Según ha hecho ver el nuevo gobierno, existe la intención de que la esposa del Presidente electo, María Pía Adriasola, vuelva a desempeñar el rol de Primera Dama, cargo que se eliminó a fines de 2022 -la última en ocuparlo fue la expareja del actual Mandatario, Irina Karamanos-, cuando por decisión del gobierno se puso término a la institucionalidad que le daba soporte a dicha función, que era la Coordinación Sociocultural de La Moneda, de la cual colgaban una serie de fundaciones que pasaron a depender de los ministerios sectoriales.

De acuerdo a lo que ha trascendido, la intención de las nuevas autoridades no es retrotraer lo que ha hecho este gobierno, de modo que la futura Primera Dama no volverá a tener a su cargo estas fundaciones. La fórmula para volver a instituir el cargo sería a través de un decreto, y el diseño contemplaría dotarlo de algún staff y que disponga de un cierto presupuesto. Además de las funciones protocolares y de representación, también se buscaría que el rol de Primera Dama cumpla un papel de articulación social, como por ejemplo contar con su presencia en situaciones de emergencia -como podrían ser las catástrofes-, de modo que pueda ser un enlace directo con el mandatario.

El regreso de esta figura a La Moneda ha generado cierto grado de debate dentro del propio oficialismo, donde hay partidarios y detractores de que se restituya esta figura. Uno de los cuestionamientos dice relación con la inconveniencia de que cónyuges o parejas del jefe de Estado tengan derecho a ejercer un cargo público por el solo hecho de tener parentesco con la máxima autoridad del país.

Aunque durante décadas las cónyuges de los mandatarios ejercieron como Primera Dama y ello fue valorado como una positiva tradición, en los tiempos actuales hay otros criterios para evaluar la pertinencia de esta figura, donde parece razonable que una persona que no ha sido electa se abstenga de desempeñar funciones propias de una autoridad y que además cuente para ello con un nutrido presupuesto. Hay también otra consideración que valdría la pena tener en cuenta, y es que si bien los mandatarios eligen a ministros y otras autoridades que no han sido electos por la ciudadanía, dichos funcionarios están sujetos a supervisión y pueden ser removidos en la medida que no ejerzan bien sus funciones, un rendición de cuentas que en el caso de la Primera Dama -en razón de su parentesco- aparece como una tarea más compleja.

En cambio, sí parece razonable que la pareja o cónyuge de quien ejerza la Presidencia detente las funciones de representación que el gobierno le asigne, donde no parece ser un problema que además pueda identificarse con determinadas causas sociales que vayan en claro beneficio del país. Tal parece que las orientaciones que el nuevo gobierno pretende darle al rol de Primera Dama se enmarcarían dentro de estas definiciones, por lo que en principio este papel no se advierte como algo problemático.

Parece en todo caso pertinente que si se busca restablecer el cargo de Primera Dama se precise bien de qué forma se ejercerán las funciones protocolares como aquellas de mediación en situaciones sociales, porque de esa forma se podrían ir institucionalizando criterios y así facilitar su ejercicio en futuros gobiernos que quieran mantener esta figura.