El gobierno chileno planea desprenderse de las participaciones accionarias que aún mantiene en las cuatro mayores empresas sanitarias del país, como un primer paso de una estrategia privatizadora que pretende buscar recursos frescos que mejoren la situación fiscal y, al mismo tiempo, disminuir la presencia del Estado en la actividad empresarial.

Actualmente, el Estado chileno, a través de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), posee en torno al 5% de participación accionaria en Aguas Andinas, la empresa de agua potable de la Región Metropolitana; en Esval, la sanitaria que cubre la Región de Valparaíso; en Esbbio, de la Región del Biobío, y en Suralis -exEssal-, en Los Lagos.

Una iniciativa como esta no requeriría pasar por el Congreso y podría ejecutarse con rapidez a través de remates en Bolsa, mecanismo que será explorado en las próximas semanas y meses por el organismo que dirige José Ignacio Mujica, vicepresidente ejecutivo de Corfo.

“Estamos estudiando, concretamente, en una primera etapa, la venta de la participación minoritaria en empresas sanitarias”, admitió el ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, a La Tercera.

“Esto responde a la decisión del gobierno del Presidente Kast de hacer una revisión profunda de los activos del Estado, para efectos de liberar recursos que no están siendo utilizados de la manera más eficiente posible y poder destinarlos a las personas más necesitadas. Los recursos del Estado deben estar al servicio del bien común y no acumularse en activos prescindibles que no contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas”, agregó.

La idea de desprenderse de activos del Estado comenzó a circular allá por mediados de abril, cuando el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dijo ante la Comisión de Hacienda del Senado que preparaba un plan para engrosar los fondos soberanos, para lo cual se analizaría el portafolio total de activos del Estado, como bienes inmuebles, para enajenarlos.

Sin embargo, ninguna autoridad había hablado públicamente de la posibilidad de enajenar las participaciones accionarias que el Estado mantiene en empresas que antes fueron del mismo Estado derechamente de privatizar empresas públicas.

Historia de venta a pedazos

Las empresas sanitarias del país pasaron a ser controladas por inversionistas privados, especialmente extranjeros, en el gobierno del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, a fines de la década de 1990.

Fue la Ley N° 19.549, publicada el 4 de febrero de 1998, la que modificó el régimen jurídico aplicable al sector de los servicios sanitarios y que permitió su apertura a capitales privados.

En 1999, por ejemplo, el Estado chileno transfirió el 51,2% de la propiedad de la antigua Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias (Emos) a la española Aguas de Barcelona y la francesa Suez, con la intención de financiar grandes inversiones como plantas de tratamiento de aguas servidas. Ese mismo año, el Estado se desprendió del 51% de la sanitaria de Los Lagos, Essal, que traspasó a la española Iberdrola.

Pero la primera en ser privatizada fue Esval, en diciembre de 1998, cuando el 40% de sus acciones pasó a manos del consorcio Aguas Puerto, integrado por Enersis y la inglesa Anglian Water.

Y en diciembre del 2000, el grupo inglés Thames Water se hizo del 42% de la propiedad de Essbio.

Sin embargo, tras estas enajenaciones, el Estado conservó participaciones accionarias minoritarias relevantes, que se redujeron al 5% actual en 2011, durante la primera administración del expresidente Sebastián Piñera, que en busca de recursos fiscales para la reconstrucción tras el terremoto decidió venderlas.

El 15 de junio de 2011 se realizó la mayor enajenación, correspondiente al 29,98% de Aguas Andinas, donde el fisco chileno recaudó US$984 millones. En la oportunidad, el 86% de las acciones subastadas en la Bolsa de Comercio fue adquirido por inversionistas institucionales y el 14% restante por otras sociedades. Actualmente, Aguas Andinas es controlada en un 50,1% por un vehículo de inversión llamado Inversiones Aguas Metropolitana (IAM), que también cotiza en bolsa, que a su vez es controlado por el grupo francés Veolia. La capitalización bursátil de la sanitaria de Santiago alcanza hoy a los US$2.240 millones aproximadamente.

Un mes después, el 15 de julio de 2011, el Estado vendió un 43,44% de las acciones que poseía en Essbio y el 29,43 % de sus papeles en Esval. Ambos paquetes accionarios, que fueron adjudicados por su controlador, el fondo de pensiones canadiense Ontario Teachers’ Pension Plan, fueron enajenados en US$564 millones. Hoy Esval vale en bolsa US$550 millones y Essbio, US$243 millones.

El 4 de mayo de 2012, la Corfo remató en bolsa el 40,5% de la propiedad que poseía en Essal en unos US$89 millones, luego de que en diciembre de 2011 se intentara vender, pero la subasta fue fallida por las bajas ofertas que se recibieron. Essal hoy es conocida como Suralis y es controlada por el grupo canadiense Algonquin Power & Utilities Corp. En esta empresa, la Corfo posee el 5,01% y la Tesorería General de la República, el 0,86%. Dado que esta empresa no cotiza en bolsa, no existe una valorización aproximada.

Producto de los tres procesos llevados a cabo en la primera administración Piñera, el fisco recaudó un total aproximado de US$1.637 millones.

Si se consideran las participaciones del Estado actuales y la capitalización bursátil de las empresas que se pondrían a la venta es posible calcular una recaudación del orden de los US$150 millones, sin considerar Essal.

Su estatus actual

El 5% que mantiene el Estado en estas sociedades no le permite elegir directores en las juntas anuales de accionistas donde se renuevan las mesas. En la última renovación de directorio en Aguas Andinas, Corfo presentó como candidato a Jaime Arellano y no reunió el mínimo de 8,6% de votos para ser nominado entre los siete elegidos. Las AFP sí consiguieron tener un representante. En Esval, Essbio y Essal, el Estado no elige directores, por estatutos.

Sin embargo, el paquete accionario que conserva el Estado en Aguas Andinas, categorizado como serie B y de carácter preferencial, le permite decidir acerca de “actos y contratos relacionados con los derechos de aprovechamiento de aguas y concesiones sanitarias” de la compañía. Así, Aguas Andinas no puede enajenar derechos de agua o sus propias concesiones sin la aprobación de Corfo. Esta serie B se extingue en caso de que el Estado decida vender estas acciones, las que pasarían a formar parte de la serie A.

En Esval, la Corfo posee un 5% proveniente de acciones categorizadas como serie B y serie C. La serie B impide la posibilidad de que el controlador enajene, ceda o grave derechos de agua o concesiones sanitarias y la serie C tiene como preferencia la posibilidad de convocar por sí sola a juntas de accionistas, pero no puede participar en la elección de directores. Lo mismo ocurre en Essbio.

En favor de la idea, algunas reparticiones de gobierno que han estudiado la situación jurídica de las empresas sanitarias explicaron que el poder de veto para eventuales ventas de activos, como derechos de agua o concesiones, nunca se ha utilizado. Que el Estado tampoco cuenta con representación en los directorios de esas empresas. Y que la intención de fiscalizar esas empresas desde su estructura de propiedad no tiene mucho sentido si aquella función se cumple con mejores resultados desde la Superintendencia de Servicios Sanitarios (Siss).