El informe que acaba de emitir la Contraloría General de la República -Consolidado de Información Circularizada No. 22-, en el cual se fiscaliza el gasto que los municipios han destinado al ítem celebraciones en los años 2024 y 2025, versus lo que gastan en asistencia social, ha arrojado conclusiones particularmente reveladoras sobre la forma como las municipalidades están gastando sus recursos y la necesidad de reforzar los mecanismos de transparencia para que la ciudadanía pueda ejercer un mayor control sobre el destino de dichos fondos.

De acuerdo con el reporte del ente contralor -que para estos efectos examinó la ejecución presupuestaria de 345 municipalidades, a partir de órdenes de compra e información de Mercado Público y los registros presupuestarios municipales a través de la plataforma Sicogen-, se pudo establecer que dichas órdenes de compra superaron los $31 mil millones. Entre otros hallazgos, el documento señala que durante 2024 los municipios de Alto Hospicio, Talca, Arica, Camarones, Huara, San Pedro de Atacama y Pozo Almonte registraron una diferencia superior a $90 millones entre el gasto en celebraciones y el destinado a asistencia social, situación que en 2025 se repitió en Alto Hospicio, Pozo Almonte y Arica.

Desde luego, no es reprochable en sí que los municipios destinen parte de su presupuesto a actividades de esparcimiento, porque es una forma de entregar espacios de recreación a las familias, pero es fundamental asegurar que los recursos se destinen siguiendo criterios de prioridad, lo que no parece cumplirse cuando en varios casos un ítem de este tipo adquiere mayor preponderancia que cuestiones de orden social, algo que resulta todavía más complejo cuando estos parámetros se exceden en zonas donde existen condiciones socioeconómicas precarias.

La Contraloría ha recordado que los gastos municipales deben estar directamente relacionados con el cumplimiento de las funciones propias del municipio y orientadas al beneficio de la comunidad local, respetando los principios de eficiencia. En ese orden de cosas, los municipios, a diferencia de los gobiernos regionales, cuentan con amplios márgenes para elaborar sus propios presupuestos, pero ese margen de autonomía no puede prestarse para decisiones discrecionales o que terminen dañando el bienestar de la comunidad, de modo que los antecedentes que se han conocido abren una oportunidad para revisar los criterios con que alcaldes y concejos municipales deciden los gastos para este tipo de celebraciones.

Pero junto con ello, también es relevante que se avance en reformas al Estado, donde una de ellas claramente debe ir en la dirección de entregar más herramientas para profundizar la fiscalización en el uso de los recursos así como reforzar el cumplimiento de los criterios de transparencia establecidos por ley. El sector de los municipios es uno de los que permanentemente aparece al debe en este ámbito, tal como lo ejemplifica un reciente informe del Consejo para la Transparencia, en el que se entregan los resultados de una fiscalización a una serie de municipios en el uso de recursos destinados a la compra y arriendo de terrenos, casas y edificios en 2024, donde ante una solicitud de información varios incumplieron en diversos ámbitos, lo que es un llamado de atención.