La nueva ordenanza dictada por la Municipalidad de Valparaíso que busca regular el comercio en bienes nacionales de uso público así como en aquellos bienes municipales, ha sido más controversial de lo esperado. Por de pronto, una serie de comerciantes que han sido desalojados de ciertos lugares emblemáticos de la ciudad-puerto alegan que han sido engañados por la alcaldesa, llevando a cabo protestas con carteles o barricadas para visibilizar su molestia. A su vez, representantes del comercio establecido han hecho ver que la nueva regulación puede generar efectos adversos, pues existe un alto riesgo de competencia desleal.

Por ley las municipalidades deberán establecer en sus respectivas ordenanzas los lugares donde se podrá ejercer el comercio ambulante, algo que en la práctica ha probado ser una de las materias más complejas a las que se puede enfrentar la autoridad comunal. Cabe no perder de vista que dicha actividad es ejercida por decenas de miles de personas a lo largo del país, para muchas de las cuales es su única o principal forma de sustento, y junto con los comerciantes que obtienen sus permisos para operar en la vía pública, también están aquellos que lo hacen de forma totalmente ilegal. Algunos estudios indican que alrededor del 70% de los comerciantes que se instalan en los espacios públicos no ha obtenido su permiso ante la municipalidad respectiva.

La ordenanza de Valparaíso -aprobada por amplia mayoría en el concejo municipal- resultará particularmente paradigmática, dado el tamaño de la comuna y lo extendido del comercio ambulante en dicha zona. La alcaldesa ha señalado que se trata de “una herramienta concreta para ordenar y regular el comercio ambulante de Valparaíso y recuperar el espacio público”, ya que tiene “reglas claras que permiten distinguir entre el comercio honesto y las prácticas abusivas o delictuales”. Pero un examen más pormenorizado de las normas permite advertir que no se trata de una ordenanza restrictiva -tal como lo parece sugerir en su artículo primero, donde indica que se prohíbe el comercio en los espacios de uso público de la comuna, salvo en los casos que la normativa autoriza-, sino que en la práctica abre una puerta ancha para el desarrollo de esta actividad. Ello porque si bien el permiso está orientado a personas que pertenezcan a los más vulnerables dentro del registro social de hogares -donde de acuerdo con lo indicado por el municipio habrá prioridad para personas mayores, cuidadoras, jefas de hogar y desempleados-, bajo dichos criterios se abarca potencialmente un universo muy amplio de personas, y también podría prestarse para la discrecionalidad en el otorgamiento de permisos, creando un clientelismo.

Además de establecer zonas donde no será posible desarrollar este tipo de comercio en el Plan de Valparaíso, la comuna se dividirá en seis sectores, y si bien ello no implica que en todos necesariamente habrá autorizaciones, está sugiriendo que en toda la comuna potencialmente será posible desarrollar esta actividad, abriendo además dudas acerca de la capacidad para fiscalizar todo ello.

En la Municipalidad de Santiago ya hubo una negativa experiencia con la alcaldesa anterior, que buscó otorgar mil permisos a comerciantes ambulantes, generando con ello amplios cuestionamientos por su discrecionalidad. Es clave entonces que las regulaciones de este tipo no se desnaturalicen y busquen reforzar sobre todo el comercio formal, de modo que lo ambulante sea lo excepcional.