Esta jornada, el Servicio Nacional de Migraciones ingresó una denuncia penal ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, en el contexto de una serie de vuelos chárter provenientes desde Haití en el 2025 para “reunificación familiar”, en los que habrían ingresado a Chile un número indeterminado de menores haitianos sin el adecuado control.

En la acción judicial, originada en una serie de fiscalizaciones conjuntas entre la Contraloría General de la República y la Policía de Investigaciones (PDI), se señala que al menos 12 adultos -chilenos y extranjeros- ingresaron, entre enero y abril de 2025, en reiteradas ocasiones al país como supuestos adultos responsables de grupos de entre 2 y 18 niños y adolescentes provenientes del país centroamericano.

Y esta tarde, el director de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, confirmó que desde el Ministerio Público ya se inició una investigación para determinar eventuales faltas administrativas o delitos, así como las correspondientes responsabilidades.

“Los hechos aparecen ser demasiado graves y dan cuenta efectivamente, en un periodo que va entre enero a abril del año 2025, respecto de niñas, niños y adolescentes provenientes desde Haití, muchos de ellos en charter, es decir, vuelos no programados, y el ingreso al país bajo la figura del proceso de reinserción familiar en nuestro país”, sostuvo la autoridad de la Fiscalía en declaraciones a 24H.

Agregó que, en tales hechos, “habrían ciertas irregularidades que nosotros aparentamos como graves, dando cuenta efectivamente de adultos o en este caso personas responsables de una gran cantidad de niñas, niños y adolescentes que habrían ingresado a nuestro país”.

En este sentido, indicó que la investigación de la Fiscalía busca esclarecer si la irregularidad que rodea a estos ingresos corresponden a faltas administrativas o si podrían configurar de delitos tales como asociación crminal, trata de personas y cohecho.

Requerido por la cantidad de niños afectados, el fiscal Campos indicó que se trataría de “un par de cientos”, tras lo cual relevó que aún así se trata de una estimación “demasiado conservadora”. Y consultado si actualmente se conoce el destino de tales menores, el persecutor replicó: “En este momento no. En este momento estamos recabando los antecedentes, con la mayor premura posible. Ya hemos generado las coordinaciones con la Fiscalía Regional Centro Norte para brindar toda la coordinación y apoyo en el desarrollo de la investigación”.

Asimismo, indicó que al menos “una decena de vuelos” estarían involucrados en estos ingresos irregulares, y que “no pocos de estos sin listados de pasajeros, o sin evidencia de la validación”.

Así, el fiscal Campos indicó que, en el marco de la investigación, deberán aportar declaraciones el Servicio Nacional de Migraciones, la Subsecretaría de la Niñez, la Policía e Investigaciones, la Dirección General de Aeronaútica Civil y cualquier otra institución, pública o privada, que pueda estar involucrada.

Sobre los posibles delitos involucrados, el persecutor indicó que van “desde la falsificación, el uso de instrumentos públicos; el cohecho respecto de un funcionario público que deja de ejecutar los deberes propios de su cargo, o ejecuta actos que van en contra de los principios propios de todo funcionario público. Trata de personas, por cierto, obviamente, ya sea en aquella modalidad de captar, facilitar, acoger a personas que ingresan al país, cómo se obtuvo ese consentimiento, pero particularmente acá dando cuenta de que si uno se concentra en los niños, niñas y adolescentes, estamos hablando precisamente de aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad que estos encuentran”.