Una de las banderas levantadas por el presidente de Codelco, Bernardo Fontaine, desde que fue designado en el cargo, es la necesidad de que la corporación consiga recursos que hagan frente a su compleja situación financiera.

Ante una deuda bruta que se elevó hasta casi los US$27 mil millones al cierre del primer trimestre de este año y un patrimonio de casi US$14 mil millones, la visión de Fontaine es que Codelco debe buscar dinero para mejorar su condición de caja.

Y para ello, Fontaine ha hablado de la posibilidad de vender activos, sin descartar otras vías, una decisión que el directorio pretende adoptar no más allá de noviembre próximo.

“Tenemos un hoyo de caja a financiar producto de las inversiones y, por consiguiente, tenemos que ver cómo lo financiamos”, dijo Fontaine ante la Comisión de Minería del Senado el 15 de julio.

“Cualquier compañía en esa situación revisa el valor de los activos que tiene y nosotros tenemos muy buenos activos (...) hay que ver si es conveniente mantenerlo o venderlo. Si vale la pena vender es porque invertir esos recursos en Codelco es más rentable”, explicó.

Sin embargo, el planteamiento del senador Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, de privatizar Codelco, abrió esta semana otra vía para conseguir recursos, aunque al día siguiente retrocedió al explicar que apuntaba a vender una participación minoritaria, sin ceder el control del Estado. Así y todo, se llevó un portazo generalizado desde el propio gobierno y de la oposición.

En el mundo político, lo de Squella se consideró una especie de “globo sonda” para probar cómo estaría el ambiente para discutir una iniciativa así. Pero pese al rechazo transversal, abrió una puerta discursiva que no se ha dado por cerrada.

Ahora, bajo este marco de discusión política subyace la construcción de fórmulas que apunten al objetivo de Fontaine. Y estas, hoy en día, se remiten a tres: la descartada opción de privatizar parte de la propiedad de la compañía, la venta de activos o una tercera, que no había salido a la luz pública, que es incorporar capitales privados, mediante asociaciones o inyecciones de capital, a nivel de sus divisiones.

Estas tres alternativas cuentan con requisitos técnicos, principalmente jurídicos, que le imprimen una serie de dificultades a la hora de conseguir recursos frescos en un corto tiempo, como se pretende. Y en la cantidad que Codelco requiere.

Las razones para no privatizar

La idea de privatizar parte o la totalidad de Codelco circula en la política chilena desde la vuelta a la democracia. Y lo cierto es que su principal dificultad es jurídica. Hacerlo implica una reforma constitucional, que con la conformación que ha tenido históricamente el Congreso, tiene pocas posibilidades de avanzar.

Consultados cuatro abogados expertos en derecho constitucional y dos en derecho administrativo, cinco de ellos coincidieron en la tesis de que esta idea obliga a una reforma constitucional.

Entonces, vender todo o un pedazo de Codelco requiere del apoyo de 4/7 en la Cámara de Diputados y el Senado, es decir, 89 diputados y 29 senadores, votos que hoy se ven casi imposibles de conseguir, con una discusión que se prevé extensa y desgastante.

“Codelco preexiste a la Constitución vigente. Es consecuencia de la nacionalización de la gran minería del cobre dispuesta en el gobierno del expresidente Salvador Allende y aprobada de manera unánime por el Congreso en 1971. Nace como una empresa pública que tiene a su cargo la explotación de un bien de dominio púbico que es la gran minería del cobre″, recuerda Francisco Zúñiga, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Chile.

La Constitución actual se hizo cargo de esto en 1980 a través de la disposición transitoria tercera, que señala: “La gran minería del cobre y las empresas consideradas como tal, nacionalizadas en virtud de lo prescrito en la disposición 17a. transitoria de la Constitución Política de 1925, continuarán rigiéndose por las normas constitucionales vigentes”. En palabras simples, cualquier cambio de propiedad en la empresa o de su patrimonio minero, que consideraba las actuales divisiones Chuquicamata, El Teniente, Salvador y Andina, requiere reforma constitucional.

Otro elemento relevante que obstruye una eventual privatización es la opinión de sus poderosos sindicatos agrupados en la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) y la Federación de Supervisores del Cobre (Fesuc). Fontaine y el nuevo presidente ejecutivo, Jorge Gómez, ya tuvieron reuniones por separado con la directiva y consejeros de ellas. Y ambas se niegan incluso a su privatización parcial, aseguraron dirigentes consultados.

