A partir de mañana restarán siete semanas antes del receso legislativo de febrero, constituyendo un período donde debería ser posible retomar reformas pendientes, con la ventaja de que ya no estará encima la presión que genera la campaña electoral. Y aunque hay varios proyectos relevantes esperando su aprobación -uno de ellos es sala cuna-, convendría que tanto el Ejecutivo como el Congreso no desaprovechen la ventana que ahora se abre para sacar adelante una reforma al sistema político, promesa que lleva largos años esperando su momento y que de prosperar sería un paso muy relevante para la salud de nuestra democracia.

Desde luego, la disposición que han mostrado el gobierno así como varios partidos políticos para avanzar en reformas de este tipo son sin duda señales positivas y que hay que aprovechar, si bien todavía hay desacuerdos en algunos de sus contenidos. Adicionalmente, el hecho de que existan dos proyectos presentados en el Congreso ayuda a aterrizar la discusión y no comenzar desde cero.

Ciertamente fue decepcionante que, pese a que el propio gobierno, numerosos parlamentarios y dirigentes políticos coincidieran sobre la importancia de reformar nuestro sistema político, aun así hayan puesto todo tipo de trabas para dilatar estas reformas, lo que impidió que sus resultados ya se comenzaran a materializar a partir de estas elecciones. Ahora que se abre una nueva ventana -siete semanas es un plazo más que razonable-, es la oportunidad para llevarlas a cabo; si en definitiva no se logra acuerdo y estas reformas quedan para la siguiente legislatura, hay un claro riesgo de que se pierda el impulso y nuevamente terminen diluyéndose, llevando a que sus eventuales efectos recién se vean a partir de 2034, condenando al país a seguir padeciendo por varios años más los efectos de un sistema político defectuoso.

Existe un diagnóstico ampliamente compartido de que no resulta razonable que actualmente existan veinte partidos con representación en la Cámara de Diputados, además de una cantidad cercana a los 40 diputados que fungen como independientes, lo cual se traduce en una enorme atomización que hace más complejo alcanzar acuerdos políticos, entregando excesivo poder a fuerzas con escasa representación. Sin duda es necesario racionalizar el número de partidos, apuntando a que las colectividades no sean meras “pymes electorales”, sino que representen grandes corrientes de pensamiento en la sociedad. También es necesario desincentivar las prácticas del llamado discolaje, como una forma de fortalecer el rol de los partidos en nuestra democracia.

Aunque durante mucho tiempo el gobierno estuvo renuente a tomar la iniciativa para empezar a reformar el sistema político, recientemente el Ejecutivo ha decidido pasar a la ofensiva -con acciones directas del ministro del Interior-, para lo cual presentó ante el Senado un proyecto de ley que, entre otros aspectos, apunta a endurecer los requisitos para constituir partidos políticos así como para postular como independiente a la Presidencia de la República. Aunque la idea era acelerar su tramitación después de las elecciones, el Ejecutivo dispuso su discusión inmediata, de modo que ya fue despachado por la Comisión de Gobierno, y se espera que sea visto en sala la próxima semana. Es valioso que el Partido Socialista, el Partido Republicano, Renovación Nacional y la UDI, pero también el PC, hayan comprometido su esfuerzo para tramitar esta iniciativa, lo que augura que podría llegar a puerto.

En paralelo, en la Cámara de Diputados se debate una reforma constitucional ya aprobada en el Senado -emanada de un grupo transversal de senadores- que, entre otros aspectos, establece que para que los partidos puedan acceder a representación parlamentaria deben obtener a lo menos el 5% de los votos a nivel nacional en la elección de diputados, en tanto que también se contempla la pérdida del escaño para aquellos parlamentarios que renuncien al partido por el cual fueron electos. Lamentablemente la disposición que se ha observado en la Cámara para avanzar en esta reforma ha sido errática, especialmente por parte de parlamentarios que son representantes de partidos más pequeños, alegando que al establecer un umbral como el propuesto se altera la voluntad popular, porque eventualmente parlamentarios con alta votación podrían quedar fuera simplemente porque sus partidos no alcanzaron el umbral.

Se trata de un argumento que pasa por alto el hecho de que todos los sistemas electorales -excepto el uninominal- contemplan diseños donde no necesariamente quienes obtienen altas mayoría son electos, sin que por ello se pueda alegar que son antidemocráticos; tampoco considera el hecho de que con normas más estrictas sobre la supervivencia de los partidos los parlamentarios serían mucho más cuidadosos al elegir las tiendas por las que podrían competir, lo que a la larga favorece una depuración natural de la cantidad de colectividades políticas.

Es cierto que una reforma integral al sistema político no se agota solo en los aspectos antes señalados -pendiente sigue, por ejemplo, un debate sobre nuestro actual sistema electoral, que favorece la presencia de fuerzas poco representativas-, pero constituiría un avance importante comenzar desde ya con estos primeros e importantes pasos. Ello no solo sería una muestra de compromiso de la clase política con el país, sino también un legado concreto que podría dejar la administración del Presidente Boric.