La Contraloría General de la República ha sido objeto de duros cuestionamientos por parte de gremios del sector público, a raíz de sus recientes fiscalizaciones al uso de licencias médicas por parte de funcionarios del Estado -determinando que más de 25 mil viajaron al extranjero pese a estar con reposo- como también por los oficios que ha enviado a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y a los municipios, recordando que con motivo de la reciente paralización de los profesores corresponde necesariamente aplicar los descuentos respectivos, por cuanto esa situación irregular no configura causal que justifique la inasistencia.

Los funcionarios municipales han señalado que ven actitudes persecutorias contra empleados públicos, mientras que el Colegio de Profesores acusa que hay una intención de reprimir, por procedimientos administrativos, el derecho a la manifestación y la movilización de trabajadoras, calificando incluso el actuar de la contralora como de “antitrabajadores”. El gremio acepta que los días no trabajados deben ser descontados, pero también hace valer un dictamen de la propia Contraloría, que data de 2009, según el cual en la medida que se produzca una recuperación de las clases no procederá el descuento.

No cabe duda de que la contralora Dorothy Pérez está llevando a cabo procesos de fiscalización sin precedentes, que están dejando al descubierto un sinnúmero de situaciones irregulares, revelando las graves fallas de control que existen en el Estado y el mal uso de recursos públicos. La base de un Estado de Derecho es que todos los funcionarios e instituciones ajusten su actuar a lo que establece la Constitución y la ley, y en caso de que ello no ocurra se exijan las responsabilidades que correspondan. Eso es exactamente lo que está haciendo la Contraloría con sus fiscalizaciones y oficios, velando por que la ley se cumpla y que el principio de rendición de cuentas no quede en el vacío, un aspecto esencial en cualquier democracia constitucional.

La Constitución dispone que no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades, lo que está relacionado con el principio de que los servicios públicos deben satisfacer las necesidades en forma continua y permanente. Es evidente que estos principios con frecuencia no son observados por los gremios públicos, los que se sienten autorizados a paralizar a sabiendas de que podrán hacerlo de manera impune. Inexplicablemente los criterios anteriores de la Contraloría contribuyeron a validar esta forma de actuar sin consecuencias, como por ejemplo al consentir que una paralización no sea objeto de descuentos en la medida que los días de clase posteriormente se recuperen. Esto, además de ir en contra de la letra y espíritu de la ley, pasa por alto que afecta el derecho a la educación de los alumnos, porque se interrumpen o lesionan los procesos educativos. A ello se suma también la lenidad de muchos jefes de servicio, que en todos estos años han evitado ejercer supervisiones mucho más estrictas, rol que no se puede pretender sea suplido por el ente contralor.

Es un acierto que la Contraloría esté comenzando a hacer exigibles principios esenciales, que además de asegurar los derechos que tiene la población frente al Estado entregue de manera transparente la información para que la ciudadanía pueda a su vez escrutar el trabajo del sector público. Las destempladas reacciones de los gremios, en vez de reconocer las falencias y procurar corregirlas, denotan indolencia y una total falta de sintonía con lo que se espera de su actuar.