Y por último, existen requerimientos organizacionales y tributarios que hacen más complejo incorporar capitales privados. Se debería modificar la ley de gobierno corporativo de Codelco y su compleja estructura tributaria, que hoy incluye la entrega del 10% de las ventas al Estado (obligación que se extiende hasta 2029 y empieza a reducirse gradualmente hasta su extinción total en 2031), el royalty, un impuesto corporativo con una sobretasa de empresas públicas del 40% y la entrega de todos sus dividendos al fisco.

La nueva opción: privados en las divisiones

Existe una idea de la cual no se ha hablado públicamente, pero que se deriva del planteamiento que esta semana hizo el economista Sebastián Edwards, sobre convertir a Codelco en una sociedad holding de la cual cuelguen las divisiones convertidas en filiales con carácter de sociedad anónima.

Una iniciativa que requeriría de una reforma a la ley orgánica de Codelco, el decreto ley 1.350 de 1976, que necesitaría de la mayoría absoluta de senadores (26) y diputados (78) en ejercicio. Y el gobierno quiere aprovechar la mayoría parlamentaria verificada en la megarreforma para tramitar otras materias relevantes, como podría ser esta.

Hoy Codelco tiene siete divisiones: en el norte Chuquicamata, Radomiro Tomic, Gabriela Mistral, Ministro Hales y Salvador, y en el centro, El Teniente y Andina.

La idea sería incorporar capital privado, pero a nivel de divisiones, mediante asociaciones del tipo joint venture o de la inyección de capital directo a ellas, vendiendo participaciones o a través de aumentos de capital.

Sin embargo, esta iniciativa también cuenta con requerimientos jurídicos, aunque dependiendo de cuál división se habla.

Las cuatro divisiones preexistentes a la nacionalización del cobre, es decir, Chuquicamata, El Teniente, Andina o Salvador, penden de una norma constitucional, por tanto cualquier cambio en su propiedad debiera ser materia de reforma constitucional con mayoría de 4/7 en el Congreso.

Las divisiones que se desarrollaron posteriormente, como Radomiro Tomic (inicio en 1995), Gabriela Mistral (en 2008) y Ministro Hales (2010), tendrían un estatus diferente que, según la tesis de sus impulsores, refrendada por algunos constitucionalistas, permitiría su asociación con privados o la incorporación de capitales a su propiedad, aunque sólo con un cambio legal, lo que significaría mayoría simple en ambas cámaras (la mayoría de los congresales presentes en la sala al momento de votar).

“En Gaby, Radomiro y Ministro Hales, para poder disponer de asociaciones en esos yacimientos no se requiere reforma constitucional, sino de una simple ley”, dice el profesor de Derecho Minero y exgerente legal de Codelco Cristián Quinzio.

“Codelco tiene otras pertenencias que no se nacionalizaron en 1971 como Radomiro, Gaby y Ministro Hales. Ahí el tema no es constitucional, sino sólo legal”, coincide un reconocido constitucionalista que pidió no ser identificado.

Quinzio se explica en la Ley 19.132 de 1992, que permite las asociaciones para desarrollar pertenencias mineras de Codelco como yacimientos de reposición o de expansión y que da pie al primer gran joint venture que hizo la corporación para explotar la mina El Abra con inversores privados. Esta norma tiene su base tanto en el decreto ley de 1976 como en el artículo 23 transitorio de la Constitución, que establece que “tratándose de concesiones mineras, sólo podrán constituirse derechos de explotación sobre ellas o enajenarse, si corresponden a yacimientos que no se encuentran actualmente en explotación por la empresa nacionalizada (es decir los cuatro originales más los que se definan de reposición o reemplazo), siempre que la constitución de estos derechos de explotación de pertenencias o de enajenación sean previamente autorizados por ley”.

Sin embargo, otros expertos constitucionales, como Francisco Zúñiga, creen que estas tres operaciones están en la misma situación que las divisiones antiguas, por lo que modificar su estatus requeriría de una reforma constitucional.

Y otro constitucionalista que también pidió reserva de su nombre hizo una salvedad que puede superar a la discusión entre abogados y que es la opinión de la Contraloría, la que de todos modos debiera visar una operación de estas características.

Al ser consultado un reconocido experto en derecho administrativo, afirmó taxativo que, en sus resoluciones, la Contraloría siempre ha considerado a Codelco como un todo, sin hacer diferencias entre divisiones, sean estas antiguas o nuevas, por lo que probablemente la decisión de realizar asociaciones o incorporación de capitales privados a nivel de las tres operaciones no nacionalizadas podría generar un diferendo con la contralora. “El estatuto de Codelco está asociado a una única unidad de empresa, porque así está tratado por la ley”, afirma el jurista.

Ahora, ante la diferencia jurídica, existe la posibilidad de que Codelco vaya a la Corte Suprema a dilucidarla. Pero es un camino que se hace más extenso.

