El grave ataque a disparos del que fueron objeto un par de trabajadores de una compañía forestal en la comuna de Victoria (Región de La Araucanía) el fin de semana pasado, donde uno de ellos resultó fallecido en el lugar y el otro con graves heridas, ha reactivado el temor de que se trate de un nuevo acto de carácter terrorista en la zona. Ciertamente la sola circunstancia de que una persona haya resultado asesinada ya resulta en sí un hecho trágico, pero sus implicancias naturalmente que se amplifican en la medida que forme parte de hechos planificados -y ejecutados con sangre fría- a fin de infundir temor en la población. La Fiscalía por ahora maneja la tesis de que fue una emboscada, en tanto que el ministro de Seguridad ha preferido por ahora no calificar el hecho como un acto terrorista, a la espera de contar con más antecedentes.

La forma como se desarrollaron los hechos -una acción ejecutada por encapuchados, uso de armamento- y el hecho de que las víctimas hayan sido trabajadores de una forestal -en este caso vigilantes- concuerda con el modus operandi de peligrosos grupos que operan en la zona bajo el pretexto de reivindicaciones indigenistas, pero en definitiva será la investigación la que permita precisar la naturaleza de los hechos.

Los hechos de violencia en la llamada Macrozona Sur han venido disminuyendo en el último tiempo producto de una serie de medidas adoptadas por la autoridad. Por de pronto, el estado de excepción constitucional lleva más de tres años aplicándose de manera ininterrumpida en La Araucanía y dos provincias del Biobío, y conforme ha indicado un reciente estudio del Observatorio sobre Crimen Organizado y Terrorismo de la UNAB, los hechos de violencia durante la vigencia de esta medida excepcional se han reducido en más de 33% en La Araucanía, mientras que en Los Ríos y Biobío la caída ha sido superior al 40%. El gobierno, por su parte, con ocasión de que el Congreso acaba de aprobar la prórroga número 60 del estado de excepción, indicó que hasta el 10 de agosto se observa una reducción del 39% en materia de eventos de violencia rural respecto de igual período de 2024.

Pero es un hecho que la amenaza de los grupos radicalizados no ha desaparecido. Ataques intermitentes a camiones o faenas forestales recuerdan que estos grupos no han sido desarticulados del todo, y basta recordar el atentado en el mes de abril a las faenas donde se construye la central Rucalhue (Región del Biobío), donde más de 50 camiones resultaron destruidos, lo que motivó un fuerte reclamo de la embajada china, considerando que detrás de esta obra hay capitales del país asiático. La querella que presentó el gobierno por estos hechos apunta a la WAM. Los hechos que ahora enlutan a la comuna de Victoria fueron antecedidos por otro ataque incendiario que afectó a una forestal de La Araucanía, donde varias máquinas resultaron quemadas.

El historial de víctimas fatales en la Macrozona Sur producto de la violencia de grupos radicalizados es extenso; si finalmente se prueba que esta nueva víctima es fruto del accionar de dichas agrupaciones -sería el primer caso fatal desde el alevoso ataque que dejó a tres carabineros muertos, en abril de 2024, en el Biobío-, podría estar anticipando que hay peligrosas células terroristas que se están reactivando, lo que exige una respuesta enérgica de parte del Estado.