, se acentuó en los días siguientes con un informe del Poder Judicial que alertaba acerca de las condiciones privilegiadas en las que vivían los 10 internos de ese recinto, todos ellos ex uniformados.

La decisión de poner fin al penal -que fue creado en 2004 por un decreto del entonces Presidente Ricardo Lagos- había sido deslizada por el Mandatario en Canal 13 el 15 de septiembre. Así, el lunes pasado, en la reunión habitual de comité político en La Moneda, los representantes de partidos oficialistas fueron notificados de que el gobierno pondría fin a la polémica cárcel especial para ex jerarcas de la Dina y la CNI.

En su viaje a Nueva York, donde participó en la Asamblea de la ONU, el Presidente aprovechó de revisar el mencionado informe judicial, además de otros antecedentes proporcionados por el Ministerio de Justicia.

Sin embargo, antes de proceder a cerrar el recinto faltaba un informe de Gendarmería sobre los elementos técnicos que debían ser considerados. Fuentes oficialistas dicen que ese último documento llegó ayer a manos del Jefe de Estado.

Con la decisión tomada, Piñera ayer bajó las escalinatas que van desde su despacho hasta el Patio de los Naranjos de La Moneda para anunciar la medida. "Tomando en consideración tres principios: primero, la igualdad ante la ley. Segundo, la seguridad de los internos, y tercero, el normal y más eficiente funcionamiento de Gendarmería, he tomado la decisión de cerrar el centro penitenciario Cordillera y trasladar a los internos que están en ese lugar al centro penitenciario de Punta Peuco", dijo el Mandatario, quien agregó que Gendarmería, "en el momento oportuno, va a realizar los traslados que corresponden".

Fuentes de gobierno precisan que detrás de la determinación fueron gravitantes otras dos razones: la opinión contraria de la ciudadanía de dar privilegios penales a violadores de los DD.HH. y la debilidad jurídica en la que estaba sustentada la creación del penal.

En 2004, cuando Lagos visó la instalación del recinto, el gobierno de la época justificó la medida por el atochamiento en el que se encontraba el penal de Punta Peuco, creado en 1995 en la comuna de Tiltil para acoger a ex militares condenados.

El penal Cordillera, sin embargo, ofrecía mayores facilidades. Ubicado en Peñalolén y cercano a zonas residenciales de familias militares, el recinto estaba inmerso en un área de dependencias del Ejército.

Otra de las razones que se esgrimieron fueron la edad y los padecimientos de salud de algunos condenados, lo que aconsejaba tenerlos cerca de hospitales.

Agrupaciones de DD.HH. se opusieron a la medida y denunciaron una suerte de compensación del gobierno de Lagos al Ejército tras el mea culpa que promovió Juan Emilio Cheyre al mando de la institución.

Pero fuentes del actual gobierno señalan que dado que sólo 10 ex militares cumplían condena en el penal, su traslado a Punta Peuco es relativamente sencillo. Explican que sólo se requiere habilitar nuevas celdas.

Tras el anuncio, ayer las candidatas presidenciales Michelle Bachelet y Evelyn Matthei entregaron su apoyo. "Pleno respaldo. Tiene que haber igualdad ante la ley", dijo Matthei. "Claramente, fue la decisión correcta", agregó Bachelet.

En CNN, la hija de Manuel Contreras, Maite Contreras, calificó de "cruel" la medida y dijo que "este gobierno de centroderecha" ha dado un peor trato a los ex militares que las administraciones de la Concertación.