El periodo presidencial que se inició esta semana no sólo es inédito porque estará liderado por el Presidente de la República ubicado más a la derecha del espectro político desde el retorno a la democracia, luego de haber recibido la banda del mandatario más de izquierda desde 1990. Sino por otro rasgo único en la historia de Chile. El del miércoles pasado fue el octavo traspaso del mando ininterrumpido desde que Patricio Aylwin le entregó la banda presidencial a Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Nunca antes en la historia de Chile se habían sucedido nueve jefes de Estado elegidos democráticamente en forma continuada. Ni siquiera en el siglo XIX, durante el periodo de los gobiernos conservadores y liberales se alcanzó ese número. Fueron ocho presidentes los que hubo antes de que la guerra civil de 1891 interrumpiera esa relativa estabilidad institucional.

El hecho, que podría ser sólo un dato anecdótico más en los poco más de 200 años de vida independiente de Chile, da cuenta de una realidad más profunda. Una importante señal de la consolidación democrática que ha experimentado el país. A lo largo de su historia, Chile atravesó periodos complejos que pusieron en riesgo o definitivamente conculcaron los valores y garantías democráticas. La inestabilidad, por ejemplo, fue la tónica durante los años 20 y 30 del siglo pasado, cuando hubo 15 presidentes en un lapso de siete años, algunos de los cuales duraron días, evidenciando el caos institucional. Y la continuidad democrática que vino después, durante la cual se sucedieron siete presidentes elegidos por la ciudadanía, y que se extendió por poco más de tres décadas, también volvió a ser interrumpida con el quiebre institucional de 1973.

Por eso, lo sucedido desde 1990 revela una positiva madurez de nuestro sistema democrático que es necesario valorar y proteger. Durante estos años la ciudadanía ha elegido a presidentes de signo político distinto, pasando de los primeros veinte años de gobiernos de la Concertación a un periodo de alternancia entre derecha e izquierda. Y quienes han asumido la presidencia, más allá de las tensiones propias de la actividad política, han sabido reconocer siempre el aporte de sus antecesores. Incluso el ex presidente Gabriel Boric, cuyo gobierno asumió impulsando un proyecto refundacional que la derrota en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022 obligó a moderar, supo reconocer los aportes hechos por su antecesor, de quien fue un férreo crítico. Además, la actitud asumida tras su muerte fue destacada transversalmente como un valioso gesto republicano.

La estabilidad política durante estas casi cuatro décadas en Chile resalta aún más al observar lo sucedido en igual periodo en los demás países de la región. A excepción de Uruguay y Colombia -que pese al largo conflicto armado concluido la década pasada, ha sabido mantener una alternancia democrática ininterrumpida por más de 60 años- las crisis institucionales han sido la tónica. Realidad a la que se suma el hecho de que muchos de los mandatarios de América Latina han debido enfrentar la justicia tras dejar el poder, acusados de irregularidades y corrupción o de abuso de poder. La situación de Perú o lo sucedido en Argentina y Brasil, sin contar con el colapso institucional que experimentó Venezuela son un dramático recordatorio de esa realidad que contrasta con lo sucedido en Chile, donde los expresidentes siguen gozando de respeto.

Sería ingenuo sostener que durante estos años la democracia no ha estado desafiada. Más allá de las tensiones propias de los primeros años de la transición, el país vivió en 2019, en el llamado estallido social, probablemente la mayor amenaza de un quiebre institucional desde el retorno de la democracia. La validación de la violencia como medio de protestas por algunos sectores y los intentos por remover a un presidente elegido democráticamente por la ciudadanía dejaron claro que la estabilidad no estaba asegurada. Pero incluso ante ese reto el sistema logró salir fortalecido, profundizando y no limitando la democracia. Se firmó un acuerdo transversal que dio inicio a un largo proceso constitucional, con dos propuestas fallidas de reforma a la actual carta fundamental, que acabó no sólo validando la actual Constitución sino reforzando el sistema.

Todo ello permite sacar lecciones sobre la importancia de cuidar la institucionalidad democrática que el país en su conjunto ha construido. Un esfuerzo que debe ser permanente. Si bien hoy existe consenso sobre los valores de toda democracia como el respeto a las garantías individuales, la protección de los derechos humanos y la importancia de la libertad de expresión y de prensa -el propio expresidente lo dejó claro antes de dejar La Moneda, al asegurar que la prensa libre es un pilar de toda democracia y debe incomodar al poder- también es cierto, como lo ha demostrado la historia reciente, que existen riesgos. La autocomplacencia o la creencia de que la solidez del sistema se sobrepondrá a cualquier actitud irresponsable o populista de algunas figuras políticas es probablemente la mayor amenaza.