Venta de activos, más a la mano

Desprenderse de aquellos activos que no están en el centro de la operación de Codelco es la opción que más ha reiterado su presidente y que resulta más a la mano a la hora de conseguir un buen monto de dinero y en el corto plazo. Esto, pues no requiere pasar por el Congreso y sólo necesita autorizaciones administrativas.

Son cuatro los activos más relevantes a los cuales puede echar mano: el 49% que Codelco tiene en El Abra; el 20% que posee en Anglo American Sur; el 10% que controla en Quebrada Blanca; el 50% más una acción en Novandino Litio. Aunque existe también la opción de revisar la venta de sus líneas de transmisión eléctrica, como lo han hecho otras mineras como Los Pelambres de Amsa o BHP, o algunas pertenencias mineras, que no requieren trámites legales, aunque los recursos que consiga ahí, probablemente sean menores y no resuelvan el millonario problema de caja.

Una fuente de la corporación aseguró que aún no se ha tomado ninguna decisión respecto a cuál activo vender, pero están conscientes de que es la vía más rápida y menos engorrosa de obtener recursos.

En El Abra, Codelco puede decidir la venta de la mitad de su participación, es decir, el 24,5% de las acciones, sin necesidad de cambio a la ley 19.132. “Una ley muy restrictiva”, reclaman al interior de la estatal, pues acota el margen de maniobra para las asociaciones. “Codelco no podrá desprenderse de más de la mitad de tales acciones, derechos, cuotas o participaciones, salvo expresa autorización legal”, dice la norma.

El Abra hoy está enfocado en un proyecto de continuidad que como mínimo requiere US$7.500 millones, para extender su vida útil que hoy sólo llega al 2029. Y Codelco debe aportar, entre capital y deuda, casi la mitad. Una alternativa para esto podría ser vender el 24,5% con un socio que aporte el financiamiento para el proyecto y conservar el porcentaje restante, tomando en cuenta las positivas perspectivas que tiene el yacimiento. Aunque esta fórmula no aportaría dinero en el corto plazo. Para vender el 24,5%, sólo requiere la aprobación de su directorio y los vistos buenos de sus órganos fiscalizadores: Cochilco y Contraloría. Ahora, si quisiera salir de toda su participación, requeriría de un cambio legal.

El 20% en Anglo American Sur, que incluye las minas Los Bronces y El Soldado y la fundición Chagres, es considerado uno de los mejores activos, dada la asociación entre Codelco y Anglo American para explotar en conjunto las minas Andina y Los Bronces. Para enajenarla, requiere las mismas aprobaciones que en el caso anterior y una revisión del pacto de accionistas con Anglo American y Mitsui, su socio en Becrux, el vehículo inversor a través del cual participa aquí.

El 10% en Quebrada Blanca, que Codelco compró a Enami en 2024 en US$ 520 millones, puede ser vendida sin necesidad de ley, pero cuenta con dos elementos relevantes a la hora de vender.

Esa participación, si está en manos estatales, tiene el beneficio de la no dilución, por lo que sin aportar capital, se mantiene inalterada y conserva el derecho de retirar utilidades por ese porcentaje. Pero dado que está pagando su inversión, Quebrada Blanca no distribuirá utilidades hasta cerca de 10 años más. Si se traspasa a privados, la no dilución se extingue.

Y existe otra cláusula que establece que, en caso de venta de ese 10%, la mitad del excedente que genere respecto al precio que Codelco pagó en 2024 irá a Enami, por lo que si se vende, por ejemplo, en US$1.000 millones, US$240 millones irán a Codelco y US$240 millones a Enami.

La venta del 50% más uno que Codelco tiene en su sociedad con SQM llamada Novandino Litio es quizás la que más recursos podría generar. Hoy el valor libro de esa participación es US$2 mil millones y de acuerdo al precio del litio actual, vale varias veces más.

Sin embargo, para enajenarla también debe contar con las autorizaciones de sus reguladores, pero sobre todo con la venia de su socio SQM, pues su pacto de accionistas impider vender acciones antes de 2034. Y después de esa fecha, si lo hace, SQM tendrá derecho preferente de compra y derecho de acompañamiento en la venta. Para vender ahora, Codelco necesitaría renegociar el pacto con su socio.

Además, debe ser autorizado por el consejo de Corfo, que es el arrendador de las pertenencias en el Salar de Atacama de donde se extrae el litio y que es el aporte que hizo Codelco como arrendatario a la sociedad. Y además, el Ejecutivo debería modificar o eliminar por decreto la Estrategia Nacional del Litio establecida por el gobierno del expresidente Gabriel Boric.