Desde que el llamado caso Audio estalló hace exactos dos años, el Poder Judicial se ha visto especialmente sacudido a raíz de una serie de situaciones irregulares que han involucrado a diversos magistrados, producto de sus vínculos indebidos con el abogado Luis Hermosilla. A raíz de ello la Corte Suprema removió de sus funciones a la exministra del máximo tribunal Ángela Vivanco -la que a su vez fue objeto de una acusación constitucional, en la que fue declarada culpable- como también a la exministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj. Por el mismo caso Hermosilla la Corte Suprema abrió un cuaderno de remoción en contra de otro integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, quien inexplicablemente logró zafar producto de no haberse alcanzado el quorum suficiente para removerlo, lo que motivó una rápida acusación constitucional que sí logró su destitución al acreditar el notable abandono de deberes. Otro supremo, Jean Pierre Matus, también debió enfrentar una acusación constitucional, la que finalmente no prosperó en la Cámara de Diputados.

Por estos días ha surgido la “trama bielorrusa”, donde la Fiscalía acusa a la exministra Vivanco de haber recibido sobornos para favorecer a un consorcio de origen bielorruso en el marco de un litigio que dicha organización mantenía con Codelco. Por este caso hay abogados detenidos, y además se acusa a un conservador de haber facilitado el blanqueo de estos pagos a Vivanco y su círculo cercano. Como si no fuese suficiente, a raíz de este caso también se ha visto comprometida la integridad de otro ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, luego de que una investigación periodística del medio Reportea revelara que compartió un crucero junto a uno de los abogados del consorcio bielorruso. Frente a ello el Colegio de Abogados ha solicitado que se abra un cuaderno de remoción, producto del evidente conflicto ético en que habría incurrido Simpertigue, en tanto que el pleno de la Corte resolvió por ahora la apertura de un sumario.

A su vez, la forma como la Fiscalía ha llevado el caso ha sido objeto de duros cuestionamientos por parte del tribunal de garantía -reprochando, entre otros aspectos, que no se ha observado el principio de objetividad-, de modo que si bien aún resta por saber si el caso flotará penalmente, es un hecho que este nuevo episodio solo ha empeorado la imagen del Poder Judicial.

Podrían mencionarse más casos que han complicado a la judicatura, y ante ello la gran interrogante que se ha abierto es si frente a tal cúmulo de situaciones irregulares el Poder Judicial tendrá la capacidad de poder limpiarse internamente y restaurar su imagen frente a la ciudadanía. La pregunta cobra especial importancia porque en la medida que el sistema de justicia se corrompe y comienza a carecer de la necesaria imparcialidad es la sociedad en su conjunto la que sufre las consecuencias, atentando en contra de la igualdad ante la ley y privando a las personas de su derecho a un debido proceso.

Ciertamente hay una serie de aspectos que no están funcionando bien dentro del sistema judicial -las excesivas facultades que se arrogan algunos fiscales, o los constantes cuestionamientos a las designaciones de notarios y conservadores son algunos de ellos-, pero cuando ya se han destituido a tres jueces del escalafón superior por faltas a la probidad en el caso Hermosilla -y que además se esté dando el inédito caso de una exministra de la Suprema investigada por eventual cohecho-, sin que quepa descartar que se destapen nuevos casos, es claro que resulta urgente abordar las causas de fondo que han favorecido el surgimiento de estas graves irregularidades en la magistratura y cómo asegurar una correcta aplicación de sanciones cuando se incurre en mal comportamiento.

Esta crisis ha vuelto a recordar que sin un cambio sustancial en el sistema de nominación de los jueces, particularmente en el caso de aquellos del máximo tribunal, es difícil pensar que el problema se pueda revertir, porque el actual mecanismo genera incentivos para el surgimiento de vínculos indebidos en el proceso de búsqueda de apoyos. Esto porque los interesados deben integrar una quina elegida por la Corte Suprema, de la cual el Presidente de la República escoge un nombre, que a su vez debe ser ratificado por los dos tercios del Senado. Se genera así una cadena de favores con el mundo político que, tal como se ha visto en el caso Hermosilla, puede terminar generando vínculos muy indebidos o pago de favores por lealtades mal entendidas.

El proyecto de reforma constitucional que ha propuesto el gobierno en que modifica el gobierno judicial y crea un consejo de nombramientos judiciales -ya aprobado en primer trámite en la Cámara de Diputados- lamentablemente no se hace cargo del problema de fondo, pues en el caso de los ministros de la Corte Suprema la designación final seguirá quedando en manos del Presidente y el Senado, y por tanto continuará presente el riesgo de la captura política, revelando que el Ejecutivo y los parlamentarios aún se resisten a desprenderse de su poder de influencia.

Por su parte, si bien las recientes acciones correctivas de la Corte Suprema para remover jueces han sido un paso positivo, en la medida que parte de sus propios integrantes están bajo cuestionamiento, y que han quedado a la vista criterios dispares para efectos de sancionar un mal comportamiento de sus propios pares -además de contar con reglas disciplinarias poco claras-, demuestran que los mecanismos de control interno están mostrando sus limitaciones, reforzando la noción de que velar por el buen comportamiento de los jueces debe ser una tarea que debería ser llevada a cabo un organismo que no tenga una dependencia directa con los propios magistrados.

Es posible advertir que el sistema judicial enfrenta una serie de problemas a nivel sistémico, producto de malos diseños o regulaciones laxas. En ese orden de cosas, es fundamental avanzar en que los procesos de designación de los altos magistrados, así como las investigaciones por mal comportamiento cuenten con estándares mucho más exigentes en materia de transparencia, lo que también comprende las designaciones de órganos auxiliares como notarios y conservadores, donde tradicionalmente ha prevalecido la opacidad y el amiguismo. La reciente vacante que se ha producido en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago será en ese sentido una prueba de fuego para constatar si la nueva ley que rige a este sector facilitará una designación más transparente y basada en el mérito, o si -como sospechan algunos- seguirán las prácticas opacas de siempre.

Acertadamente el presidente del Colegio de Abogados ha hecho ver que hay un ecosistema jurídico por el cual es necesario velar, donde un elemento dice relación con las formas de nominación de jueces, notarios y conservadores, pero otro muy relevante es la formación ética de los futuros abogados, donde a su juicio muchas universidades presentan falencias, pavimentando el camino para que surjan posteriormente conflictos de interés o irregularidades.